El litigio alrededor del Fiscal de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, se extiende en un debate jurídico alejado ya de las acusaciones de origen. La Cámara de Diputados resolvió que el funcionario, como el resto de los fiscales, carece de la protección del fuero prevista en el artículo 111 constitucional.
La resolución se presentó ante una solicitud de desafuero que hizo la Fiscalía General de la República, que acusa a Uriel Carmona de ejercicio ilegal del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica, luego de que incumpliera el requisito de acreditar las evaluaciones de control y confianza para ocupar el cargo, y designar a otros servidores que tampoco acreditaron esos exámenes.
Los diputados federales concluyeron que los fiscales no están considerados en el catálogo de servidores enlistado en el 111 constitucional.
El tema de desafuero no es nuevo, ya estaba en proceso desde la legislatura pasada, que lo dejó en los pendientes en la sección instructora, y que ahora, el actual legislativo le dio trámite y marcó como concluido.
Sin embargo, la Fiscalía General no puede proceder contra Carmona, pues el funcionario cuenta con una suspensión provisional otorgada por un juez federal, en un juicio de amparo.
En la discusión entre diputados quedó en evidencia un tema que tiene relación estrecha con el accionar de la administración actual. La protección servidores públicos por el simple hecho de sus relaciones con personajes políticos de su pasado inmediato se terminó.
“El deseo de ustedes es establecer precedentes de inmunidad para una cofradía de fiscales a modo; cuando a ustedes les interesaba solamente acabar con el erario público dejaban a los titulares de los órganos superiores de fiscalización a modo”, dijo en su intervención el legislador federal de Morena, Marcos Rosendo Medina.
Uriel Carmona asumió el cargo en marzo de 2018, aún bajo el gobierno estatal de Graco Ramírez. En diciembre de ese mismo año, ya con Cuauhtémoc Blanco como gobernador, comenzó un proceso de remoción por la carencia de exámenes de control de confianza, y desde entonces argumentó que dicho requisito no era necesario por contar con el nombramiento unánime del Congreso de Morelos.
De los nueve años que dura el encargo como Fiscal, Carmona ha destinado ya dos años y nueve meses a litigar el tema, que se ha extendido justamente en la discusión sobre si posee o no fuero.
Este viernes, ante diputados locales, el Fiscal rindió su tercer informe, y ahí acusó presiones políticas para dejar el cargo. Adelantó que, por lo pronto, no lo hará.
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