Luz María Gallardo Castro
Más de la mitad de los homicidios que ocurren en el mundo se realizan con un arma de fuego. En una gran cantidad de mercados, las armas pueden adquirirse con cierta facilidad, tanto de manera legal como ilegal. Las primeras, las cuales se posicionan dentro del marco de la ley, representan la mayoría de las transacciones abasteciendo a grandes productores mundiales.
Si bien el tráfico de armas afecta a todas las partes del mundo, impactando de manera multidimensional a la sociedad, América Latina constituye la región más violenta a escala global, con el mayor número de muertes violentas en años recientes (y en aumento), de las cuales, la mayor parte se cometió con armas de fuego. Es bien sabido, que estos objetos con plomo y la violencia están estrechamente ligados, pues el arma representa un facilitador para cometer delitos en lo referente a los principales problemas de la sociedad: seguridad humana, delincuencia organizada, conflictos armados y terrorismo.
Aunque la mayor parte de las armas de fuego se han producido para mercados lícitos por fabricantes –autorizados-, lo cierto es que, a lo largo de su ciclo de vida, estos objetos pueden desviarse a mercados ilegales, y es ahí donde se exacerban algunas de las dificultades ya existentes en la región latinoamericana.
Además de estar armada, esta sociedad enfrenta problemas serios de pobreza multidimensional e inequidad, los cuales representan formas de violencia estructural. Esto complica aún más las posibilidades de que un Gobierno pueda ejercer autoridad y un mejor apego del Estado de Derecho y disminuye la efectividad del sistema de justicia, así como su confiabilidad. Asimismo, lo anterior se nutre por otras manifestaciones de violencia, como la directa, manifestada en homicidios, donde las armas están estrechamente correlacionadas.
De acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) un elevado número de armas legales termina en el mercado ilegal a través de diferentes vías, esto también favorecido por la extensa vida útil de estos instrumentos (en promedio, incluso hasta doce años). Por tanto, estos objetos pueden circular en los mercados durante mucho tiempo, siendo reutilizados -y revendidos- en múltiples ocasiones.
Una gran cantidad de armas termina en la ilegalidad por muchas causas; de manera más específica se pueden mencionar el desvío, el robo de puntos de producción y de las reservas estatales, las capturas en zonas de conflicto, el reciclaje de excedentes de armas, fraude por propietarios privados, pérdida/descuido de ciudadanos particulares o comerciantes legales, la destrucción simulada de armas, la reactivación ilícita (y corrupta) de armas desactivadas, la conversión de armas de fuego de semiautomáticas a las de tipo automático, y la ya mencionada reventa. Visto que la durabilidad de las armas es prolongada, los elementos de monitoreo de armas se nublan y entorpecen, adquiriendo un reto mayor, al ya de por sí complejo diseño de las medidas de control.
Control de armas ilícitas… y lícitas
Como se ha mencionado, la mayor parte de las armas tienen un origen legal y muchas de las políticas de la región latinoamericana se inclinan hacia el impedimento de permuta con las armas ilegales, aún con resultados distantes de una propuesta realmente efectiva. Los países de América Latina tienen una gran encomienda de control y seguimiento para disminuir la dispersión de las armas de fuego legales e ilegales; sin embargo, hasta el día de hoy estas acciones continúan siendo débiles, debido a recursos económicos, corrupción o falta de coordinación interinstitucional efectiva.
Es imprescindible la cooperación entre los diferentes niveles de Gobierno y los demás países, así como un diálogo eficaz de entendimiento que dé lugar a propuestas más concretas que concluyan en el ejercicio de nuevos marcos jurídicos donde cada país reconozca y asuma su responsabilidad.
Dicho lo anterior, Estados Unidos juega un papel clave. Como mayor fabricante de armas en el mundo, resulta de vital importancia que de igual forma exista una congruencia entre ello y las acciones para la lucha de prevención de delitos ocasionados por armas ilegales fabricadas dentro de su territorio. Sin embargo, hasta ahora esa postura está lejos del liderazgo que se requiere para la región, y se encuentra aún frágil en entendimiento y cooperación, factores necesarios para mejorar los exacerbados índices de violencia en la comunidad latinoamericana.
México demanda a empresas fabricantes de armas de EEUU
En un hecho sin precedentes, México interpuso una demanda el 4 de agosto de 2021 contra diez (ocho, actualmente) empresas fabricantes de armas estadounidenses, bajo los motivos de prácticas empresariales negligentes. Nunca antes un Gobierno extranjero había demandado a estas compañías.
