Algo extraño está pasando con la iniciativa privada en Morelos porque lejos de generar los empleos formales que se requieren los está perdiendo. En el primer semestre, el estado perdió 4 mil 305 plazas formales, de acuerdo con cifras del IMSS, lo que se traduce en un retroceso enorme sobre la meta de creación de empleos necesarios para la población económicamente activa. En términos porcentuales, la caída en Morelos sólo es superada por Sinaloa, que canceló 21,950.
Antes de que los analistas sin datos empiecen a concluir que se trata de cuestiones de inseguridad, adelantamos que durante el mismo período, estados que tienen problemas de seguridad pública similares a los de Morelos, como Baja California, Chihuahua y Quintana Roo, o sólo ligeramente menores, como Nuevo León; no han padecido en la creación de empleos, Quintana Roo y Nuevo León, de hecho generan más de los que requieren. Y estados donde la inseguridad ha dejado de ser un problema grave (según datos de Semáforo Delictivo), como Oaxaca y Chiapas, también padecen de grave pérdida de empleo.
Los estados que han cancelado plazas laborales formales son Michoacán, 1,024; Guerrero, 3,834; Oaxaca, 4,957; Chiapas, 4,445; Veracruz, 8,984; Sinaloa, 21,950; y Morelos, 4,305; y aunque en casi todo el país la creación de empleos es sumamente modesta, 289 mil 301 en el primer semestre, el déficit enorme de estas entidades es un factor adicional de presión sobre el indicador nacional. Las entidades son diversas, aunque todas excepto Morelos tienen costas que resultan un factor económico común, pero salvo ése, podríamos hablar incluso de estadios de desarrollo totalmente diversos. En el caso de Morelos, la pérdida de empleos no parece estar asociada a un gobierno estatal que hace lo que puede, promueve asociaciones público-privadas, hace feria del empleo para conectar a los empleadores con los solicitantes, busca mejorar la infraestructura de comunicaciones, parece comprometido contra la corrupción, en fin, pareciera que el problema no está en lo que hace el Ejecutivo que heredó un decrecimiento de 4 por ciento en la economía estatal.
Entonces el problema estaría en la iniciativa privada que, por algún factor o combinación de factores ha frenado la inversión productiva en el estado y ha determinado retraerse. Uno de los problemas evidentes está en la industria de la construcción, alta generadora de empleos y que en Morelos no ha tenido sus mejores meses debido a los problemas con la propiedad y el costo de la tierra. Otro está en el comercio, que en tiempos de recesión sufre para colocar sus productos entre los consumidores. Uno más, probablemente el más severo, está en la acción de los ayuntamientos, que poco promueven la apertura de negocios y, en aras de la regularización de los mismos generan círculos de corrupción que encarecen los costos, o de plano el cierre definitivo de locales y con ello, la pérdida de empleos.
Dos postulados económicos básicos deberían entenderse aquí, primero que el gobierno no está obligado a generar empleos, y que es deber de las autoridades estatales y municipales fomentar la creación de plazas formales de trabajo a través de la inversión privada productiva. Los ayuntamientos, con sus nóminas abultadas y la política de terror que suelen ejercer en contra de los inversionistas, particularmente pequeños, parecen entender al revés los postulados y probablemente en ello radica gran parte de la pérdida de empleos que padece Morelos. Por lo pronto es el único factor que parece verdaderamente relevante además del impacto tardío de la caída en la economía estatal que se registró en el 2018. Urge un diagnóstico serio que busque más causas que culpables de la pérdida de empleos pues sólo así será posible empezar con el tratamiento de un problema que amenaza el bienestar de todos.
