/ viernes 14 de junio de 2024

XXII años de transparentar a México

El pasado 11 de junio, se cumplieron más de dos décadas de la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en México, para ser exacto 22 años, por ello; dedico estas líneas para honrar la gestión y trabajo de varios académicos y periodistas que promovieron la creación de dicha ley.

Era la noche del 2 de julio del año 2000, ganaba las elecciones presidenciales Vicente Fox Quezada por el Partido Acción Nacional, México levantaba la voz en la búsqueda de un cambio. Era el momento pertinente para comenzar los trabajos de un grupo de académicos y periodistas interesados en transparentar los gastos de la función pública, pues hasta ese entonces, el artículo 6 constitucional, establecía que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Sin duda, las últimas diez palabras del párrafo anterior, dejaba ver la responsabilidad del Estado muy limitado, pues no existía una Ley ni un Instituto, que reglamentará la aplicación de dicha normativa. Ante ello, se desprendieron trabajos colegiados, reuniones y demás gestiones, con lo que se logró presentar ante la Cámara de Diputados Federales, la propuesta de Ley en la materia.

Permitiendo su aprobación el 11 de junio de 2002, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y con ello, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que posterior se transformaría en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La cual, tiene como objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Entre sus objetivos de la presente Ley, está:

  • Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
  • Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
  • Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
  • Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos;
  • Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y
  • Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.

Con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia, así como en las entidades federativas, sin lugar a dudas se fortaleció nuestra democracia, se eficientó los trámites y servicios del Estado, y acercó el Estado con el ciudadano.

En un gobierno transparente, el ciudadano confía más en su autoridad, dicen los teóricos del derecho a la información. A 22 años y después del pasado 2 de junio de 2024, ésta semana, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicitó a las nuevas autoridades electas, poner en marcha un “plan D, de diálogo” para fortalecer los derechos que tutela el organismo.

La transición que viviremos en próximos días, nos abren la posibilidad de seguir fortaleciendo nuestros gobiernos, siempre en beneficio del pueblo, deseo que la mejor decisión que se opte, sea producto del conceso.

Para concluir, aprovecho la ocasión para recomendar la obra denominada “La agenda democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro, editada por el INAI en el 2020, de mi estimado amigo, el Dr. Juan Francisco Escobedo Delgado. Una lectura obligada para los académicos y universitarios que promueven la transparencia desde las aulas.

Seguimos trabajando, ¡nos leemos pronto!

Correo electrónico fbonilla@uaem.mx

Facebook: @Felipe Bonilla Sánchez

Instagram: fb.sanchez

El pasado 11 de junio, se cumplieron más de dos décadas de la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en México, para ser exacto 22 años, por ello; dedico estas líneas para honrar la gestión y trabajo de varios académicos y periodistas que promovieron la creación de dicha ley.

Era la noche del 2 de julio del año 2000, ganaba las elecciones presidenciales Vicente Fox Quezada por el Partido Acción Nacional, México levantaba la voz en la búsqueda de un cambio. Era el momento pertinente para comenzar los trabajos de un grupo de académicos y periodistas interesados en transparentar los gastos de la función pública, pues hasta ese entonces, el artículo 6 constitucional, establecía que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Sin duda, las últimas diez palabras del párrafo anterior, dejaba ver la responsabilidad del Estado muy limitado, pues no existía una Ley ni un Instituto, que reglamentará la aplicación de dicha normativa. Ante ello, se desprendieron trabajos colegiados, reuniones y demás gestiones, con lo que se logró presentar ante la Cámara de Diputados Federales, la propuesta de Ley en la materia.

Permitiendo su aprobación el 11 de junio de 2002, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y con ello, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que posterior se transformaría en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La cual, tiene como objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Entre sus objetivos de la presente Ley, está:

  • Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
  • Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
  • Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
  • Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos;
  • Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y
  • Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.

Con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia, así como en las entidades federativas, sin lugar a dudas se fortaleció nuestra democracia, se eficientó los trámites y servicios del Estado, y acercó el Estado con el ciudadano.

En un gobierno transparente, el ciudadano confía más en su autoridad, dicen los teóricos del derecho a la información. A 22 años y después del pasado 2 de junio de 2024, ésta semana, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicitó a las nuevas autoridades electas, poner en marcha un “plan D, de diálogo” para fortalecer los derechos que tutela el organismo.

La transición que viviremos en próximos días, nos abren la posibilidad de seguir fortaleciendo nuestros gobiernos, siempre en beneficio del pueblo, deseo que la mejor decisión que se opte, sea producto del conceso.

Para concluir, aprovecho la ocasión para recomendar la obra denominada “La agenda democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro, editada por el INAI en el 2020, de mi estimado amigo, el Dr. Juan Francisco Escobedo Delgado. Una lectura obligada para los académicos y universitarios que promueven la transparencia desde las aulas.

Seguimos trabajando, ¡nos leemos pronto!

Correo electrónico fbonilla@uaem.mx

Facebook: @Felipe Bonilla Sánchez

Instagram: fb.sanchez