A 18 años de la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, poco a poco se han ajustado y diversificado los actores que intervienen en la ardua tarea de consolidar la Transparencia y la Rendición de Cuentas.
Si bien es cierto que aún transitamos por la etapa de consolidación de la apertura gubernamental, la sociedad ha adquirido un rol más activo frente a quienes tienen a su cargo la administración pública, ante un panorama de aprendizaje e internalización de la Cultura de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en la que las asociaciones y organizaciones de la sociedad demandan una verdadera rendición de cuentas de todos aquellos que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad.
Pero ¿qué implica rendir cuentas?, primero debemos entender que no es lo mismo transparentar que rendir cuentas, pues la primera implica hacer pública la información, mientras que la segunda lleva implícito el acto de asumir responsabilidad, tal como lo menciona Transparency International en su Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción, que define “Rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público, privado y de la sociedad civil) tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones”.
La rendición de cuentas debe, entonces, responsabilizar a los servidores públicos y autoridades ante el electorado, ya sea mediante los mecanismos democráticos como las elecciones, o mediante las publicaciones al cobijo de la libertad de prensa, de expresión y de opinión de todos los sectores.
Pero no basta responsabilizarnos de nuestras acciones solo en los medios de comunicación tradicionales o en las redes sociales, las instituciones y los que las integramos debemos implementar controles y restricciones que incluyan sistemas de contrapeso y auditoría con facultades suficientes para que se sancione a quienes ejercen el servicio público de manera indebida, en pro de la justicia y el beneficio de la mayoría.
Ahora bien, los gobiernos y sus instituciones deben comprender que la toma de decisiones y las acciones que deriven de ellas, implican intrínsecamente un correspondiente ejercicio de difusión integral de la información, fomentando una transparencia real ya sea proactivamente o por obligación de ley.
Los organismos garantes de la Transparencia, como el IMIPE, tenemos además el compromiso de ser ejemplo en la rendición de cuentas, por ello actuamos e informamos a la sociedad sobre nuestra labor, como recientemente lo hicimos, al difundir públicamente los resultados del ejercicio de verificación del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados de Morelos, atendiendo además a la demanda de información de las y los morelenses.
Si transparentamos nuestras decisiones y el ejercicio de nuestras facultades y con ello asumimos la responsabilidad de estas de cara a la sociedad, rendimos cuentas; este es el único camino que nos llevará a generar y reforzar la confianza que hoy en día es tan necesaria para que nuestro estado y nuestro país avancen con paso firme.
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