La teoría de esta demanda es que el Gobierno de México sufre daños directos e indirectos a causa de armas de fuego traficadas desde los Estados Unidos, esto facilitado por la negligencia de las empresas bajo demanda. Dichas empresas, representan más del 60% del total de armas incautadas en cifras históricas en México. Las empresas son Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Sturm, Ruger & Co., así como Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
La demanda se presentó en una Corte Federal en Boston, Massachusetts, debido a que este Estado ha sido un importante centro de producción de armas de fuego, que si bien, las ventas son mayores en Estados como Texas o Arizona, las oficinas centrales se encuentran en Massachusetts. Además, históricamente, dicha Corte guarda mayor objetividad en temas como derecho comparado y derecho internacional en relación a otras, por ejemplo, la del Estado de Texas, que es bastante conservador. Lo anterior forma parte de los puntos considerados a fin de aumentar la posibilidad de éxito en esta acción legal.
¿Qué es lo que busca obtener el Gobierno de México con este litigio? En primera instancia, se trata de una demanda civil por daños, es decir, no se solicita que se encarcele a nadie por el tráfico de armas que ha surgido -en buena raíz de acuerdo a la demanda- de un posible acto de negligencia. Lo que piden las autoridades mexicanas es que las empresas reparen el daño (por medio de una compensación económica) por las muertes y violencia que las armas que en Estados Unidos se han producido, además de un cambio en sus prácticas comerciales.
¿Cuáles son estas negligencias en prácticas comerciales? De acuerdo a funcionarios mexicanos, se encuentra el hecho de que las compañías vendan a “cualquier persona” sin un control más estricto y bajo ningún tipo de seguimiento. Además, estas empresas no monitorean sus líneas de distribución y carecen de estrategias de detección de “prestanombres”. Del mismo modo, tampoco hay una regulación estricta respecto a la cantidad de armas compradas en una sola transacción, o sobre la frecuencia de que estas compras (por una misma persona) son llevadas a cabo, es decir, las llamadas –ventas repetidas-.
Lo anterior forma tan sólo una parte de una serie de anomalías que concluyen con el incremento de los índices de violencia, cuya omisión de acciones pertinentes, está promoviendo la cantidad de delitos que se cometen en México, y, posteriormente, trasladados a Estados Unidos a través del crimen organizado. Entonces, la Cancillería Mexicana defiende la postura de que claramente hay una responsabilidad compartida, al salir las armas (bajo prácticas empresariales laxas) desde EEUU y a su vez, empoderando de esta manera a la delincuencia en México.
De esta manera, se está facilitando la producción de droga que, a su vez, terminará en ciudades estadounidenses, generando más daños aún, como se ha mencionado. Asimismo, así como las armas generan violencia, la violencia impulsa el desplazamiento y con ello, crecen los flujos migratorios irregulares. Es una serie de consecuencias, que, de acuerdo a la postura de los funcionarios mexicanos, el hecho de contar con mejores prácticas empresariales, puede contribuir positivamente a la lucha del tráfico de armas y sus consecuencias violentas.
A un año de la demanda, esta iniciativa ha sido apoyada por 14 procuradores estatales y 26 fiscales de Distrito estadounidenses, quienes han respaldado los argumentos de los funcionarios mexicanos, lo cual añade un poco de esperanza al resultado esperado por dicha Cancillería.
¿Y usted qué opina? ¿En qué cree que culminará este litigio?
Políticas y estrategias de la comunidad internacional
Desde el año 2015 hasta nuestros días, los esfuerzos por parte de los Estados para desarrollar estrategias y políticas públicas basadas en datos -empíricos- sobre armas incautadas y traficadas, han aumentado considerablemente; no obstante, aún se encuentran distantes de resultados más efectivos y tangibles. Como se ha mencionado, sin la cooperación entre los diferentes niveles de Gobierno e instituciones, así como el intercambio entre países, resultará muy difícil obtener resultados a corto o mediano plazo.
Es imprescindible la recopilación de datos más precisos sobre armas de fuego. Si bien han aumentado los productos analíticos y de investigación, es necesaria también la participación activa del sector privado, el involucramiento (y responsabilidad) de las empresas fabricantes, al igual que mayor información sobre las redes de distribución y un mayor cotejo de clientes, para así salvaguardar la integridad de las personas y hacer frente a los altos e incontenibles niveles de violencia, los cuales han estado en constante aumento en varias regiones del mundo, particularmente, la Latinoamérica.
Twitter: @LMariaGallardo
