Los diputados creen que pueden, o que deben, o que les conviene enormemente hacer obra pública. Lo han creído siempre y han actuado en consecuencia con poderes ejecutivos que lo permiten y lo fomentan. El dinero para que los legisladores hagan obra pública es un factor de negociación presupuestal en los congresos desde hace muchas décadas y representa por sí mismo una de las terribles disfunciones del poder público en México por la simple razón de que los diputados no debieran hacer ni gestionar obras públicas, sino legislar, representar y ser contrapesos reales de los otros poderes.
En México se ha permitido que los diputados utilicen el dinero en obra pública de forma perversa, ya sea con fines eminentemente electorales, para hacerse de enormes comisiones (los verdaderos moches) por la vía de asignaciones discrecionales de obra en sus distritos, o de ambas maneras. Ninguna de ambas posiciones es honesta en tanto los legisladores no tendrían que hacer obra pública, se colocan en ventaja sobre otros aspirantes a posiciones de elección popular, invaden funciones ejecutivas, trastocan la planeación y autonomía de los municipios, generan tramos enormes de opacidad que pueden conducir a actos profundamente corruptos
El problema es que se ha hecho siempre, al grado que los legisladores consideran que se trata de un derecho, de una concesión que ofrecen los electores al uso más o menos discrecional de los recursos públicos, de una herencia del más antiguo régimen. Así que no resulta extraño que los legisladores de Morelos quieran hacer obra pública en municipios cuyos alcaldes tienen finanzas sumamente comprometidas por problemas estructurales que los diputados pasan por alto.
Esta disfunción ahora es utilizada, hábilmente hay que decirlo, por el gobierno del estado para señalar que en la negociación del presupuesto, los legisladores buscaron hacerse de recursos etiquetados para hacer obra en sus distritos, lo que esencialmente es cierto, común, y hasta patéticamente normal en México, pero que ahora se convierte en un medio obvio para el señalamiento en la situación de enfrentamiento abierto entre un Ejecutivo ciertamente voluntarioso y un Legislativo que resulta igual, con lo que la camorra se vuelve el intercambio común en el diálogo político reciente.
Sería absurdo pensar que la única razón para la ruptura entre diputados y gobernador haya sido la mochada que se pedía del presupuesto para hacer obra pública gestionada por los legisladores. Por supuesto que hay muchos más temas de ruptura, pero los diputados debieron saber que serían señalados por ese capítulo específico del presupuesto y tendrían, en todo caso, que plantearlo de otra forma. El apoyo municipal sin el conocimiento previo de los alcaldes es una ilusión, en tanto se trata de una violación fragante a la autonomía municipal que se comete, además, desde un poder que puede fácilmente castigar a los municipios en materia presupuestal, y hasta perseguir y sancionar incluso con la remoción del cargo.
Y en efecto, probablemente los diputados tienen las mejores intenciones, pero el esquema se presta a muchísimos malos entendidos, a múltiples señalamientos y a final de cuentas, a repetir los esquemas que se hicieron mucho tiempo y sirvieron para descomponer la imagen del Legislativo. Tendría que replantearse el esquema y, seguramente, permitir que cada uno de los alcaldes participara en el diseño y destino del fondo municipal, establecer reglas y protocolos de operación.
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