Durante las recientes movilizaciones con motivo del noveno aniversario del crimen de Iguala, cometido en septiembre de 2014 por elementos policíaco-militares coludidos con el crimen organizado, fuentes oficiales pusieron en evidencia que Enrique Peña Nieto –entonces presidente de la República—organizó y encabezó a los funcionarios que construyeron la llamada “Verdad Histórica”.
El gobierno peñista realizó un montaje en octubre de 2014 para ocultar la verdad de lo ocurrido en Iguala, por razones de estado. Los relatos de esa terrible noche estaban generando la pérdida total de legitimidad de su gobierno, además demostrar ante la opinión pública los nexos entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, con los grupos criminales. Por esa razón, los altos mandos decidieron presentar una realidad modificada, maquillada, para lo cual ordenaron fabricar culpables, falsificar pruebas, torturar a testigos y participantes y obligarlos a declarar en favor de la nueva versión.
Así, en medio de una orgía de sangre, terror y montajes, los responsables de fabricar la nueva versión de la Noche de Iguala, intentaron dar carpetazo al asunto afirmando que “los 43 normalistas detenidos en Iguala fueron entregados por los policías a los criminales, quienes los mataron e incineraron sus cuerpos, a cielo abierto, en el basurero de Cocula”. Esta versión desde el inicio careció del mínimo de credibilidad, ya que esa noche cayó una fuerte lluvia en esa zona, y no se registró ningún incendio.
La decisión presidencial de EPN en el sentido de construir la “Verdad Histórica” fue una operación delictuosa del Estado mexicano contra los 43 normalistas; contra sus padres y contra toda la sociedad mexicana, porque en aras de los intereses del Estado quisieron encubrir los crímenes cometidos contra los estudiantes de la Normal, así como contra otros jóvenes, entre ellos algunos miembros del equipo de futbol “Los Avispones”, a quienes confundieron con normalistas.
Las investigaciones actuales arrojan la certeza de que el montaje de la “Verdad Histórica” se manejó en dos niveles del gobierno: la reunión política –que decidió el rumbo y trazó las líneas generales—se realizó el 11 de octubre en Los Pinos -entonces residencia oficial del poder- y consistió en una “Junta de Autoridades” a la que asistieron personajes de primera línea del gobierno: el propio presidente EPN; los secretarios de la Defensa y Marina; el secretario de la Presidencia, Aurelio Nuño y el Procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, quien posteriormente asumió la responsabilidad política de la operación en su conjunto, y hoy se encuentra preso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
El segundo nivel de la operación de encubrimiento tuvo lugar en varias reuniones realizadas en la sede del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, también a principios de octubre, y asistieron comandantes militares; el gobernador del Estado; el procurador de Justicia y los jefes de diversas corporaciones policiacas en la entidad. Este nivel de decisión fue de carácter operativo, es decir, sirvió para implementar las medidas y las investigaciones que crearonlas bases materiales para apoyar la decisión previamente tomada en Los Pinos.
En este punto es donde surgen las preguntas acerca del grado de responsabilidad real de Omar García Harfuch en la implementación de dichas medidas. Se trata de analizar los antecedentes de quien hoy es precandidato a Jefe de Gobierno de la CdMx, y eso es vital para la sociedad. El exjefe de la Seguridad Pública capitalina afirma que a él solo le tocó participar en aquellas reuniones, pero no tomó ninguna decisión.
En su calidad de aspirante a un cargo público, su respuesta defensiva es por completo insuficiente. Es necesario que aporte datos acerca de cuál fue su participación antes, durante y después del crimen de Iguala. Se requiere también que informe cuáles fueron las operaciones que realizó en ese momento, y en qué medida la corporación a su cargo -la Gendarmería- realizó actividades que pudieron conducir al montaje creado por el Presidente de la República.
Tomás Zerón de Lucio, jefe entonces de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se refugió posteriormente en Israel –un país con el que México no tiene tratado de Extradición—y se ha negado a declarar en torno a su responsabilidad en los hechos. Pero ha señalado –lo mismo que Murillo Karam—que el papel fundamental en la decisión de implementar la “Verdad Histórica” fue de Enrique Peña Nieto.
En el curso de la actual investigación a cargo de Alejandro Encinas, la Comisión que dirige ha revisado miles de documentos; ha analizado más de 84 millones de llamadas telefónicas que tuvieron lugar durante los días 26 y 27 de septiembre en relación con los hechos; ha tenido acceso a decenas de textos que aportó la DEA de Estados Unidos relativos a los mensajes cruzados entre los delincuentes mexicanos y sus socios en Chicago, y ha podido esclarecer algunos hechos básicos. En estos mensajes se estableció claramente la relación entre los grupos criminales y elementos de la policía y del ejército.
De acuerdo con estos materiales, los normalistas nunca volvieron a estar juntos después de ser capturados por las diversas policías municipales. Fueron segmentados en por lo menos tres grupos, y entregados a la ferocidad de los criminales que los fueron aniquilando en diversos lugares, para finalmente desaparecerlos.
Al mismo tiempo, Tomás Zerón se encargó de “sembrar” pruebas de la existencia de restos humanos en el río Cocula; torturar delincuentes para que declararan lo que convenía al gobierno peñista, de acuerdo con el guion establecido; alterar pruebas y sustituirlas por las nuevas que se iban fabricando, y en general usar la violencia, el engaño y las promesas para obtener el resultado que a sus jefes interesaba.
Hubo un momento de tensión en la conferencia del día 27 de septiembre, en la cual Alejandro Encinas presentó su informe sobre la “Verdad Histórica”: el reportero de un medio de derecha le preguntó si pensaba que no tendría la misma suerte de Murillo Karam. Alejandro Encinas respondió: nosotros no hemos alterado pruebas en relación con los hechos; no hemos fabricado culpables y no hemos torturado a nadie. Y esas son diferencias cualitativas entre la “Verdad Histórica” y la información que hoy manejamos en el gobierno, en torno a tan lamentables hechos.
Falta ahora que la FGR inicie las acciones legales para acusar penalmente a Enrique Peña Nieto, integrar el expediente y solicitar a las autoridades españolas su captura con fines de extradición. Su testimonio puede arrojar luz sobre muchos puntos que hasta hoy se mantienen en la oscuridad.
