El impacto de un homicidio como el perpetrado contra Marco Antonio Alvear Sánchez, quien se desempeñaba como Comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), requiere de las autoridades encargadas de la seguridad y justicia respuesta transparente y confiable.
Las primeras declaraciones del Fiscal de Justicia, Uriel Carmona, al calificar el crimen como un “ataque directo” llevan implícita la pretensión de separarlo de otros hechos delictivos comunes, por llamarlos de alguna manera, como los intentos de robo.
Por la forma como se cometió —más de 20 disparos— no queda duda sobre la intención de asesinarlo.
En un contexto de aumento en homicidios, el mensaje del funcionario resulta insuficiente para restaurar tranquilidad y confianza ciudadana.
Al primer bimestre del año se han registrado, de acuerdo con datos oficiales, 248 homicidios dolosos, un incremento de 37 por ciento en comparación al mismo periodo del 2023.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI indica que el 47.3 por ciento de los habitantes de Cuernavaca tiene confianza en la Policía Municipal, y el porcentaje cae el 38 en el caso de la corporación municipal. El estudio no evalúa a la Fiscalía ni a la Policía Ministerial.
Seguridad y justicia son conceptos entrelazados, cuya responsabilidad recae en el Estado para garantizar la vida y el bienestar patrimonial. Fortalecer la credibilidad en las instituciones requiere credibilidad en los procesos de procuración de justicia, así como resultados en la disminución de la impunidad.
Esta semana, el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, llamó a la comunidad a unirse en las "Veladas de Oración por México y el Mundo", enfocadas en promover la paz.
Hay una necesidad de recobrar la confianza ciudadana en las posibilidades de construir seguridad.
En el homicidio del comisionado de transparencia lo más necesario será justamente, transparencia.
Salvador Guerrero Chiprés
