Durante la semana pasada se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que elimina los fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tienen en su seno fuertes cantidades de dinero, que los ministros manejan de manera por completo discrecional.
En la comisión cameral se votó por mayoría eliminar 13 de los 14 fideicomisos que los ministros han venido manejando de manera oscura, sin rendir cuentas a nadie. Hoy martes 17 serán sometidos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, y se espera que, tras reñidas discusiones, el proyecto se apruebe por la mayoría que integran los diputados de la izquierda (Morena-PT-PVEM).
De los fideicomisos sometidos a debate, destacan 3 por su importancia: el fideicomiso 80691, destinado al pago de pensiones de la cúpula dorada del poder judicial, es decir, las pensiones complementarias de los mandos superiores y los jefes de dicho poder. Otro fideicomiso es el 80692, que contiene las reservas monetarias para los pagos de otros segmentos del mismo poder.
Entre ambos fideicomisos manejan 4 mil 722 millones de pesos. El primero tiene reservas para cubrir las pensiones de los ministros hasta por 100 años: el segundo incluye los recursos para pagar las pensiones hasta por 72 años. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación –órgano de fiscalización del poder legislativo—los fideicomisos se constituyen para lograr un fin específico, en este caso, el pago de las pensiones de los ministros.
Pero de acuerdo con la realidad, esos fideicomisos no han tenido el uso para el que fueron creados. Si se les hubiera usado para ese fin, el dinero se habría gastado y solo conservarían algunos escasos fondos; pero no ha sido así, y por lo mismo los recursos se han venido acumulando en esas bolsas contraviniendo la ley.
En realidad, ese dinero ha sido “jineteado” por los administradores de la SCJN en beneficio de los altos mandos. Se calcula que, a la fecha --tomando en cuenta las altas tasas de interés que pagan los bancos-- esos fideicomisos han generado unos 800 millones de pesos, que han sido utilizados de manera discrecional, sin rendir cuentas a nadie. Son sus jugosos guardaditos.
Un tercer fideicomiso se ha usado normalmente para dar mantenimiento a las casas de los ministros (pintura, reparaciones, adecuaciones, etc.). Se identifica con el número 80696 y tiene 76 millones de pesos anuales, que los ministros usan para ese fin. En las condiciones de pobreza del país, este es un privilegio que resalta por las precarias condiciones de la vivienda popular.
Hay un hecho curioso: el fideicomiso destinado a cubrir demandas de la población, tiene en su bolsa solo 1.01 pesos, es decir, carece por completo de presupuesto. Estas demandas se refieren a acciones individuales o colectivas que inician los consumidores ante Profeco contra diversas empresas, por causas relativas a las condiciones de calidad y precio que ofrecen las empresas demandadas. Para atender esos problemas sociales, la SCJN no ha destinado presupuesto.
Una vez que se apruebe por mayoría el proyecto en la Cámara de Diputados, el asunto pasará al Senado de la República, donde la mayoría será más difícil conseguir, tomando en cuenta que la cámara alta se encuentra muy fraccionada. Pero la izquierda tiene buenas posibilidades de conseguir la aprobación, principalmente porque esta es una causa de justicia elemental.
En total, los fideicomisos de la SCJN manejan un monto superior a los 15 mil millones de pesos; junto con la disminución de otras diversas partidas que los ministros están solicitando, es probable que el recorte total sea de unos 30 mil millones de pesos, los cuales deberán ser devueltos a la Tesorería de la Federación.
El poder judicial es el único que no ha sido afectado en México por la transformación. Los integrantes de los dos restantes, Ejecutivo y Legislativo, han sido electos por el pueblo con base en las plataformas y programas que presentan los candidatos. Pero el poder de jueces y ministros se mantiene intacto, básicamente porque llegan al cargo por propuesta de alguien, o por recomendación de influyentes.
Ante la ausencia de argumentos, el poder judicial pretende llevar el conflicto a las calles. El sindicato de trabajadores del Poder Judicial, dirigido por Jesús Gilberto González –quien nunca ha defendido los intereses de sus agremiados—ya enarboló esa bandera, con la mentira de que los trabajadores serán afectados en sus intereses.
De ese modo, y siguiendo el modelo que se aplicó en la defensa del INE, hoy el conflicto se expresa con manifestaciones en las calles. Los edificios del poder judicial se han cubierto con lonas y demandas de los trabajadores. Y se ha iniciado una activa campaña para promover la defensa de los privilegios de los ministros entre diversas capas de la sociedad.
El sindicato del Poder Judicial está amenazando con llegar a un paro nacional de labores. Eso constituye una estrategia de choque con el gobierno federal, que traerá malos resultados a los ministros de la SCJN. Primero, porque los principales afectados por un paro serán los ciudadanos de a pie y algunos solicitantes de amparo, es decir, personas adineradas que tienen algún conflicto con las instituciones. Pero el grueso de la población mexicana no será afectado.
Un paro patronal del sindicato del poder judicial no tiene la menor posibilidad de triunfo. Básicamente, porque los ministros y los jueces corruptos cargan con el rechazo general de la población. El prestigio de los ministros está por los suelos. Un paro en favor de ellos sería claramente rechazado por la sociedad.
Es difícil saber de antemano el tiempo que va a durar este conflicto, y cuánto tiempo se empleará en la aprobación de los trámites legislativos del recorte. Pero se deben hacer varias consideraciones previas:
1.- En el derecho público mexicano no existe la garantía presupuestal, es decir, la ley no establece que cada año se deban aumentar los recursos que se otorgan a las diversas instancias de gobierno. En otros países existe; pero en México no. El ejemplo más claro es que hace un año el Congreso recortó el presupuesto del INE y finalmente la SCJN avaló dicho recorte.
2.- En caso de que se consiga la reducción de 30 mil millones en el presupuesto que solicita la SCJN, es probable que los ministros –por interpósita persona-- recurran al amparo en defensa de sus intereses. En tales condiciones, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece con claridad que –cuando los intereses de los juzgadores quedan involucrados en una demanda—los ministros y jueces deberán excusarse de conocerlos. En caso de hacerlo, los involucrados estarán cometiendo el delito de prevaricación.
