“La situación es peor de lo que imaginábamos”, Cuauhtémoc Blanco reconoce la dimensión de la inseguridad y el miedo entre los morelenses y pide ayuda del gobierno federal, los legisladores y los ciudadanos, para poder garantizar la paz y tranquilidad de los morelenses. Habrá quienes inmediatamente lo descalifiquen y estarán en su derecho, pero si el mensaje de Blanco Bravo es bien analizado tendría que reconocerse la humildad del gobernador para (a diferencia de muchos de sus antecesores) advertir a la inseguridad como un problema multifactorial que no encuentra su solución únicamente en la voluntad y las buenas acciones del gobierno estatal.
Descontextualizar las declaraciones del gobernador de la modificación paulatina en la estrategia de seguridad pública sería injusto. El mismo día se da a conocer que el déficit de elementos policiales en Morelos alcanza a los 36 municipios; que se ha pedido al Ejército reforzar rondines de vigilancia en torno a las escuelas de tres municipios, Cuernavaca, Temixco y Cuautla; se invita a los propietarios de restaurantes y bares a conectar sus cámaras al C5 para fortalecer la vigilancia y con ello la seguridad de sus clientes; se recomienda a la gente acudir a entretenerse sólo a establecimientos con las medidas de protección para la clientela, como detectores de metales y personal de seguridad; y el gobernador reitera el llamado a los ciudadanos para denunciar los ilícitos y contribuir con ello a la sanción de conductas criminales. Es decir, no se trata solamente de pedir el auxilio de la federación, sino de implementar medidas urgentes de coordinación entre el gobierno y los ciudadanos.
En otra pista, que debería ser la misma, pero ellos sabrán cuándo las unifican, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, se suma al combate a conductas criminógenas y aunque no lo anuncia (para evitar que se le cebe el tiro), deja ver que busca ordenar dos campos en los que sus antecesores de varias administraciones en el Ayuntamiento fueron extraordinariamente suaves: el problema del comercio informal, vinculado en ocasiones con algunas formas de crimen organizado; y la abundancia de centros de distribución de alcohol a bajo costo que no cuentan con las medidas de seguridad suficientes para su clientela y que son escenarios frecuentes de delitos diversos. Esa parte de la inseguridad le corresponde a los ayuntamientos y sobre ella han sido tradicionalmente omisos, pues les permite algún control político y hasta ingresos económicos derivados de círculos de corrupción.
Habrá que reconocer la voluntad del alcalde para enfrentar a quienes se había tolerado durante ya décadas. Las acciones por venir en contra de la ilegalidad bien podrían articularse de forma efectiva con un programa de seguridad mucho más amplio y que, aunque ha sido ensombrecido por los recientes acontecimientos, al grado que el propio gobierno que lo diseñó parece olvidarse de él, corresponde al Plan de Pacificación para el estado.
En efecto, el plan famoso parte de un diagnóstico bastante racional, ya lo habíamos señalado, sobre las causas fundamentales de la inseguridad en Morelos y entre otras destaca, justamente, la colección de omisiones de los municipios en materia de control de giros rojos, comercio ambulante y otras formas de economía informal que suelen asociarse a conductas criminales diversas. Es decir, pareciera que en el caso de Cuernavaca se está haciendo lo que el manual dice; faltan ahora el resto de los municipios, aunque muchos de ellos no enfrentan el problema en la dimensión que lo tiene la capital del estado.
