Cumple hoy un año el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia en las elecciones federales y estatales. Se trata de una fecha memorable porque supone el principio del fin de una forma de hacer política y la llegada de otra que se supondría profundamente distinta (por lo menos en los discursos de campaña de entonces).
Lo que han logrado Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal y Cuauhtémoc Blanco en el de Morelos, se mantiene en el terreno de la opinión más que de la certeza en la mayoría de los casos. Cualquiera aceptaría que los nueve meses de gobierno de Blanco Bravo, y los siete de López Obrador, son un período muy corto para la evaluación de logros a la que obliga más la tradición calendárica que la necesidad. Especialmente es así cuando tanto logros como fallas percibidas pueden ser matizados con la inminencia de lo colateral (las conferencias mañaneras son una muestra de gobierno abierto, pero hay denuncias contundentes sobre la manipulación de las mismas para evitar las preguntas incómodas, por ejemplo).
Hay decisiones en el gobierno federal que parecen muy extrañas, como la cancelación del aeropuerto, la construcción del Tren Maya, los recortes en ciencia y cultura, los programas de becas, y toda una colección de rarezas que derivan de un hecho fundamental: el dominio de una suerte de radicalismo vergonzante que parte de una tesis sumamente peligrosa “todo el gobierno es corrupto”.
En el caso de Morelos, hay que anotarlo, la transición ha sido mucho más moderada. La inclusión en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco de una suerte de expertos de anteriores administraciones, primordialmente panistas; la determinación (por las razones que se tengan) de no intervenir en las actividades del Legislativo y el Judicial; y el hecho de que el partido del abanderado a la gubernatura no tiene un perfil tan radical (Blanco Bravo fue postulado por Encuentro Social), han contribuido a que la transición en el estado sea mucho menos agresiva. El pendiente sigue estando en los rubros de seguridad pública y desarrollo económico que han monopolizado, por esa razón, el discurso del gobierno y sus opositores.
Cuauhtémoc Blanco reconoce que ha sido un año difícil principalmente por la resistencia de algunos adversarios “que están ahí fastidiando”. A diferencia de Graco Ramírez, la oposición que enfrenta Cuauhtémoc Blanco no radica sólo en las redes sociales o grupos ciudadanos críticos a su gestión (Graco tenía un control más o menos cómodo sobre órganos de gobierno y algunos empresarios), el hoy gobernador enfrenta mayor oposición en círculos de gobierno (parte del Congreso, varios magistrados del TSJ, cabildos y órganos desconcentrados) de la que tuvo su antecesor, y a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos y las redes sociales, la oposición institucional sí puede traducirse en un freno grave para cualquier gobernador.
Detalle importante, la oposición institucional de Cuauhtémoc no proviene de grupos políticos que perdieron el poder (por más que así quisiera verse en el análisis más simple), sino de grupos de interés que llegaron a espacios vertebrales del mismo al mismo tiempo que Blanco Bravo y en muchos casos montados de su popularidad, paradójicamente.
El ambiente político en Morelos, a un año de la elección aún vive con el fantasma de Graco, en tanto el gobierno estatal y su círculo rojo lo mantiene como un depositario de las culpas que se arrastran. Poco a poco tendrá que irse diluyendo el enemigo simbólico y el gabinete podrá concentrarse en la operación política real, que implica la generación de consensos incluso con aquellos grupos de interés que, a lo mejor por casualidad, ocupan hoy espacios donde pueden bloquear cualquier decisión.
