Hay alrededor de 80 mil concesiones de transporte público en Morelos; de ellas 20 mil corresponden al transporte colectivo y el resto son taxis. Esto sin contar un número difícilmente determinado de vehículos que prestan el servicio de manera irregular que hacen mucho más difícil el control del sector, atentan contra la seguridad de los pasajeros y elevan la oferta en un mercado sumamente saturado, reduciendo la posibilidad de ingreso de quienes trabajan de manera legal.
Los usuarios del transporte público representan un mercado limitado y mayormente rutinario. La saturación del servicio genera menores ingresos a los permisionarios y eso incide directamente en la pésima calidad del transporte en todo el estado. Cierto que hay algunas uniones, particularmente de taxis, que intentan mantener sus unidades en el mejor estado posible, pero son las menos. En términos más generales, podría decirse que dadas las condiciones de ilegalidad, saturación, inseguridad, altos costos de prestación de servicio y el arribo de nuevas formas de competencia a través de otros servicios de transporte; los colectivos y taxis en Morelos son un negocio malo en la medida de que si bien generan ingresos que hacen posible su funcionamiento y que algunos propietarios de concesiones múltiples se hagan de mucho dinero; no logra los dividendos que podría en circunstancias de legalidad y normalidad suficientes.
Las acciones emprendidas por el gobierno estatal para regular el transporte deben pasar por la detección e inhabilitación de las unidades irregulares, el castigo a los funcionarios que expidieron permisos ilegales, pero también por la sanción a quienes, sabiendo de la ilegalidad de los documentos que usan para ampararse, ofrecen el servicio de manera irregular. Si el secretario Víctor Mercado tiene el carácter suficiente para aplicar estas tres líneas aún le quedará otra tarea mayúscula: lograr la renovación del parque vehicular del transporte público, del que se calcula viejo o en pésimas condiciones más del 40 por ciento.
El trabajo no es sencillo para quien heredó una de las dependencias más susceptibles a actos de corrupción cotidianos. La reciente aprehensión del ex director de transportes y la advertencia de que hay más corruptos a quienes perseguir es una muestra de voluntad para limpiar a la Secretaría que encabeza y en la que por tiempos de los gobiernos panistas también sirvió. Las leyendas que se han tejido sobre el actuar del hoy secretario no han sido acompañadas por denuncias y en cambio pareciera que el “güero” Mercado, está bastante dispuesto a combatir la corrupción en la dependencia que encabeza.
Donde pueden nacerle a uno más dudas es la cuestión política porque a final de cuentas, el transporte público tiene mucho de negocio, pero más de grilla. Los partidos políticos han usado tradicionalmente a los permisionarios del transporte para movilizaciones, campañas, manifestaciones de presión, a cambio de los que les han ofrecido una tolerancia casi absoluta, o por lo menos la aplicación profundamente laxa de la ley. Esto ha generado un poder fáctico que, convencido de su fuerza, es capaz de generar el caos en diversas zonas de la entidad, particularmente en las regiones oriente y sur. La capacidad de administrar el transporte no parece un problema para el gobierno estatal, pero no se ha visto aún una capacidad real de operar políticamente mediante el tejido fino de alianzas y acuerdos con los verdaderos protagonistas del servicio del transporte, quienes en efecto lo ofrecen y sobre todo, quienes lo utilizan.
La fuerza política que el gobierno estatal tiene hoy, frente a la inoperancia de otras estructuras de poder, incluidos los partidos; ofrece a Mercado una verdadera oportunidad para lograr el reordenamiento y modernización. Pero el tiempo pasa muy rápido.
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