El veredicto contra Genaro García Luna, emitido el pasado 22 de febrero, produjo una fuerte conmoción en la derecha mexicana como no había ocurrido en muchos años. Para empezar, la sesión de la Cámara de Diputados comenzó sin la presencia de sus diputados, porque en cuanto se conoció el resultado los diputados panistas emprendieron la retirada en tropel, acompañados de inmediato por los del PRI y algunos del PRD y MC.
Al día siguiente la llamada “gran prensa” trató de desvirtuar el contenido del veredicto de Nueva York, presentándolo como una simple condena a “un alfil del “Chapo”, y tratando de ocultar el hecho evidente de que la resolución del jurado fue contra García Luna porque usó su cargo público para introducir drogas ilegales en el territorio de EU.
Pero el clímax de los alegatos tramposos se presentó cuando los medios corporativos publicaron a toda plana y a todo espacio el mensaje de Calderón en el sentido de que él luchó como nadie contra la delincuencia organizada; que no hizo distingos al luchar contra los cárteles; que aplicó la fuerza contra el delito porque es “un hombre de leyes” y que cuando se retiró del gobierno los índices de criminalidad iban a la baja.
Calderón estaba haciendo el esfuerzo por convencer a millones de ciudadanos en México de que él fue un paladín defensor del estado de derecho, y empleó una argumentación que resulta risible cuando comparamos sus datos con la realidad, expresados a través de estadísticas de los organismos oficiales del país.
Calderón trata de ocultar el hecho de que su gobierno causó la muerte, lesiones y atracos contra miles de civiles con el objeto de empoderar a un cártel (el de Sinaloa) en detrimento de los demás. Atenta contra la memoria colectiva al tratar de ocultar que aplicó un criterio selectivo para beneficiar a una banda criminal y aniquilar al resto.
Veamos al respecto: durante los seis años de su gobierno fueron detenidos 121 mil delincuentes, de los cuales solo fueron consignados 1 mil 306 (o sea poco más del 10%). De ellos 609, es decir la mitad pertenecían al cártel de “Los Zetas”; de los Beltrán Leyva fueron 223; de la Familia Michoacana 145; del cártel de Tijuana 135 y solo 114 –menos del 1%-- eran del cártel de Sinaloa.
Por cuanto a los homicidios dolosos (como se llama a las ejecuciones) durante el sexenio de Vicente Fox fueron 70 mil. Pero en el de Calderón la cifra se disparó a 132 mil, es decir hubo un aumento de 86%. Lo mismo ocurrió con otra clase de delitos, como el robo con violencia, los asaltos, los secuestros, la extorsión, el robo de vehículos, la trata de personas, el tráfico de órganos. El país entero se hundió en la locura de la violencia criminal.
Asimismo, durante el sexenio de Fox los homicidios tuvieron lugar en 53 municipios, mientras en el de Calderón los municipios afectados fueron más de 200 en toda la geografía nacional. Los dos sexenios panistas se distinguieron por el crecimiento brutal del delito y de las organizaciones criminales, y durante esos doce años se sentaron las bases para el fortalecimiento de las bandas, algunas de las cuales hoy tienen impacto internacional.
De ninguna manera se puede considerar como cierto que Calderón aplicó la fuerza del estado mexicano con base en la ley. Sí aplicó la fuerza, y lo hizo con ferocidad, contra los cárteles adversarios del de Sinaloa. La historia de cómo llegó Genaro García Luna al cargo de secretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista ya se ha publicado en diversas ocasiones: los grupos del cártel del Pacífico hicieron “una vaquita” para comprar ese cargo y poner ahí a GGL.
Después de nombrarlo, a los 16 días de haber tomado posesión del cargo de Presidente de la República, Felipe Calderón declaró la guerra contra las bandas del narcotráfico. Fue una guerra no planeada, sin análisis ni discusión pública, cuya decisión se tomó como un acto absolutamente personal y autoritario, y solo anunciada en el momento que la puso en marcha.
Es decir: Calderón comprometió a las fuerzas armadas mexicanas en una guerra sin autorización del Congreso, sin debatirla en los medios, sin escuchar la opinión de nadie, y solo obedeciendo –como lo prueban los hechos—a los intereses de un cártel y en detrimento de los demás.
Como en todo conflicto, la sociedad civil fue duramente castigada. No fue una guerra contra un invasor extranjero, ni contra la violación de las normas constitucionales por parte de algún golpista, como ocurrió en la Revolución Mexicana. Calderón desató una guerra contra la población, en la que resultaron gravemente afectados cientos de miles de civiles desarmados: unos por las agresiones de los criminales, y otros por la violencia policíaco-militar desatada contra ciudadanos no beligerantes.
Cuando Calderón afirma que no tuvo conocimiento de las relaciones de García Luna con los criminales, no solo falta a la verdad sino a la lógica más elemental. Felipe Calderón fue legalmente responsable de la conducción de toda la administración pública durante su sexenio. Además, fue comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas.
En ese sentido, Calderón tenía la obligación legal de conocer la capacidad, los antecedentes y la conducta de todos los miembros de su gabinete. Y si alguno de ellos no se ajustaba a la ley, debió despedirlo. Al afirmar que no sabía si García Luna colaboraba con los grupos criminales, además de burlarse de la inteligencia de los mexicanos, incurre en argumentos legalmente insostenibles.
En México existe un régimen presidencialista desde la promulgación de la Constitución de la República en 1917. Legalmente, las secretarías y otras dependencias no son más que oficinas responsables del despacho de las decisiones presidenciales. Todo el poder y la soberanía del pueblo se materializan en una persona, el Presidente, que puede nombrar y remover libremente a sus secretarios, los cuales no tienen la categoría de ministros como en los regímenes parlamentarios.
El hecho de desconocer la conducta de un secretario suyo, y con base en ese desconocimiento apoyarlo para lanzar una guerra contra el pueblo, hace que Calderón sea responsable de las muertes y violaciones cometidas por ese subordinado cuya conducta ignoró, y aún finge ignorar.
