¿Ha escuchado en las noticias comentarios como “deberían subir las penas para los menores que cometen delitos”?, ocurre normalmente cuando los adolescentes participan en la comisión de un delito ya sea de forma dolosa (intencional) o culposa (accidental o por negligencia), y produce sensibilización social y moviliza la opinión pública, por eso la relevancia de que los periodistas estén capacitados para producir información que alcance la dimensión real del problema y no viertan opiniones que solo deforman y dejan de lado los derechos y deberes de los adolescentes.
En repetidas ocasiones he escuchado en noticieros nacionales la opinión de comunicadores e incluso se hacen pasar por “especialistas”, que después de que es conocido un hecho delictivo, presuntamente cometido por una persona adolescente, y especialmente aquellos en los que el hecho causa conmoción social, vierten comentarios muy desatinados que llevan a la audiencia a creer que verdaderamente es necesario juzgar a un niño, niña o adolescente (NNyA) como si fuera un adulto.
Pongamos el problema de esta manera, la prensa busca captar la atención mediática de su audiencia, y por otro lado, la sociedad tiene un profundo rechazo por los niños y adolescentes que tienen un “mal comportamiento social” porque eso enciende la alarma social y con ello la exigencia de mayores sanciones.
Pero, han hecho conciencia o investigado ¿qué llevó a ese niño o adolescente a cometer un delito?, ¿cuál es su desarrollo neuronal para que pueda tomar decisiones?, ¿cuál es la responsabilidad de los padres, la sociedad y el gobierno en haberle dado mejores condiciones de desarrollo?, ¿qué debe y puede hacer el Estado para contribuir a su desarrollo integral?, ¿acaso la violencia que están desarrollando los NNyA estaba en su ADN? o ¿es el rasgo educativo característico y generacional de su familia, comunidad, estado o nación?
Esta situación no es nueva ni exclusiva de Morelos o de México, es un problema en el que también incide la deformación informativa, porque la comunicación de estos sucesos está focalizada en:
A) El hallazgo o exposición exacerbada de los procesos judiciales, sobre la forma en que es juzgado un adolescente y las “bajas” sanciones impuestas, porque lo que se demanda es “castigo”, y
B) Las acciones administrativas para el cumplimiento de esas sanciones, que entraña las actividades necesarias para la desincorporación delictiva, la formación y desarrollo integral que contribuyan a su reintegración familiar y su reinserción social.
Dicho de otro modo, las opiniones o notas están concentradas en destacar el qué y cómo castigar al adolescente de manera ejemplar para que los demás no cometan la misma conducta, como si eso sirviera a los adultos, cuyo cerebro está totalmente maduro, a enmendar el camino después de su paso por un Centro Penitenciario, por el contrario, hay casos emblemáticos que dan cuenta de la reincidencia delictiva.
Entonces, ¿cómo tratar los casos de adolescentes que han cometido un delito?, ¿lincharlos periodísticamente? o entrar a analizar qué es lo que estamos haciendo como padres, abuelos, comunidad y autoridades para garantizar que la niñez, entendida en esta, las personas menores de 18 años de edad, gocen de todos sus derechos para que su periodo de formación neuronal, física, biológica y emocional no esté distorsionado y nos dé como respuesta actos violentos que lastiman a víctimas directas e indirectas.
Reconocer que la delincuencia juvenil es producto de los errores de los padres, la comunidad y del Estado en su conjunto sería una postura de gente adulta, que no estigmatiza a los adolescentes, pero que asume la responsabilidad de entender que NNyA están en un proceso de desarrollo y que los responsables de su formación son adultos.
De tal manera que no solo hablo de los padres, sino de todos los adultos que interactuamos con ellos, sea cual fuere el espacio en el que lo hagamos, escuela, iglesia, parque, centro recreativo, cultural, instancias de salud, oficinas gubernametales, etcétera.
Por eso es necesario que los temas de delincuencia juvenil sean abordados por los medios de comunicación de forma seria, responsable y orientada a la justicia restaurativa, que consiste en trabajar para que los NNyA puedan contar con una segunda oportunidad, sin discriminación, pero sobre todo con el apoyo de todas las personas que los rodean.
Estas son algunas de las razones por las que permito recomendar ampliamente a todos los periodistas el “Manual de periodismo sobre la niñez y adolescencia” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en agosto de 2022, para que, en principio, dejemos de llamarles menores y entendamos que son personas infantes (niños o niñas) o adolescentes, reconozcamos que tienen derechos y nos comprometamos a respetarlos.
Por cierto, no volvamos a decirles menores infractores, simplemente son adolescentes, que significa, personas en desarrollo.
El manual ofrece una perspectiva virtuosa de la forma de divulgar información pública a la ciudadanía velando por los derechos de la niñez, invita a enfocarse en la discusión de temas y diagnósticos que permitan reconocer a la sociedad, en su conjunto, los compromisos y responsabilidades que tienen.
Por ello, UNICEF, asume a la comunicación como una herramienta de cambio social, postulado en el que creo firmemente, tal como lo asintió Gandhi en su frase: “nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo”.
Agracemos a El Sol de Cuernavaca por darnos el espacio para expresarnos y por ser un medio que se preocupa en la niñez de Morelos. Leo sus comentarios.
Adriana Pineda Fernández – Magistrada Propietaria del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes
