Lanzado con fanfarrias y grandes esperanzas, el programa Sembrando Vida, del gobierno de México, se vende como una especie de bálsamo universal para los males ambientales y socioeconómicos de las comunidades rurales del país.
La iniciativa busca reforestar hectáreas de tierra y, en el proceso, ofrecer una fuente de empleo a las personas en las regiones más desfavorecidas.
Pero como suele ocurrir con muchas grandes promesas, la realidad se ha encargado de tergiversar la idealista narrativa. En Morelos, los ejidatarios ofrecen una perspectiva más matizada, incluso sombría, de lo que realmente está sucediendo en el terreno, particularmente en un año tan difícil como lo ha sido este 2023, con una terrible sequía que ha dejado pérdidas por todas partes.
Desperdicio y falta de apoyo
Domingo Leal, ejidatario de Tecomalco, en Ayala, es especialmente crítico con la administración del programa. Según Leal, la falta de transparencia y la mala utilización de los recursos son alarmantes.
“El recurso que llega no se utiliza bien. Las plantas de dudosa procedencia las consiguen los ingenieros, no las familias. Es como si tiraras el dinero al viento”, dice.
Cuando el programa aterrizó en Morelos el ambiente era de optimismo. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y María Luisa Albores González, entonces secretaria de Bienestar del gobierno federal, hicieron el anuncio. El programa prometía extenderse por 23 municipios de la entidad beneficiando a 172 localidades y 117 ejidos. Un plan ambicioso que se recogió con los brazos abiertos por una comunidad agrícola necesitada de inversión y de enfoques sostenibles.
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El objetivo no era sólo ecológico —reforestar zonas necesitadas—, sino también socioeconómico: fomentar la autosuficiencia alimentaria. Se hablaba de granos básicos y de mejorar la calidad de vida de los pobladores.
María Luisa Albores incluso abordó la cuestión de la corrupción, afirmando que el programa no se usaría con fines electorales ni proselitismo político. “No vamos a participar en actos de corrupción”, dijo.
A nivel económico se prometían 4 mil 500 pesos mensuales por campesino, con un adicional de 500 pesos para fondo de ahorro. Todo ello, como apuntaba el gobernador Blanco Bravo, estaría enfocado en “honrar a la gente que trabaja la tierra con sus manos”. Para 2023 el apoyo se elevó a seis mil pesos mensuales.
Pero a pesar de estos pronunciamientos alentadores y del eco de la “tierra generosa” que se invocó entonces, las preguntas persisten. ¿Ha logrado el programa cumplir con estas expectativas? ¿Ha evitado realmente los vicios del pasado, los achaques de la corrupción y el clientelismo político?
En Ayala, Andrés Cosset, productor que en febrero de este año encabezó una caminata de Anenecuilco a la Ciudad de México a manera de protesta para exigir al gobierno federal darle a los campesinos ayalenses las soluciones que necesitan, considera que se trata de un proyecto clientelar que puede haber logrado su cometido en términos políticos, pero cuya realidad dista de su verdadero propósito:
“Hay cultivos abandonados, y por otro lado hay productores que hacen todo lo posible por sacar adelante sus siembras, pero sin la orientación que necesitan”.
La entrega de plantas infestadas de maguey, cosechado en cerros y no en viveros, es un claro ejemplo del desperdicio de recursos públicos, agrega Leal.
El punto se convierte en aún más crítico cuando se considera que este despilfarro de recursos (en 2023, el gobierno federal destinó más de 37 mil millones de pesos al programa) podría haberse evitado simplemente eligiendo viveros especializados para la adquisición de plantas.
El Talón de Aquiles
Además de los problemas con la adquisición de plantas, Leal también critica la falta de capacitación y apoyo técnico. “Hay ingenieros, sí, pero ellos no han sido adecuadamente capacitados para el tema. Más que nada se necesita agua y apoyo técnico especializado”.
Las plantas recién llegadas, de escasos 20 centímetros de altura, no solo son inadecuadas para el entorno, sino que también se enfrentan a la casi segura muerte por la falta de preparación y recursos para su mantenimiento.
La administración del programa también ha fallado en la elección de los tipos de cultivos que se plantarán. Según Leal, la diversidad de árboles y cultivos no se maneja de manera efectiva: “Se plantan diferentes tipos de madera y otros cultivos, pero está todo perdido. Unos árboles se secan, otros sobreviven y en medio deberían sembrar maíz. Pero nada funciona como debería”, lamenta.
Contraparte: un rayo
Pero no todo es pesimismo y crítica. Cenobia Riquelme, del ejido de San Rafael, en Tlaltizapán, ofrece una perspectiva un poco más positiva, aunque no exenta de desafíos: “Aquí el beneficio es que nos han enseñado técnicas más sostenibles”, dice Riquelme.
Cenobia destaca que el programa les ha enseñado a hacer sus propios herbicidas y abonos, lo que les permite evitar químicos que dañan la tierra. Sin embargo, esta ventaja educativa no está exenta de obstáculos.
“La sequía ha sido un desafío real; este año ha golpeado fuerte. Las plagas son otro problema. Aunque los ingenieros nos visitan y orientan, la verdad es que faltan más recursos y apoyo técnico”, dice Cenobia.
Los testimonios revelan un programa plagado de buenas intenciones pero mermado por deficiencias administrativas, la mala asignación de recursos y una serie de fallas estructurales. Mientras algunos hallan destellos de aprendizaje y adaptación, otros se ven atrapados en una maraña de burocracia y decisiones mal concebidas.
Aunque el programa se sigue proyectando como un pilar en la estrategia de desarrollo sostenible del gobierno, con en la práctica dista mucho de alcanzar sus metas, desperdiciando recursos y dejando a las comunidades en un estado de precaria esperanza.
“Es un fracaso total. Es dinero que se gasta en el camino, que se malgasta, que se pierde. No hay beneficios reales para las comunidades”, concluye Leal.
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