/ miércoles 28 de junio de 2023

Reducir la edad penal para adolescentes: respuesta adultocentrista

La constante participación de adolescentes en hechos delictivos motiva a los adultos a pedir la modificación de la edad penal para que los adolescentes de más de 16 años de edad sean juzgados en el sistema penal de adultos, o bien, para que niños de 11 años dejen de ser inimputables de un delito y puedan ser sancionados como adolescentes, esto es, una modificación basada en el castigo como venganza social.

El adultocentrismo entraña la creencia de que el modelo y visión de los adultos es el marco de referencia para todo, sin embargo, se han olvidado de un gran detalle, las niñas, niños y personas adolescentes tienen derechos, por lo que sus visiones y opinión son igualmente validas que las de los adultos.

Es necesario comprender que los adultos no son superiores a las personas que están en las etapas de infancias o adolescencia, que es necesario escuchar y valorar su opinión, sus aportaciones, sin recriminar, ni censurar sus emociones, que es necesario involucrarlos en las decisiones de acuerdo a su edad, y que deben emprender acciones para respetarlos y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Considero que con esta visión adultocentrista se estaría trasladando la responsabilidad que tienen los adultos del deficiente sistema educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes tanto en el hogar, como en la escuela y/o en la comunidad, así como de la precaria operación del sistema gubernamental que debiera protegerlos de todos los peligros, especialmente aquellos que están en las redes sociales, en la cercanía de la delincuencia en sus comunidades y en el fomento de una crianza positiva.

El fracaso de la educación de nuestros NNA está por doquier, basta informarse de noticias para encontrar casos de adolescentes implicados en matanzas escolares en escuelas de Estados Unidos de América, o la alerta en Japón, por la alta tasa de suicidios de adolescentes, que decir de Suiza, con el incremento, al menos así lo cita la prensa, del maltrato infantil en los hogares, o en Australia, donde se debate y prohíben, desde el gobierno, las series y juegos en línea, por considerarlos una forma de explotación infantil por el cobro de dinero a los infantes para “disfrutar” de estos juegos, que dicho sea de paso, les generan adicción y fomentan distintas formas de aceptar e incitar a la violencia. Imagínese usted, ganan “puntos” por virtualmente matar al oponente usando armas de fuego.

Por eso, nuestro sistema jurídico mexicano emprendió, desde hace casi diez años, la ruta de la conformación de leyes que permitan hacer efectivos los derechos de NNA: así el 4 de diciembre de 2014, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, expidió a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para:

•\u0009Reconocer a NNA como titulares de derechos, abandonando así las viejas teorías tutelaristas, en las que se creía que no tenían la misma capacidad que los adultos para gozar de sus derechos y por ello, lo que adulto decidiera por ellos era mejor.

•\u0009La Ley también les garantiza el pleno ejercicio, respeto y promoción de sus derechos humanos, con la gran diferencia, de que tiene un reforzamiento especial sustentado en el interés superior de la niñez y la adolescencia, por su condición de personas en desarrollo.

•\u0009Además, crea y regula la integración del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de NNA, donde hay muchísimo por hacer, empezando por la eficaz coordinación, despolitizada y enfocada enteramente a sus fines.

•\u0009Así como establecer bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección y ejercicio de derechos de NNA, de tal manera que se reconoce la participación de la comunidad en la creación de mejores condiciones de desarrollo para NNA.

Estos cuatro parámetros nos muestran la amplia ruta que aún tenemos por delante para que la Ley cobre vida, para que lejos de querer castigar a niños y adolescentes, pensemos cómo construirles un mejor entorno político, económico, social y de seguridad.

No queramos culparlos anticipadamente de lo que como adultos no hemos sabido hacer, darles apoyo, amor, cuidado, protección, y todo aquello que les contribuya a desarrollar un proyecto de vida sano.

La constante participación de adolescentes en hechos delictivos motiva a los adultos a pedir la modificación de la edad penal para que los adolescentes de más de 16 años de edad sean juzgados en el sistema penal de adultos, o bien, para que niños de 11 años dejen de ser inimputables de un delito y puedan ser sancionados como adolescentes, esto es, una modificación basada en el castigo como venganza social.

El adultocentrismo entraña la creencia de que el modelo y visión de los adultos es el marco de referencia para todo, sin embargo, se han olvidado de un gran detalle, las niñas, niños y personas adolescentes tienen derechos, por lo que sus visiones y opinión son igualmente validas que las de los adultos.

Es necesario comprender que los adultos no son superiores a las personas que están en las etapas de infancias o adolescencia, que es necesario escuchar y valorar su opinión, sus aportaciones, sin recriminar, ni censurar sus emociones, que es necesario involucrarlos en las decisiones de acuerdo a su edad, y que deben emprender acciones para respetarlos y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Considero que con esta visión adultocentrista se estaría trasladando la responsabilidad que tienen los adultos del deficiente sistema educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes tanto en el hogar, como en la escuela y/o en la comunidad, así como de la precaria operación del sistema gubernamental que debiera protegerlos de todos los peligros, especialmente aquellos que están en las redes sociales, en la cercanía de la delincuencia en sus comunidades y en el fomento de una crianza positiva.

El fracaso de la educación de nuestros NNA está por doquier, basta informarse de noticias para encontrar casos de adolescentes implicados en matanzas escolares en escuelas de Estados Unidos de América, o la alerta en Japón, por la alta tasa de suicidios de adolescentes, que decir de Suiza, con el incremento, al menos así lo cita la prensa, del maltrato infantil en los hogares, o en Australia, donde se debate y prohíben, desde el gobierno, las series y juegos en línea, por considerarlos una forma de explotación infantil por el cobro de dinero a los infantes para “disfrutar” de estos juegos, que dicho sea de paso, les generan adicción y fomentan distintas formas de aceptar e incitar a la violencia. Imagínese usted, ganan “puntos” por virtualmente matar al oponente usando armas de fuego.

Por eso, nuestro sistema jurídico mexicano emprendió, desde hace casi diez años, la ruta de la conformación de leyes que permitan hacer efectivos los derechos de NNA: así el 4 de diciembre de 2014, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, expidió a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para:

•\u0009Reconocer a NNA como titulares de derechos, abandonando así las viejas teorías tutelaristas, en las que se creía que no tenían la misma capacidad que los adultos para gozar de sus derechos y por ello, lo que adulto decidiera por ellos era mejor.

•\u0009La Ley también les garantiza el pleno ejercicio, respeto y promoción de sus derechos humanos, con la gran diferencia, de que tiene un reforzamiento especial sustentado en el interés superior de la niñez y la adolescencia, por su condición de personas en desarrollo.

•\u0009Además, crea y regula la integración del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de NNA, donde hay muchísimo por hacer, empezando por la eficaz coordinación, despolitizada y enfocada enteramente a sus fines.

•\u0009Así como establecer bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección y ejercicio de derechos de NNA, de tal manera que se reconoce la participación de la comunidad en la creación de mejores condiciones de desarrollo para NNA.

Estos cuatro parámetros nos muestran la amplia ruta que aún tenemos por delante para que la Ley cobre vida, para que lejos de querer castigar a niños y adolescentes, pensemos cómo construirles un mejor entorno político, económico, social y de seguridad.

No queramos culparlos anticipadamente de lo que como adultos no hemos sabido hacer, darles apoyo, amor, cuidado, protección, y todo aquello que les contribuya a desarrollar un proyecto de vida sano.