/ viernes 24 de mayo de 2024

¿Son los usos y costumbres una licencia para transgredir los derechos humanos?

En el corazón de México palpita una diversidad cultural profunda, un legado de los pueblos originarios cuya presencia precede la formación del Estado moderno. Enraizados en las geografías más ancestrales del país, conservan lenguas y tradiciones; y también sistemas normativos que han resistido la erosión del tiempo y la presión de la globalización. No obstante, en esta era de derechos universalmente proclamados, surge una interrogante imperiosa: ¿cómo conciliamos el respeto por los usos y costumbres con el imperativo de los Derechos Humanos como creación occidental.?

Recientemente, un acto de sacrificio animal dentro del Senado ha encendido un debate nacional que ilustra esta tensión. La ceremonia, realizada por indígenas bajo la invitación del senador Adolfo Gómez Hernández y defendida como un rito ancestral en honor a Tláloc, ha sido simultáneamente defendida como derecho cultural y denunciada como una violación ética. Este incidente destapa la complejidad de integrar prácticas tradicionales en un marco legal contemporáneo que también busca proteger el bienestar animal.

Este conflicto no es aislado ni menor. Las peleas de gallos y la tauromaquia, actividades profundamente arraigadas en ciertas regiones de México, son frecuentemente objeto de controversia. Aunque algunos argumentan que estas prácticas forman parte del patrimonio cultural inmaterial, su brutalidad intrínseca las coloca en el punto de mira de activistas y defensores de los derechos animales. La disputa se centra en una pregunta fundamental: ¿puede la cultura ser una excusa para perpetuar el dolor?

La respuesta jurídica y ética a este dilema es crucial. El artículo 2° de la Constitución Mexicana no sólo reconoce la pluriculturalidad del país, sino que garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas, permitiéndoles autogobernarse y preservar sus costumbres. Sin embargo, este mismo artículo insiste en que tales prácticas deben ser congruentes con los principios constitucionales y los Derechos Humanos. Esto plantea un desafío de interpretación: ¿cómo equilibrar la autonomía cultural con el respeto a la vida y la integridad, tanto humana cuanto animal?

Los tribunales y los legisladores se enfrentan a la ardua tarea de definir los límites de esta autonomía. La jurisprudencia ha comenzado a trazar una línea, a menudo difícil, entre la protección de las prácticas culturales y la salvaguarda de derechos inviolables. Por ejemplo, recientes fallos han comenzado a cuestionar la constitucionalidad de las peleas de gallos y las fiestas taurinas, proponiendo que tales tradiciones no se justificarían bajo el manto de la cultura si infringen principios de bienestar universal.

Este debate trasciende el ámbito legal y nos insta a reflexionar sobre nuestra propia ética como sociedad. ¿Estamos dispuestos a reconsiderar tradiciones antiguas a la luz de valores contemporáneos?, ¿podemos encontrar un terreno común donde la cultura y la ética no sólo coexistan, sino que se enriquezcan mutuamente?

En última instancia, la resolución de estas tensiones no residirá exclusivamente en las cámaras legislativas o en los tribunales; sino en un diálogo nacional que debe ser inclusivo, informado y profundamente respetuoso de la diversidad cultural del país. A medida que México avanza, la tarea no será eliminar las tradiciones, sino transformarlas, asegurando que las prácticas de nuestros ancestros puedan adaptarse y florecer en un contexto que también honre nuestro compromiso con los Derechos Humanos y la dignidad de todas las formas de vida.

Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

En el corazón de México palpita una diversidad cultural profunda, un legado de los pueblos originarios cuya presencia precede la formación del Estado moderno. Enraizados en las geografías más ancestrales del país, conservan lenguas y tradiciones; y también sistemas normativos que han resistido la erosión del tiempo y la presión de la globalización. No obstante, en esta era de derechos universalmente proclamados, surge una interrogante imperiosa: ¿cómo conciliamos el respeto por los usos y costumbres con el imperativo de los Derechos Humanos como creación occidental.?

Recientemente, un acto de sacrificio animal dentro del Senado ha encendido un debate nacional que ilustra esta tensión. La ceremonia, realizada por indígenas bajo la invitación del senador Adolfo Gómez Hernández y defendida como un rito ancestral en honor a Tláloc, ha sido simultáneamente defendida como derecho cultural y denunciada como una violación ética. Este incidente destapa la complejidad de integrar prácticas tradicionales en un marco legal contemporáneo que también busca proteger el bienestar animal.

Este conflicto no es aislado ni menor. Las peleas de gallos y la tauromaquia, actividades profundamente arraigadas en ciertas regiones de México, son frecuentemente objeto de controversia. Aunque algunos argumentan que estas prácticas forman parte del patrimonio cultural inmaterial, su brutalidad intrínseca las coloca en el punto de mira de activistas y defensores de los derechos animales. La disputa se centra en una pregunta fundamental: ¿puede la cultura ser una excusa para perpetuar el dolor?

La respuesta jurídica y ética a este dilema es crucial. El artículo 2° de la Constitución Mexicana no sólo reconoce la pluriculturalidad del país, sino que garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas, permitiéndoles autogobernarse y preservar sus costumbres. Sin embargo, este mismo artículo insiste en que tales prácticas deben ser congruentes con los principios constitucionales y los Derechos Humanos. Esto plantea un desafío de interpretación: ¿cómo equilibrar la autonomía cultural con el respeto a la vida y la integridad, tanto humana cuanto animal?

Los tribunales y los legisladores se enfrentan a la ardua tarea de definir los límites de esta autonomía. La jurisprudencia ha comenzado a trazar una línea, a menudo difícil, entre la protección de las prácticas culturales y la salvaguarda de derechos inviolables. Por ejemplo, recientes fallos han comenzado a cuestionar la constitucionalidad de las peleas de gallos y las fiestas taurinas, proponiendo que tales tradiciones no se justificarían bajo el manto de la cultura si infringen principios de bienestar universal.

Este debate trasciende el ámbito legal y nos insta a reflexionar sobre nuestra propia ética como sociedad. ¿Estamos dispuestos a reconsiderar tradiciones antiguas a la luz de valores contemporáneos?, ¿podemos encontrar un terreno común donde la cultura y la ética no sólo coexistan, sino que se enriquezcan mutuamente?

En última instancia, la resolución de estas tensiones no residirá exclusivamente en las cámaras legislativas o en los tribunales; sino en un diálogo nacional que debe ser inclusivo, informado y profundamente respetuoso de la diversidad cultural del país. A medida que México avanza, la tarea no será eliminar las tradiciones, sino transformarlas, asegurando que las prácticas de nuestros ancestros puedan adaptarse y florecer en un contexto que también honre nuestro compromiso con los Derechos Humanos y la dignidad de todas las formas de vida.

Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México