/ martes 2 de enero de 2024

Invertir en la niñez garantiza el proceso social

Seguramente usted se ha hecho preguntas como: ¿cuándo se acabará la pobreza? ¿Algún día terminará la violencia? ¿Será posible que todos los niños, niñas y adolescentes (NNyA) asistan a la escuela? ¿El campo mexicano algún día producirá alimentos suficientes para todo el país? ¿Tendremos más científicos, médicos, mejores maestros? Y un sinfín de cuestionamientos que representan anhelos de un futuro mejor. La respuesta sería sí, siempre y cuando las entidades gubernamentales tengan presente que cada decisión que toman a favor de la niñez y adolescencia es y será directamente proporcional a la equidad, desarrollo y progreso social.

Así lo ha explicado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su informe anual México 2022, presentado en mayo de 2023, donde nos presenta información de alta relevancia, por ejemplo la encuesta ENCOVID-19 Infancia, muestra la vulnerabilidad en que aún se encuentran las familias, porque impactó el acceso a alimentos nutritivos y saludables, además del incremento de afectaciones de salud mental de los hogares mexicanos.

También expone la importancia de expandir los programas de protección social y nutrición infantil, y dar prioridad al regreso seguro a escuelas y a los esfuerzos sobre la recuperación de aprendizajes entre otros aspectos. Por ello promueven la educación de calidad, porque contribuye a que cada NNyA pueda alcanzar su pleno potencial de desarrollo en todas sus etapas.

Derivado de su análisis al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, pudieron valorar asignaciones presupuestales de programas y servicios para NNyA, relevando que el gasto social destinado a NNyA disminuyó en los últimos cinco años, al pasar del 26.5% en 2018, al 18% en 2023, por lo que UNICEF ha emprendido acciones para abogar ante los tomadores de decisiones a que revisen y reviertan esta tendencia.

Además, UNICEF ha iniciado la revisión de presupuestos en los estados de Baja California, Chihuahua y Chiapas, con el propósito de conocer mejor la estructura de las finanzas públicas, para que en el futuro, se puedan identificar potenciales opiniones para financiar servicios sociales para la infancia y la adolescencia en cada entidad.

En la primera infancia, esto es hasta antes de los 3 años, fue identificado que solo 2 de cada 10 niños y niñas asisten a un servicio de primera infancia, por lo que es importante hacer una expansión de estos servicios.

Enfatizan que todo NNyA tienen derecho a educación de calidad sin importar su condición étnica, social, o migratoria. Por ello focalizan la necesidad de mejorar el acceso a las tecnologías de información, pero también el acceso a servicios de agua y saneamiento en las escuelas.

Impulsar el desarrollo para brindarles herramientas que les permitan un mejor presente y futuro como: salud mental, habilidades para la vida, y participación adolescente.

En cifras esto conlleva a que 5 de cada 10 NNyA han sido sometidos a un castigo en sus hogares, 1 de cada 2 adolescentes vivieron actos violentos como golpes, patadas o puñetazos en el último año; 7 de cada 10 adolescentes fueron víctimas de violencia en la vía pública, y destacan la recurrencia de la violencia escolar entre los 15 y 17 años de edad.

Estos datos nos deben hacer reflexionar de la necesaria visión de emprender decididamente acciones protección y garantía de derechos de NNyA, si lo que queremos es que nuestras respuestas algún día sean contestadas con la participación efectiva de sociedad, gobierno y las familias.

Son evidentes las necesidades de la infancia y adolescencia en nuestra entidad, y está en los tomadores de decisiones gubernamentales, de la sociedad civil y las familias atenderlas para que cada vez menos NNyA sufran los estragos de la violencia al tener que aprender cómo reaccionar ante una balacera, o cómo esquivar vehículos en la calle para vender alguna mercancía o limpiar un auto para ganarse el sustento, o dejar de ir a la escuela para trabajar, o cómo enfrentar la violencia escolar o el rezago educativo que les dejó la pandemia COVID-19.

La violencia deja daños irreversibles en la vida de NNyA. Ningún tipo de violencia es normal y debe existir un gran compromiso de todos los actores sociales para ponerle fin. Nos leemos en la siguiente columna.

