Según las apariencias o la actual administración gubernamental utilizó las instancias de persecución del delito para presionar a sus adversarios políticos; o el Fiscal Anticorrupción de Morelos es verdaderamente inepto. Porque habrá que reconocer que valía la pena por lo menos la sospecha de tres sonadísimos casos de corrupción, dos en ayuntamientos, y uno en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que Juan Salazar Núñez fue incapaz de comprobar, a pesar de que por lo menos en el imaginario popular se creó una conciencia de que Miguel Ángel Colín Nava en Temixco, Jesús González Otero en Cuautla, y Alejandro Vera Jiménez, en la UAEM, tuvieron lo que podría llamarse, por lo menos un manejo poco ortodoxo de la administración de bienes y finanzas públicos. Las pruebas en contra de los tres, como se planteó en su momento, eran abundantes y culminarían, debieron culminar, con sanciones penales contra la tercia de presuntos corruptos que han sido liberados ya por los jueces que siguieron sus causas con argumentos comunes, “la fiscalía fue incapaz de hacer bien su trabajo”.
¿Eran insuficientes las pruebas en contra de cada uno de ellos?, ¿fueron fabricadas? ¿Hubo errores procedimentales? ¿se pactó con ellos algo por su liberación? ¿se recuperó algo de los recursos que se presumen perdidos? Cualquiera de las respuestas que tenemos hoy para cada una de esas preguntas evidenciaría una sospechosa falta de destreza de la fiscalía anticorrupción. No sólo eso, con los mismos elementos con que se persiguió a los dos ex alcaldes y al ex rector, pudo haberse actuado contra decenas de corruptos que fueron también señalados en medios de comunicación y círculos políticos, se pudieron obtener pruebas similares, se pudieron iniciar procesos y, seguramente, se habría obtenido el mismo resultado. Porque hoy es notorio que el actuar de la Anticorrupción fue una respuesta vacía al clamor popular de luchar contra los manejos turbios de los responsables del patrimonio público. Se trató de simular actuaciones para que los reclamos ciudadanos constantes disminuyeran, parecieran ser atendidos, pero no ocurrió ninguna de ambas cosas. El fiscal anticorrupción y su oficina entera han resultado ser más decepcionantes que la actuación de la selección mexicana en cualquier mundial de futbol. Y la gravedad que eso implica, en un tema tan especialmente sensible como es el combate a la corrupción en México, sería suficiente para que se emprendiera acción en su contra.
Peor aún, dado el resultado de cada una de las pesquisas de la Anticorrupción, hoy los antes indiciados podrían decir, y sería muy difícil desmentirlos, que el uso de la fiscalía como instrumento de persecución política les da el carácter de presos políticos y coloca al gobierno del estado como un Estado intolerante que castiga al disenso y no a las conductas criminales. De ese tamaño es la erosión que a la credibilidad de las instituciones ha provocado Juan Salazar Núñez que, a final de cuentas, tendría que responder por cada una de las terribles fallas en su gestión dañina no sólo para los funcionarios a quienes persiguió (lo peor de todo es que no podremos saber nunca si realmente fueron culpables), sino también para el estado de Morelos, que suma ahora otra oportunidad desperdiciada.
A lo mejor por eso les fue como les fue a los fiscales en la comparecencia de ayer, y francamente, tendrán que admitir, les salió barato pues pese al filo que traían los diputados mantuvieron la cordura en la comparecencia del fiscal general Uriel Carmona.
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