/ miércoles 10 de marzo de 2021

La legitimidad del poder político

En el mundo occidental del siglo XXI se busca la consolidación de la democracia, pero para lograr tal propósito es importante entender varios conceptos partiendo con el de democracia que se vincula directamente con otros como constitución, soberanía popular y poder político.

No se trata de meros conceptos doctrinarios, sino de elementos para poder explicar a la democracia en un sentido amplio y no solo en un aspecto electoral, para así poder construir un sistema democrático con dimensión política, social y económica. Recordemos que de acuerdo al inciso a) de la fracción segunda del artículo tercero de la Constitución Política, a la democracia no solo hay que entenderla como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por lo tanto, la democracia va más allá de una forma de gobierno, se trata de un tipo de Estado cuya esencia es la legitimidad del poder político, es decir, que está sustentada en el consentimiento de los destinatarios del poder político que no pueden autogobernarse, por lo que hay estructuras de control que permitan garantizar la legitimidad del poder político en su origen, ejercicio y teleología.

Ahora bien, el tema de democracia está directamente ligado al de soberanía popular; recordemos que la tipología clásica de las formas de gobierno es tripartita: hay monarquía, aristocracia y democracia, en donde esta última se identifica con la soberanía del pueblo. Rousseau nos decía que la voluntad del pueblo era la que debía imperar, es decir, la voluntad soberana, he aquí donde se desprende el concepto de soberanía popular como aquella que recae en el pueblo, y que se equipara a un régimen democrático, sin embargo, tradicionalmente se ha querido explicar la soberanía desde un ámbito jurídico, no explorando la esencia de aquella. En ideas del doctor Covián Andrade, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la teoría jurídica le da a la soberanía un tratamiento de principio declarativo en un texto constitucional, susceptible de regulación jurídica y de un ejercicio práctico que se desee, consistente en la capacidad de autodeterminarse en lo interno y hacerse respetar en lo externo, por lo que bajo esta tesitura normativa, la soberanía popular es aquella que el texto constitucional ha conferido al pueblo y que éste es titular de un poder supremo derivado de la ley fundamental, pero aquí radica una trampa que genera la usurpación de la soberanía popular por los detentadores formales del poder (gobernantes) que es visible en el caso de México.

En el texto constitucional se establece que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y entonces, ¿por qué los gobernantes toman decisiones tan trascendentales para el país sin consultar al pueblo o ciudadanía? Porque bajo la teoría jurídica, de acuerdo al artículo 41 constitucional, el pueblo ejerce su soberanía mediante los Poderes de la Unión, es decir, delega el pueblo su soberanía para que aquellos ejerzan el poder político en búsqueda del bien común. Vemos por ello que en México, la soberanía del pueblo se ejerce solamente mediante las elecciones, y una vez electos los órganos de representación, el ciudadano se desdibuja, quedando a merced del autoritarismo del gobierno. Todo esto es amparado por la teoría jurídica de la soberanía popular donde se observa una incompatibilidad entre el texto constitucional donde se establece que la soberanía es del pueblo pero que en la realidad es ejercida por sus representantes que en muchos casos actúan bajo intereses personales y económicos de entidades nacionales y extranjeras.

Pero para poder entender la esencia de la soberanía popular debemos voltear a la teoría política que concibe a la soberanía como un fenómeno esencialmente político y referente a la lucha por el poder, y que no se trata de una declaración normativa de quien es su titular sino se manifiesta en forma dinámica en el ejercicio permanente del poder, así lo explica el doctor Covián Andrade. De tal manera que la soberanía es popular no porque se establezca en el texto constitucional, sino porque así lo ha determinado quien tiene la capacidad o el poder de hacerlo, es decir, quien tiene el poder constituyente, que es la fuerza capaz de decidir la forma política del Estado o su ser o modo de ser.

Por lo tanto, para la configuración y la consolidación de una democracia se debe legitimar el poder político de sus detentadores formales que la ciudadanía ha elegido como sus representantes, de tal forma que haya una coincidencia entre la soberanía popular y el ejercicio de ésta. Pero en tiempos electorales como los que vivimos actualmente, hay que tener presente el papel que juegan los partidos políticos en la selección de sus candidatos, pues si bien es cierto los partidos no son gobierno, son el enlace entra la ciudadanía y el poder político, y si son los ciudadanos los que legitiman en su origen a los gobernantes, es de suma importancia que los partidos elijan a personajes que cuenten con ese respaldo ciudadano y no impongan a candidatos por acuerdos políticos o intereses que son ajenos a los de la ciudadanía como en el caso de Morena que nació como un movimiento que ya no quería más de lo mismo y que actualmente está postulando a políticos que no están siendo legitimados por los ciudadanos como en el caso de Salgado Macedonio que representa un desgaste para el partido Morena como para el mismo López Obrador.

