/ miércoles 17 de octubre de 2018

Los organismos autónomos y quienes los atacan

Con todas sus imperfecciones, una de las garantías para la democracia y contrapesos reales del Estado mexicano, son los organismos autónomos a menudo llamados metapoderes. Esas instituciones que cada una en su ámbito de especialidad, sirven para poner límites a la acción, omisión o estupideces de los gobiernos movidos a menudo por impulsos más dogmáticos que científicos, son fundamentales en los estados modernos y en México tienen forma de comisiones, como las de Derechos Humanos; consejos, como el Nacional para Prevenir la Discriminación; o institutos como el Nacional de Acceso a la Información, el Nacional Electoral o el Nacional para la Evaluación de la Educación. Cada una de estas instancias ha logrado en su momento y con sus voces bien argumentadas, poner freno a diversas acciones que pudieran resultar catastróficas, o que ya lo eran y dejaron de cometerse.

Arremeter contra esos organismos sólo por lo caros que pudieran resultar, o porque sus recomendaciones no resulten agradables a los gobernantes y sus cohortes de corifeos, resulta una reminiscencia de la conciencia autoritaria (el pequeño priista que muchos mexicanos llevan dentro), que parece haber vuelto recargada entre quienes fueron triunfadores de la elección de julio pasado y que fundaron muchos de sus planteamientos, demandas, argumentos, justo en la tarea que esos organismos autónomos hicieron desde su fundación y que ahora, les resultan tan incómodos, tan estorbosos para el ejercicio de eso que algún triste autoritario llamó “la plenitud del pinche poder, papá”.

Porque nadie podría, desde una perspectiva racional, calificar de deficiente la labor de los órganos autónomos en México, acaso podría señalarse que no ha sido suficiente para frenar los abusos del poder, pero eso es porque el poder público ha limitado por medio de legislaciones medio a modo los alcances de cada uno de los organismos y les ha restringido hasta en materia presupuestal. La nueva andanada contra los metapoderes proviene de quienes han llegado a los poderes Ejecutivo y Legislativos y parecen sumamente inconformes con la vigilancia aún imperfecta que éstos significan para la función pública. Porque tendríamos que reconocer a cada una de estas instituciones que, sin enfrentarse a poderes específicos del estado, han sabido ser buenos contrapesos, y requieren fortalecerse jurídica y presupuestalmente para hacer más.

En efecto, las Comisiones de Derechos Humanos, no actúan contra la policía; el INE no está contra los partidos; el INEE, no va contra los maestros; el Conapred no va contra los órganos del Estado; en esencia, cada uno de ellos está a favor de los ciudadanos y removerlos significaría desproteger al ciudadano de todos los excesos que conocemos del poder público en contra de los ciudadanos. Cabría preguntarse ¿qué planes tienen esos servidores públicos para sentirse tan agredidos o limitados por la acción de los organismos autónomos? ¿Les estorba que se defienda a los ciudadanos? Por supuesto que los metapoderes deben eficientar su acción, lograr una completa autonomía, mejorar sus mecanismos de control interno, fortalecerse jurídica y algunos económicamente, pero plantear la desaparición de cualquiera de ellos es un contrasentido de quienes ahora se consideran adalides de la democracia pero son incapaces de reflexionar en lo que verdaderamente lesiona a la ciudadanía. Lo increíble es que, hasta los priistas llegaron a entender la invaluable función de los organismos autónomos. Lo dejamos de tarea.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Con todas sus imperfecciones, una de las garantías para la democracia y contrapesos reales del Estado mexicano, son los organismos autónomos a menudo llamados metapoderes. Esas instituciones que cada una en su ámbito de especialidad, sirven para poner límites a la acción, omisión o estupideces de los gobiernos movidos a menudo por impulsos más dogmáticos que científicos, son fundamentales en los estados modernos y en México tienen forma de comisiones, como las de Derechos Humanos; consejos, como el Nacional para Prevenir la Discriminación; o institutos como el Nacional de Acceso a la Información, el Nacional Electoral o el Nacional para la Evaluación de la Educación. Cada una de estas instancias ha logrado en su momento y con sus voces bien argumentadas, poner freno a diversas acciones que pudieran resultar catastróficas, o que ya lo eran y dejaron de cometerse.

Arremeter contra esos organismos sólo por lo caros que pudieran resultar, o porque sus recomendaciones no resulten agradables a los gobernantes y sus cohortes de corifeos, resulta una reminiscencia de la conciencia autoritaria (el pequeño priista que muchos mexicanos llevan dentro), que parece haber vuelto recargada entre quienes fueron triunfadores de la elección de julio pasado y que fundaron muchos de sus planteamientos, demandas, argumentos, justo en la tarea que esos organismos autónomos hicieron desde su fundación y que ahora, les resultan tan incómodos, tan estorbosos para el ejercicio de eso que algún triste autoritario llamó “la plenitud del pinche poder, papá”.

Porque nadie podría, desde una perspectiva racional, calificar de deficiente la labor de los órganos autónomos en México, acaso podría señalarse que no ha sido suficiente para frenar los abusos del poder, pero eso es porque el poder público ha limitado por medio de legislaciones medio a modo los alcances de cada uno de los organismos y les ha restringido hasta en materia presupuestal. La nueva andanada contra los metapoderes proviene de quienes han llegado a los poderes Ejecutivo y Legislativos y parecen sumamente inconformes con la vigilancia aún imperfecta que éstos significan para la función pública. Porque tendríamos que reconocer a cada una de estas instituciones que, sin enfrentarse a poderes específicos del estado, han sabido ser buenos contrapesos, y requieren fortalecerse jurídica y presupuestalmente para hacer más.

En efecto, las Comisiones de Derechos Humanos, no actúan contra la policía; el INE no está contra los partidos; el INEE, no va contra los maestros; el Conapred no va contra los órganos del Estado; en esencia, cada uno de ellos está a favor de los ciudadanos y removerlos significaría desproteger al ciudadano de todos los excesos que conocemos del poder público en contra de los ciudadanos. Cabría preguntarse ¿qué planes tienen esos servidores públicos para sentirse tan agredidos o limitados por la acción de los organismos autónomos? ¿Les estorba que se defienda a los ciudadanos? Por supuesto que los metapoderes deben eficientar su acción, lograr una completa autonomía, mejorar sus mecanismos de control interno, fortalecerse jurídica y algunos económicamente, pero plantear la desaparición de cualquiera de ellos es un contrasentido de quienes ahora se consideran adalides de la democracia pero son incapaces de reflexionar en lo que verdaderamente lesiona a la ciudadanía. Lo increíble es que, hasta los priistas llegaron a entender la invaluable función de los organismos autónomos. Lo dejamos de tarea.


Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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