La ministra Norma Lucía Piña fue electa por los miembros de la SCJN para presidir el órgano máximo de justicia en México, durante el período del 2 de enero del presente al 31 de diciembre del 2026. Esta elección puso fin a las aspiraciones de Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de ocupar el mismo cargo.
La elección fue muy reñida, y se considera una solución intermedia entre las posiciones polarizadas de la Corte, que se presentaron entre un ministro de derecha (Gutiérrez Ortiz Mena) y otras más cercanas al nuevo régimen de AMLO. La nueva presidenta de la SCJN es la primera mujer en llegar al máximo cargo.
Norma Lucía Piña tiene un perfil conservador y solo ha apoyado en 3 ocasiones --de 22 posibles-- las reformas de ley generadas por iniciativas del presidente AMLO. En especial votó en su momento contra la reforma eléctrica y contra la revocación de mandato. No obstante, ha sido también defensora enérgica de la igualdad de género y del medio ambiente, en diversas ocasiones.
Con la votación del 2 de enero, fueron silenciadas las campañas y debates que se produjeron en la competencia para presidir la SCJN, órgano que maneja el poder judicial en México. En particular, la ministra Yasmín Esquivel sufrió un acoso persistente por parte de los medios de comunicación, bajo acusaciones de que plagió su tesis, lanzadas por la élite de derecha y que tuvieron eco en esos medios.
La acusación de los mismos –principalmente Latinus-- contra la ministra Esquivel Mossa fue básicamente que en 1987 plagió su tesis profesional. Esta denuncia fue desmentida puntualmente por ella, al aportar pruebas contundentes de que fue redactora original de su documento, y del mismo posteriormente fueron extraídos varios párrafos que sirvieron para apoyar otras tesis, en especial la de un compañero de profesión.
La ministra Esquivel puso así punto final al escándalo mediático desatado con el fin de obstruirle el paso. Pero la intensidad del escándalo benefició de manera indirecta la candidatura de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, apoyada por los sectores de la élite del poder, principalmente por su historial cercano a los círculos financieros.
La tesis de la ministra Esquivel tuvo como tema central la inoperancia de los sindicatos de empleados del gobierno federal, incluidos en el apartado A del artículo 123 de la Constitución mexicana. Una versión muy parecida fue publicada por Ulises Báez Gutiérrez en 1986, por lo cual se generó la confusión, ya que la actual ministra publicó su documento hasta 1987. Lo que no dijeron los medios es que Esquivel Mossa redactó su tesis desde 1985, aunque la haya publicado hasta dos años después.
Para desmentir las acusaciones de plagio, la ministra Esquivel publicó en sus redes el 29 de diciembre tres dictámenes periciales de documentoscopía que demuestran claramente que la elaboración de su trabajo de graduación dio inicio en 1985. El alumno de referencia –Ulises Báez—en declaración ante notario público –presentado en manuscrito-- reconoció haber tomado varios párrafos en 1986 del proyecto de tesis de Esquivel Mossa, para elaborar y publicar su propia tesis, ya que le urgía graduarse. El documento original redactado por Esquivel estuvo ese año en manos de su directora de tesis.
La maestra Martha Rodríguez Ortiz, directora de las tesis de ambos, ha señalado en diversas ocasiones que el trabajo de Yasmin Esquivel es original, y que otros alumnos coetáneos extrajeron algunos párrafos e ideas que les sirvieron para apoyar su propia argumentación.
Queda claro entonces que la campaña de medios contra la ministra Esquivel fue lanzada hasta 35 años después, con el propósito evidente de perjudicar sus aspiraciones de presidir el máximo órgano de justicia de la nación. La Fiscalía de la Ciudad de México (FJCdMx) después de analizar los documentos, llegó a la conclusión de que el documento de Yasmín Esquivel fue el texto plagiado.
En el fondo, el escándalo mediático generado por la derecha tuvo por objeto sembrar dudas acerca de la honestidad de Yasmín Esquivel, y con ello abrir la puerta a otros aspirantes a la presidencia de la Corte. Representa un intento grosero de la oligarquía mediática para tener injerencia de manera flagrante en los asuntos internos de la SCJN. Es muy probable que la tensión del debate del 2 de enero haya anulado las principales candidaturas (Esquivel y Ortiz Mena) y diera origen de modo indirecto al triunfo de la nueva presidenta Norma Lucía Piña.
La ministra Esquivel durante su discurso de ese día, expresó que el ataque contra ella fue lanzado por fuerzas extrajudiciales que intentaron intervenir en asuntos de la SCJN. Esquivel Mossa ha ocupado diversos cargos en el área de las instituciones de justicia del país. En noviembre de 2019, a propuesta del presidente AMLO, fue elegida ministra de la SCJN.
Fue la décimosegunda mujer en ocupar un cargo en esa institución. Por cierto: durante varios episodios de su vida profesional se le acusó de tener conflicto de interés, ya que su esposo, José Riobóo, dueño de una empresa constructora, ha recibido contratos de AMLO para construir varias obras, desde la época que era Jefe de Gobierno de la capital del país.
Ante esa acusación discriminatoria respondió: “Yo no soy la esposa de…”. Su afirmación reivindica el derecho de las mujeres a escalar en los cargos públicos de acuerdo con su experiencia y capacidad, y no con base en el nombre de la persona con quien se haya casado. Esta acusación ha sido recurrente a lo largo de su carrera profesional.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por su parte, fue propuesto como ministro por Felipe Calderón durante su gobierno (2006-2012). Este funcionario fue acusado durante su encargo como Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2008 a 2012, antes de llegar a ministro, de haber condonado impuestos a varias empresas por más de 110 mil millones de pesos. En una reciente conferencia, AMLO refirió que entre 2008 y 2012 tuvieron su mayor auge las empresas factureras, justamente porque permitieron a los grandes contribuyentes evadir impuestos y defraudar al fisco.
