El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, publicó la semana pasada un documento muy singular, donde puso al descubierto un episodio turbio en las relaciones internas de la coalición de derecha --integrada por PAN-PRI y PRD-- en relación con el gobierno de Coahuila, y revela las prácticas más deshonestas de la misma coalición.
En México todo mundo sabe que la vieja clase política prianista acostumbra realizar actos deleznables. La sociedad mexicana las padeció durante varias décadas. Pero cuando uno de los protagonistas centrales del momento político actual –nada menos que el dirigente del partido albiazul-- publica los documentos internos, y lo hace con total desfachatez, queda de manifiesto la baja calidad moral y política de los dirigentes de un organismo político que, en principio, aspira a dirigir los destinos del país, es decir, la suerte de cerca de 130 millones de mexicanos.
El documento del dirigente albiazul revela que el PRI y el PAN llegaron en 2023 a varios acuerdos: el principal es que el partido tricolor tendría prioridad para manejar los procesos y nombrar a los candidatos en los Estados de México y Coahuila, en las elecciones que tuvieron lugar en junio de 2023; el PAN, por su parte, propondría los candidatos y conduciría los procesos políticos para elegir a los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México y la presidencia de la República en 2024.
Hasta aquí los hechos conocidos. Lo que no se sabía es que, en reuniones secretas, el PAN exigió y obtuvo de los dirigentes priístas una serie de concesiones muy al estilo de la política tradicional, pero que hoy –cuando el pueblo tiene una renovada conciencia política—resultan anacrónicos, mafiosos, muy hipócritas y contrarios a la transparencia que los ciudadanos exigen a quienes participan en la actividad pública actual.
El documento de Marko Cortés pone ante los ojos de la ciudadanía mexicana un breve resumen de las peores prácticas del viejo régimen. Ese documento contiene una apretada exposición de las aberraciones jurídicas, los tratos mafiosos, la falta de respeto a la ley, a la división de poderes y al funcionamiento de los organismos autónomos. Queda claro que no les importa el destino del pueblo, ni de las instituciones, sino obtener cargos públicos, continuar con la vieja práctica de combinar la política con los negocios privados.
La motivación política de Marko Cortés, al publicar su documento, fue la venganza contra los priístas de Coahuila por no haber cumplido los compromisos de campaña que contrajeron con el partido que representa, el blanquiazul. Lo que estampó en el documento fue un convenio siniestro para convertir los votos de la población en negocios de particulares; es un atentado contra la transparencia en la función pública; contra la autonomía constitucional de los órganos oficiales en su relación con el poder ejecutivo.
De palabra, Marko Cortés y la cúpula de su partido defienden a los órganos autónomos (la independencia del poder judicial, la transparencia en la impartición de justicia). Recordemos que, como dirigente del PAN, movilizó contingentes para defender la autonomía del INE en la época de Lorenzo Córdoba, bajo la consigna de “El INE no se toca”.
Pero en ese mismo momento (febrero de 2023) de acuerdo con los datos de su documento, Marko Cortés estaba firmando acuerdos con sus socios priístas de Coahuila para apoyar la continuidad de magistrados en órganos de impartición de justicia; la designación de rectores en las universidades y el nombramiento de funcionarios de los órganos de transparencia, así como la asignación de notarías a los amigos cercanos de los dirigentes partidarios.
Marko Cortés no tuvo escrúpulos ni consideraciones de índole política y moral. Simplemente sus pretensiones fueron parte de la cuota que exigió a su socio tricolor para marchar juntos en la campaña electoral de Coahuila. Pero ahora, decepcionado ante el fracaso de sus aspiraciones, lanzó un grito de protesta ante la opinión pública nacional para reclamar lo ilegal, lo perverso de lo cual fue cómplice. Además, el líder blanquiazul posteriormente salió a decir que “es normal” en la vida política que los partidos firmen acuerdos. Marko Cortés no entiende la diferencia entre acuerdos políticos y acuerdos mafiosos. Y eso es muy grave.
El documento que comentamos estableció, entre otros acuerdos, que al PAN se le asignarían varios distritos electorales locales, entre ellos los de Monclova, Acuña, Frontera y Torreón (2). Asimismo, en los municipios donde el PAN no encabezara la planilla común, se le asignaría una regiduría y posteriormente una dirección administrativa.
Una vez logrado el triunfo de la coalición –prosigue-- el PAN obtendría secretarías de estado, entre ellas Infraestructura y Comunicaciones; Fiscalización y el órgano de Transparencia. El 20% de las oficinas del Registro Civil y de Recaudación de Rentas. El 20% de los cargos de dirección en Escuelas y Universidades, así como Seis Notarías Públicas.
También obtuvo la firma del compromiso de ratificar a Bernardo (González Morales, expresidente del comité estatal del PAN en Coahuila) como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Este acuerdo deja ver el nulo respeto de los prianistas por la autonomía del poder judicial.
Al comentar ese documento, y en uno de sus habituales arranques de cólera, Joaquín López Dóriga expresó en público que lo hecho por Marko Cortés fue una “..endejada”, y al respecto su interlocutor relató una anécdota atribuida a Fidel Velázquez, quien fuera dirigente de la CTM. Decía el eterno líder cetemista: “Si lo piensas, no lo digas; si lo dices, no lo escribas; y si lo escribes, niégalo..”. Pues Marko Cortés no lo negó, sino que lo publicó..” . Y en relación con la “..endejada” del dirigente albiazul, López Dóriga exclamó: “Eso no es un insulto; es un diagnóstico..”
Por cierto: no es la primera vez que los integrantes del PRIAN firman acuerdos violatorios de la ley y en contra los intereses populares. En 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, firmaron un acuerdo cuyas condiciones establecían:
- El PAN se comprometió a no ir en coalición con el PRD en las elecciones de 2011 en el estado de México. (Una coalición de esa naturaleza hubiera puesto en peligro la hegemonía del PRI en esa entidad, y por lo mismo la carrera política del entonces gobernador, Enrique Peña Nieto).
- A cambio de esa concesión, la bancada del PRI se comprometió a votar en favor de la reforma calderonista que aumentó el IVA de 15 a 16%. Todo ello, en detrimento de la población mexicana, en especial de la más humilde.
Es muy larga la historia del pillaje cometido por ambos partidos.
