Hace rato, años que venimos presentando en la discusión pública nuestras lamentaciones sobre la violencia que padecemos, quizás desde hace más de una década en que Morelos se convirtió en epicentro nacional de los delitos de alto impacto hasta que se fueron apropiando de varias de las representaciones políticas de la entidad. Por eso hoy, el tema recurrente de la semana pasada fue de los alcaldes de los municipios de Morelos que han sido amenazados, extorsionados y atacados desde hace varios años. Varios de ellos han sido heridos y asesinados de los municipios de Temixco en 2016, unos días después de que la alcaldesa tomó posesión; un regidor y un empleado del Ayuntamiento de Coatlán del Río también en 2016; en 2017 el alcalde de Mazatepec se exhibe en un video en el que es sometido por el crimen organizado para extorsionarlo, pero que él había estado pagando desde 2015 y que prácticamente todos los presidentes municipales, acusaba él, estaban siendo “hostigados para pagar una cuota y que les permitan trabajar”, y que cuando menos 11 presidentes municipales más tendrían que pagar. El presidente del Concejo Municipal de Xoxocotla fue asesinado en junio de este año, también unos días después de haber tomado posesión, y después el secretario municipal. En febrero de este año el exalcalde de Ocuituco fue atacado a balazos en Atlatlahucan; en junio de este año, el alcalde de Tlalnepantla también fue balaceado al salir de su casa y esta primera semana de septiembre asesinaron a un exalcalde de Yecapixtla, además de otras tres personas… Seguramente hay más, pero que no se denuncian y no sabemos. Además el responsable de la Comisión Estatal de Seguridad denunció amenazas de muerte, pero sorprendentemente señaló “qué políticos podrían estar relacionados con el surgimiento de nuevos grupos criminales”. Esto no es extraño ni en Morelos ni en el país, Michoacán vivió este tipo de procesos con el secuestro del Estado en el orden municipal de varios municipios. Generó una crisis de tal magnitud que llevaron a prisión a más de 11 alcaldes y más de 30 funcionarios municipales, además de que en la parte final de ese proceso se llevó a prisión al gobernador interino de Michoacán, aunque después de dos años de proceso prácticamente liberaron a todos los detenidos, incluido el gobernador interino. Así que no nos refugiemos en la catarsis de lo que está ocurriendo en Morelos, pues ocurre desde hace más de una década. Lo verdaderamente impresionante es la falta de acciones del gobierno federal y de la procuración de justicia.
Esta semana se presenta también la noticia que un menor de edad de 17 años de edad fue apresado acusado de dos homicidios y posesión de armas y droga y, nos comenta el periodista de El Sol de Cuernavaca, que es parte de un proceso de la delincuencia organizada que seguramente lo reclutó años antes, como a varios otros menores de edad, que no es más que una réplica del Ponchis. Aunque la historia del Ponchis es muy peculiar, lo que seguramente sucede es que como sociedad morelense, pero también de todo el país, hemos dejado que se acumule socialmente la violencia y se generen, lo que yo he llamado, estas matrices sociales y culturales de la violencia, de tal manera que de repente se crean estas redes con los jóvenes para su reproducción, aunque quizás ellos lo saben o quizás no, sólo para ser eliminados, como dice el periodista los utilizan solo como carne de cañón, igual que en otras ciudades de Latinoamérica, como Medellín y Brasil. Yo he encontrado en mi propia investigación que esto ocurre desde que asisten a secundaria, donde son acosados y en ocasiones en medio de círculos de corrupción, seguro que es excepcional pero yo lo encontré así, hasta de la propia dirección de la escuela, aunque después paguen justos por pecadores, como aquel estudiante que le disparó al director de la escuela donde yo hacía investigación, aunque afortunadamente no lo mató. Pero igual que nuestros lamentos con la injusticia del acoso, extorsión y hasta muerte de algunos alcaldes, deberíamos de pedirles cuentas a nuestras autoridades federales y de procuración de justicia que ni siquiera por motivos políticos buscan hacer justicia, como en el caso de Michoacán, a donde llegaron hasta el gobernador de Michoacán y su hijo.
