Aquí en nuestro estado de Morelos, como en muchos otros lugares del país, además de que padecemos la inseguridad y la violencia, también padecemos mucho la corrupción. Estos, de hecho, son los dos problemas más importantes para los ciudadanos del país y de Morelos, cuando se les ha encuestado en los últimos años y no cambiaron ni aun durante la pandemia de Covid19, y Morelos ha aparecido como primer lugar en corrupción en varias evaluaciones recientes. Aquí hemos comentado varios de ellos. Hoy nos vimos atrapados por una de las consecuencias de la violencia grave que vivimos en Morelos, la “Desaparición Forzada de Personas”, por un cierre de calles de la salida a la Ciudad de México por la Glorieta de la Paloma y también de la entrada. Aparentemente, era una protesta por personas desaparecidas, aunque nunca pudimos enterarnos con precisión los que quedamos atrapados porque los manifestantes no informaban nada frente a la desesperación de quienes quedamos atrapados. Estoy seguro que la desesperación de los familiares de las personas desaparecidas los lleva a tomar estas medidas porque no reciben atención de fiscalías y gobiernos estatales y federales. Sabemos que en medio de este proceso de búsqueda y petición de la verdad no sólo no les prestan atención, sino también reciben amenazas y que desgraciadamente, como podemos observar en otros casos, se llegan a cumplir. Ahí tenemos el asesinato de la madre de uno de los desaparecidos en Sinaloa, la señora Rosario Lilian, que fue asesinada precisamente en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La señora Rosario había recibido más amenazas y hasta quemaron su casa. Así que entiendo de la desesperación de los familiares de personas desaparecidas de Morelos que cerraron la principal salida y entrada de Cuernavaca a la Ciudad de México. Sin embargo, no la apruebo porque es equivocada para lograr lo que se proponen, la verdad y la justicia sobre sus familiares desaparecidos, además de la desesperación de quienes simplemente íbamos a trabajar o cualquier otro lado y además no teníamos salida. Quienes estábamos cerca del punto de cierre, medio pudimos enterarnos de algo y muy impreciso, pero quienes estaban atrapados más lejos, no pudieron nunca saber y simplemente quedaron atrapados como consecuencia de esta red de violencia y corrupción. Todo esto es muy injusto contra quienes protestaron, pero también para todos nosotros. Es triste, pero lo más que van a lograr quizás es una nota en la prensa local y el coraje y rechazo de quienes quedamos atrapados. En este país, sus acciones simplemente se suman a lo que las autoridades pudieran hacer por ustedes y por nosotros, porque ahí estaba la autoridad de tránsito y de la policía, pero no intervinieron para resolver el problema, no para reprimir, por supuesto que no, sino para negociar con los familiares de los desaparecidos para hacer algo por ellos ante las autoridades judiciales y la fiscalía y por nosotros, quizás con “pases” graduales o algo más dentro de su proceso del cierre de la calle. Uno de los grandes problemas ante la desaparición forzada de personas es que las autoridades no hacen lo que es su obligación por diversas razones, pero una de ellas es quizás por corrupción.
Esta semana, precisamente para comentar los resultados “Sobre el Combate a la Corrupción en México. Informe País, 2020” me invitaron a El Colegio de México los autores del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Les comparto dos de los principales comentarios que
seleccioné analizar de la Secretaría Ejecutiva (SE) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), son la Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas entidades, que encabezan y coordinan las siete que constituyen el SNA, fueron la que menos respondieron a nivel nacional a los investigadores para saber lo que habían hecho en 2020 y, esto no solo es paradójico e inaceptable por la corrupción existente en el país, sino además de los grandes proyectos que encabezaron a nivel nacional, ninguno se realizó. Y es que el SE y los CPC nacionales coordinan a todas las entidades del SNA y tienen los mecanismos para trabajar con todos los sistemas locales anticorrupción de todo el país, los sistemas estatales y hasta los municipales, además de recibir peticiones, solicitudes y denuncias dirigidas a varios de las entidades del SNA, como la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación y diseñan la política nacional integral para combatir la corrupción. El CPC y la SE del SNA, monitoreo lo que varios estados hicieron en 2020 y encontraron que varias entidades no adecuaron su marco normativo y que Morelos no contó con SE del SEA de Morelos. Esto último es un reflejo de la captura del Estado, así lo llaman en el Informe, de la apropiación de los puestos de representación política porque entonces inmovilizan al SEA. ¿De parte de quien? Seguramente del Poder Ejecutivo estatal y del Congreso Local, que en reportes recientes es donde se ha concentrado la corrupción en Morelos. Desde luego, así poco pueden hacer para combatir la corrupción, aun dentro de las limitadas facultades legales que tienen.
