La publicación del decreto que extiende hasta el año 2024 la permanencia de las fuerzas armadas de México en labores de seguridad pública, publicado por AMLO el pasado 11 de mayo, ha generado una encendida polémica en torno a si el país se está “militarizando” por las decisiones de actual gobierno.
Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como otras instancias nacionales e internacionales –Alto Comisionado de la ONU, CIDH-- han puesto de relieve el hecho de que tal decreto “no subordina las fuerzas armadas al poder civil”, sino que los coloca en un plano de igualdad, al estipular que se establezca “coordinación” entre las diversas fuerzas que intervienen en esa tarea.
Tal debate, al final, no afecta al fondo del asunto. Porque en términos prácticos, las policías civiles no han servido para garantizar la seguridad de la sociedad. Hay muchas razones para ello, empezando por su baja capacidad operativa, su falta de entrenamiento, tecnología, armamento y equipo. Han sido completamente ineficaces para enfrentar los graves retos que les plantean los diversos factores que alteran el orden y la seguridad pública.
Podemos constatar lo anterior con la actuación de la extinta Policía Federal (PF) un órgano del poder civil lleno de corrupción, o bien de las diversas policías municipales y estatales, que muchas veces no tienen siquiera la capacidad de acercarse por sus propios medios al teatro de los hechos.
De manera constante, ante cualquier emergencia, la autoridad civil ha debido recurrir a la Guardia Nacional, tanto como al ejército y a la marina armada. Respondiendo a esa necesidad, se han creado instancias permanentes de coordinación entre todas las corporaciones que integran el conglomerado de la seguridad pública, bajo la presidencia de mandos civiles que son los gobernadores de los estados.
Echemos un vistazo a los antecedentes de la grave situación de inseguridad:
En 2006, Felipe Calderón lanzó a las fuerzas armadas a las calles para emprender la llamada “guerra contra el narcotráfico” que en realidad sirvió –como lo demuestran los últimos hechos- para luchar contra algunos cárteles y favorecer al de Sinaloa.
La estrategia fundamental consistía en “descabezar” a los grupos criminales, lo que produjo las reacciones violentas de estos en defensa de “sus” territorios y “sus” rutas de trasiego. Este accionar fue el detonador que desencadenó la guerra y las matanzas.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto continuaron aplicándose las medidas anteriores, por lo que se dispararon las cifras de los muertos, heridos, secuestrados, despojo de territorios y diáspora de habitantes para huir de las zonas de operaciones de las fuerzas en conflicto.
El cambio de estrategia es fundamental en la época actual. En primer lugar, ya no se prioriza el “descabezamiento” de cárteles, sino recuperar el control de amplias zonas del territorio nacional que habían estado a merced de las bandas de criminales.
Para lograr lo anterior se han establecido diversos programas sociales, con el fin de restarles base social a dichos grupos, lo cual ha ocurrido efectivamente en varias regiones antes controladas por el huachicol, la trata de personas, etc., todas ellas integrantes del crimen organizado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda ha aplicado un programa de congelamiento de cuentas derivadas del accionar del crimen organizado, de manera que se les ha afectado fuertemente en su capacidad operativa.
Este cambio de estrategia es fundamental. En vez de una política de confrontación, se ha seguido la de recuperar paulatinamente varios trozos del territorio nacional; privar a los delincuentes de recursos financieros para restarles eficacia; abrir fuentes de empleo para los jóvenes –fuente esencial de reclutas de los criminales—para ir aislando a estos de su entorno social.
Este conjunto de acciones no es tan espectacular como el “descabezamiento” de los grupos delincuenciales, ni sirve para los grandes montajes, pero a la larga es más efectivo. Para luchar contra el crimen organizado es esencial no solo privarlo de recursos financieros y de sus fuentes de reclutamiento, sino del flujo de armas procedentes de USA, para lo cual se hacen ingentes esfuerzos en el control de aduanas.
Pues bien: para consolidar estos avances, se requiere de unas fuerzas armadas ágiles, bien entrenadas, con buena moral de combate y con mística de servicio. Los nuevos guardias, soldados y marinos ya no son emisarios de la muerte y la rapiña, sino del orden, de la paz social, la integridad territorial y la protección de los grupos más vulnerables de la población.
Por lo mismo, no se les puede medir con la misma vara que a los cuerpos usados durante el pasado, en los sexenios panistas y el de EPN. Hoy se está atendiendo realmente el problema de la seguridad pública; antes solo se simulaba el combate a los grupos, mientras se favorecía a los más grandes y criminales.
Al menos hasta el momento, esa es la enseñanza que nos deja la detención de Genaro García Luna –un funcionario civil que manejaba soldados, marinos y policías—pero que ejecutaba órdenes de los agentes de USA dentro de la “Iniciativa Mérida”, tanto como de sus socios de los cárteles más sangrientos.
Las diferencias entre ambas líneas de acción resultan evidentes. Por lo mismo, no se puede comparar en abstracto el accionar de este gobierno con los anteriores, porque no tienen los mismos contenidos. Aquellos sacaron a las calles a los militares sin ningún fundamento legal, para hundir al país en la barbarie.
Hoy, los mandos de los grupos al servicio del orden se coordinan genuinamente con sus pares con objeto de restaurar la confianza del pueblo, mediante acciones que sirven directamente a la paz.
Los grandes operativos de los gobiernos anteriores solo eran un show para distraer a los incautos, mientras los bribones se llenaban de billetes los bolsillos; hoy existe buena coordinación interinstitucional, mucha prudencia y al mismo tiempo se va recuperando paulatinamente algo de paz, basada en la confianza popular hacia los nuevos agentes del orden público.
