El Consejo Político Nacional (CPN) del PRI aprobó en su reunión del lunes 19 de diciembre la propuesta de reforma a sus estatutos formulada por su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas (Alito) en el sentido de que, una vez concluido su periodo de 3 años en agosto de 2023, la extensión del mismo sea por 90 días hábiles, por lo cual su mandato terminaría hasta el 2024.
La maniobra del político campechano es muy hábil, porque en realidad lo que consiguió fue, además de no perder su cargo en agosto, que el periodo para el cual fue electo se prolongue durante más de 5 meses. El nuevo término sería –de acuerdo con el estatuto reformado-- hasta enero del 2024.
Por otro lado, la nueva ley electoral incluida en el Pan B de AMLO –aún no promulgada—establece la prohibición de que se hagan cambios en la dirigencia de los partidos cuando ya se haya iniciado el periodo electoral, que comenzará en noviembre del 2023. Si el mandato de “Alito” terminara como pretende hasta enero del 2024, ya no podrá ser legalmente removido hasta después de concluido el proceso electoral.
Este juego de fechas hace posible que el actual líder priísta permanezca en el cargo el tiempo suficiente para designar a candidatos a presidente, senadores y diputados federales del tricolor para las elecciones del 2024. La reunión del CPN del PRI por cierto se realizó a distancia, vía Zoom, y contó con la participación de 458 miembros, quienes votaron por unanimidad en favor de los cambios mencionados.
De inmediato se desataron los comentarios adversos a esta maniobra, calificada como “albazo” por sus críticos. Varios militantes priístas expresaron que fue un “madruguete”, porque “Alito” no consultó con nadie, y la reunión estuvo controlada a distancia por él mismo. Incluso varios miembros de dicho Consejo –Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri Riancho, Héctor Estudillo, Miguel Ángel Osorio Chong—expresaron que la unanimidad del CPN fue lograda de manera fraudulenta, porque ellos forman parte del mismo y no fueron convocados.
Miguel Ángel Osorio Chong declaró en sus redes y ante diversos medios públicos que los priístas no permitirán que se consume el atraco estatutario de “Alito” por lo cual ya preparan diversas medidas jurídicas para apelar ante el Tribunal Federal Electoral (TEPJF). Claudia Ruiz Massieu –expresidenta del PRI, senadora y aspirante a la nominación para contender por la presidencia de la República en 2024, se opuso al cambio de manera rotunda.
De hecho, toda la cúpula del antiguo PRI ha manifestado su descontento ante las maniobras del dirigente tricolor, ya que realizó ese cambio estatutario –expresan-- para promover sus propios fines, sin tomar en cuenta los intereses superiores del partido. Asimismo, Beatriz Paredes, señaló que el cambio estatutario no fue consensuado, en momentos que hay una situación política interna muy conflictiva. Los dirigentes, añadió, deben tratar de conseguir el mayor grado de consenso para cuidar la unidad del partido.
Los dirigentes del PRI más vetusto se encuentran en plena efervescencia, y ninguna fracción quiere quedarse fuera del reparto de candidaturas federales. Sus acusaciones principales consisten en que, bajo la conducción de Moreno Cárdenas, el PRI ha perdido 10 de los estados que gobernaba antes del 2018. La dirección política de “Alito” ha sido errática y excluyente --acusan-- por lo cual se han perdido miles de militantes que han emigrado a otros partidos.
La rebatiña por los cargos públicos domina hoy la atmósfera del PRI. No hay autoridad real ni control político. Ese partido ya no se parece en nada a sus ancestros (PNR, PRM) los cuales durante 6 décadas (en los gobiernos de los años 1934-1994, desde Cárdenas hasta Zedillo) el líder del partido tenía rango de secretario de estado con el respaldo presidencial. El partido tricolor jugaba una función clave porque permitía al presidente de la República --su líder nato-- conducir los procesos electorales en favor del sistema.
Aún más: cuando el sucesor era “destapado”, los primeros cargos que éste solicitaba para asegurar su control sobre los procesos políticos venidero eran, sobre todo la presidencia y la secretaría general del PRI, para asegurar el nombramiento de los candidatos a legisladores federales que lo acompañarían durante su campaña. Esta medida era vital para asegurar el control posterior del poder legislativo.
El PRI era la pieza clave del antiguo sistema autoritario. Era el “partido de la línea y de la lana”. Era de la línea porque todas las listas de candidatos a legisladores eran “palomeadas”, dentro del proceso sucesorio, por el candidato presidencial, y deberían estar integradas por gente adicta del nuevo tlatoani; también era de “la lana” porque los gastos de campaña serían financiados por la administración pública, así como por los gobernadores de los estados. El partido de estado siempre fue una maquinaria electoral bien aceitada.
Pero una vez que perdieron el poder en 2000, los priístas no pudieron reponerse hasta doce años después, cuando un candidato telegénico como EPN fue apoyado por los gobernadores priístas (en este caso por los del Edomex y de Hidalgo, principalmente). Pero hoy en 2022, cuatro años después del 2018 las cosas han cambiado radicalmente: el PRI ha perdido casi todos los estados, excepto dos, bajo la errática conducción de “Alito”.
Hoy Alejandro Moreno Cárdenas, huérfano de patrocinio presidencial y confrontado con las fuerzas dinosáuricas del PRI, no ha tenido más remedio que forzar el cambio de los estatutos a su conveniencia, tratando de imponerse como el personaje central que decide –como antes lo hacían los presidentes—todos los candidatos, las campañas, los cargos.
Las maniobras de Moreno Cárdenas están condenadas al fracaso. Su liderazgo se mueve en el microcosmos tricolor como una caricatura de antaño. Tiene todos los vicios pero ninguna de las virtudes del antiguo régimen presidencial. No tiene el consenso de todas las fuerzas de su partido. Nadie obedece “su línea” ni cuenta con “la lana” suficiente para jugar en grandes ligas.
Las aspiraciones de Peña Nieto tuvieron éxito porque su candidatura contó con el sostén político de los gobernadores priístas. “Alito” no cuenta con nada, ni siquiera con el apoyo de gran parte del Consejo Nacional. El líder campechano vive su aventura. Está claro que desconoce la historia de su propio partido.