En el mundo occidental del siglo XXI se busca la consolidación de la democracia, pero para lograr tal propósito es importante entender varios conceptos partiendo con el de democracia que se vincula directamente con otros como constitución, soberanía popular y poder político.

No se trata de meros conceptos doctrinarios, sino de elementos para poder explicar a la democracia en un sentido amplio y no solo en un aspecto electoral, para así poder construir un sistema democrático con dimensión política, social y económica. Recordemos que de acuerdo al inciso a) de la fracción segunda del artículo tercero de la Constitución Política, a la democracia no solo hay que entenderla como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por lo tanto, la democracia va más allá de una forma de gobierno, se trata de un tipo de Estado cuya esencia es la legitimidad del poder político, es decir, que está sustentada en el consentimiento de los destinatarios del poder político que no pueden autogobernarse, por lo que hay estructuras de control que permitan garantizar la legitimidad del poder político en su origen, ejercicio y teleología.

Ahora bien, el tema de democracia está directamente ligado al de soberanía popular; recordemos que la tipología clásica de las formas de gobierno es tripartita: hay monarquía, aristocracia y democracia, en donde esta última se identifica con la soberanía del pueblo. Rousseau nos decía que la voluntad del pueblo era la que debía imperar, es decir, la voluntad soberana, he aquí donde se desprende el concepto de soberanía popular como aquella que recae en el pueblo, y que se equipara a un régimen democrático, sin embargo, tradicionalmente se ha querido explicar la soberanía desde un ámbito jurídico, no explorando la esencia de aquella. En ideas del doctor Covián Andrade, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la teoría jurídica le da a la soberanía un tratamiento de principio declarativo en un texto constitucional, susceptible de regulación jurídica y de un ejercicio práctico que se desee, consistente en la capacidad de autodeterminarse en lo interno y hacerse respetar en lo externo, por lo que bajo esta tesitura normativa, la soberanía popular es aquella que el texto constitucional ha conferido al pueblo y que éste es titular de un poder supremo derivado de la ley fundamental, pero aquí radica una trampa que genera la usurpación de la soberanía popular por los detentadores formales del poder (gobernantes) que es visible en el caso de México.

En el texto constitucional se establece que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y entonces, ¿por qué los gobernantes toman decisiones tan trascendentales para el país sin consultar al pueblo o ciudadanía? Porque bajo la teoría jurídica, de acuerdo al artículo 41 constitucional, el pueblo ejerce su soberanía mediante los Poderes de la Unión, es decir, delega el pueblo su soberanía para que aquellos ejerzan el poder político en búsqueda del bien común. Vemos por ello que en México, la soberanía del pueblo se ejerce solamente mediante las elecciones, y una vez electos los órganos de representación, el ciudadano se desdibuja, quedando a merced del autoritarismo del gobierno. Todo esto es amparado por la teoría jurídica de la soberanía popular donde se observa una incompatibilidad entre el texto constitucional donde se establece que la soberanía es del pueblo pero que en la realidad es ejercida por sus representantes que en muchos casos actúan bajo intereses personales y económicos de entidades nacionales y extranjeras.

Pero para poder entender la esencia de la soberanía popular debemos voltear a la teoría política que concibe a la soberanía como un fenómeno esencialmente político y referente a la lucha por el poder, y que no se trata de una declaración normativa de quien es su titular sino se manifiesta en forma dinámica en el ejercicio permanente del poder, así lo explica el doctor Covián Andrade. De tal manera que la soberanía es popular no porque se establezca en el texto constitucional, sino porque así lo ha determinado quien tiene la capacidad o el poder de hacerlo, es decir, quien tiene el poder constituyente, que es la fuerza capaz de decidir la forma política del Estado o su ser o modo de ser.

Por lo tanto, para la configuración y la consolidación de una democracia se debe legitimar el poder político de sus detentadores formales que la ciudadanía ha elegido como sus representantes, de tal forma que haya una coincidencia entre la soberanía popular y el ejercicio de ésta. Pero en tiempos electorales como los que vivimos actualmente, hay que tener presente el papel que juegan los partidos políticos en la selección de sus candidatos, pues si bien es cierto los partidos no son gobierno, son el enlace entra la ciudadanía y el poder político, y si son los ciudadanos los que legitiman en su origen a los gobernantes, es de suma importancia que los partidos elijan a personajes que cuenten con ese respaldo ciudadano y no impongan a candidatos por acuerdos políticos o intereses que son ajenos a los de la ciudadanía como en el caso de Morena que nació como un movimiento que ya no quería más de lo mismo y que actualmente está postulando a políticos que no están siendo legitimados por los ciudadanos como en el caso de Salgado Macedonio que representa un desgaste para el partido Morena como para el mismo López Obrador.

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