La publicación del decreto que extiende hasta el año 2024 la permanencia de las fuerzas armadas de México en labores de seguridad pública, publicado por AMLO el pasado 11 de mayo, ha generado una encendida polémica en torno a si el país se está “militarizando” por las decisiones de actual gobierno.
Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como otras instancias nacionales e internacionales –Alto Comisionado de la ONU, CIDH-- han puesto de relieve el hecho de que tal decreto “no subordina las fuerzas armadas al poder civil”, sino que los coloca en un plano de igualdad, al estipular que se establezca “coordinación” entre las diversas fuerzas que intervienen en esa tarea.
Tal debate, al final, no afecta al fondo del asunto. Porque en términos prácticos, las policías civiles no han servido para garantizar la seguridad de la sociedad. Hay muchas razones para ello, empezando por su baja capacidad operativa, su falta de entrenamiento, tecnología, armamento y equipo. Han sido completamente ineficaces para enfrentar los graves retos que les plantean los diversos factores que alteran el orden y la seguridad pública.
Podemos constatar lo anterior con la actuación de la extinta Policía Federal (PF) un órgano del poder civil lleno de corrupción, o bien de las diversas policías municipales y estatales, que muchas veces no tienen siquiera la capacidad de acercarse por sus propios medios al teatro de los hechos.
De manera constante, ante cualquier emergencia, la autoridad civil ha debido recurrir a la Guardia Nacional, tanto como al ejército y a la marina armada. Respondiendo a esa necesidad, se han creado instancias permanentes de coordinación entre todas las corporaciones que integran el conglomerado de la seguridad pública, bajo la presidencia de mandos civiles que son los gobernadores de los estados.
Echemos un vistazo a los antecedentes de la grave situación de inseguridad:
-\u0009En 2006, Felipe Calderón lanzó a las fuerzas armadas a las calles para emprender la llamada “guerra contra el narcotráfico” que en realidad sirvió –como lo demuestran los últimos hechos- para luchar contra algunos cárteles y favorecer al de Sinaloa.
-\u0009La estrategia fundamental consistía en “descabezar” a los grupos criminales, lo que produjo las reacciones violentas de estos en defensa de “sus” territorios y “sus” rutas de trasiego. Este accionar fue el detonador que desencadenó la guerra y las matanzas.
-\u0009Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto continuaron aplicándose las medidas anteriores, por lo que se dispararon las cifras de los muertos, heridos, secuestrados, despojo de territorios y diáspora de habitantes para huir de las zonas de operaciones de las fuerzas en conflicto.
-\u0009El cambio de estrategia es fundamental en la época actual. En primer lugar, ya no se prioriza el “descabezamiento” de cárteles, sino recuperar el control de amplias zonas del territorio nacional que habían estado a merced de las bandas de criminales.
-\u0009Para lograr lo anterior se han establecido diversos programas sociales, con el fin de restarles base social a dichos grupos, lo cual ha ocurrido efectivamente en varias regiones antes controladas por el huachicol, la trata de personas, etc., todas ellas integrantes del crimen organizado.
-\u0009La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda ha aplicado un programa de congelamiento de cuentas derivadas del accionar del crimen organizado, de manera que se les ha afectado fuertemente en su capacidad operativa.
Este cambio de estrategia es fundamental. En vez de una política de confrontación, se ha seguido la de recuperar paulatinamente varios trozos del territorio nacional; privar a los delincuentes de recursos financieros para restarles eficacia; abrir fuentes de empleo para los jóvenes –fuente esencial de reclutas de los criminales—para ir aislando a estos de su entorno social.
Este conjunto de acciones no es tan espectacular como el “descabezamiento” de los grupos delincuenciales, ni sirve para los grandes montajes, pero a la larga es más efectivo. Para luchar contra el crimen organizado es esencial no solo privarlo de recursos financieros y de sus fuentes de reclutamiento, sino del flujo de armas procedentes de USA, para lo cual se hacen ingentes esfuerzos en el control de aduanas.
Pues bien: para consolidar estos avances, se requiere de unas fuerzas armadas ágiles, bien entrenadas, con buena moral de combate y con mística de servicio. Los nuevos guardias, soldados y marinos ya no son emisarios de la muerte y la rapiña, sino del orden, de la paz social, la integridad territorial y la protección de los grupos más vulnerables de la población.
Por lo mismo, no se les puede medir con la misma vara que a los cuerpos usados durante el pasado, en los sexenios panistas y el de EPN. Hoy se está atendiendo realmente el problema de la seguridad pública; antes solo se simulaba el combate a los grupos, mientras se favorecía a los más grandes y criminales.
Al menos hasta el momento, esa es la enseñanza que nos deja la detención de Genaro García Luna –un funcionario civil que manejaba soldados, marinos y policías—pero que ejecutaba órdenes de los agentes de USA dentro de la “Iniciativa Mérida”, tanto como de sus socios de los cárteles más sangrientos.
Las diferencias entre ambas líneas de acción resultan evidentes. Por lo mismo, no se puede comparar en abstracto el accionar de este gobierno con los anteriores, porque no tienen los mismos contenidos. Aquellos sacaron a las calles a los militares sin ningún fundamento legal, para hundir al país en la barbarie.
Hoy, los mandos de los grupos al servicio del orden se coordinan genuinamente con sus pares con objeto de restaurar la confianza del pueblo, mediante acciones que sirven directamente a la paz.
Los grandes operativos de los gobiernos anteriores solo eran un show para distraer a los incautos, mientras los bribones se llenaban de billetes los bolsillos; hoy existe buena coordinación interinstitucional, mucha prudencia y al mismo tiempo se va recuperando paulatinamente algo de paz, basada en la confianza popular hacia los nuevos agentes del orden público.