*Magistrada Propietaria del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos

Seguramente usted se ha hecho preguntas como: ¿cuándo se acabará la pobreza? ¿Algún día terminará la violencia? ¿Será posible que todos los niños, niñas y adolescentes (NNyA) asistan a la escuela? ¿El campo mexicano algún día producirá alimentos suficientes para todo el país? ¿Tendremos más científicos, médicos, mejores maestros? Y un sinfín de cuestionamientos que representan anhelos de un futuro mejor. La respuesta sería sí, siempre y cuando las entidades gubernamentales tengan presente que cada decisión que toman a favor de la niñez y adolescencia es y será directamente proporcional a la equidad, desarrollo y progreso social.

Así lo ha explicado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su informe anual México 2022, presentado en mayo de 2023, donde nos presenta información de alta relevancia, por ejemplo la encuesta ENCOVID-19 Infancia, muestra la vulnerabilidad en que aún se encuentran las familias, porque impactó el acceso a alimentos nutritivos y saludables, además del incremento de afectaciones de salud mental de los hogares mexicanos.

También expone la importancia de expandir los programas de protección social y nutrición infantil, y dar prioridad al regreso seguro a escuelas y a los esfuerzos sobre la recuperación de aprendizajes entre otros aspectos. Por ello promueven la educación de calidad, porque contribuye a que cada NNyA pueda alcanzar su pleno potencial de desarrollo en todas sus etapas.

Derivado de su análisis al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, pudieron valorar asignaciones presupuestales de programas y servicios para NNyA, relevando que el gasto social destinado a NNyA disminuyó en los últimos cinco años, al pasar del 26.5% en 2018, al 18% en 2023, por lo que UNICEF ha emprendido acciones para abogar ante los tomadores de decisiones a que revisen y reviertan esta tendencia.

Además, UNICEF ha iniciado la revisión de presupuestos en los estados de Baja California, Chihuahua y Chiapas, con el propósito de conocer mejor la estructura de las finanzas públicas, para que en el futuro, se puedan identificar potenciales opiniones para financiar servicios sociales para la infancia y la adolescencia en cada entidad.

En la primera infancia, esto es hasta antes de los 3 años, fue identificado que solo 2 de cada 10 niños y niñas asisten a un servicio de primera infancia, por lo que es importante hacer una expansión de estos servicios.

Enfatizan que todo NNyA tienen derecho a educación de calidad sin importar su condición étnica, social, o migratoria. Por ello focalizan la necesidad de mejorar el acceso a las tecnologías de información, pero también el acceso a servicios de agua y saneamiento en las escuelas.

Impulsar el desarrollo para brindarles herramientas que les permitan un mejor presente y futuro como: salud mental, habilidades para la vida, y participación adolescente.

En cifras esto conlleva a que 5 de cada 10 NNyA han sido sometidos a un castigo en sus hogares, 1 de cada 2 adolescentes vivieron actos violentos como golpes, patadas o puñetazos en el último año; 7 de cada 10 adolescentes fueron víctimas de violencia en la vía pública, y destacan la recurrencia de la violencia escolar entre los 15 y 17 años de edad.

Estos datos nos deben hacer reflexionar de la necesaria visión de emprender decididamente acciones protección y garantía de derechos de NNyA, si lo que queremos es que nuestras respuestas algún día sean contestadas con la participación efectiva de sociedad, gobierno y las familias.

Son evidentes las necesidades de la infancia y adolescencia en nuestra entidad, y está en los tomadores de decisiones gubernamentales, de la sociedad civil y las familias atenderlas para que cada vez menos NNyA sufran los estragos de la violencia al tener que aprender cómo reaccionar ante una balacera, o cómo esquivar vehículos en la calle para vender alguna mercancía o limpiar un auto para ganarse el sustento, o dejar de ir a la escuela para trabajar, o cómo enfrentar la violencia escolar o el rezago educativo que les dejó la pandemia COVID-19.

La violencia deja daños irreversibles en la vida de NNyA. Ningún tipo de violencia es normal y debe existir un gran compromiso de todos los actores sociales para ponerle fin. Nos leemos en la siguiente columna.

*Magistrada Propietaria del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos