En el primer trimestre del 2022, Morelos no alcanzó a crear más del 20 por ciento de los empleos formales que requiere. De las 4 mil 800 plazas que tendrían que haberse registrado para mantener un ritmo en que el desempleo y la informalidad laboral no siguieran creciendo como problemas graves para la economía estatal, el sector productivo sólo abrió 948, de acuerdo con los datos del IMSS. El dato es tristemente revelador, pues indica que la incipiente recuperación de la economía local resulta más un hecho circunstancial que una tendencia-
En efecto, el 5.5% de crecimiento en el producto interno bruto durante 2021, es un paliativo a la caída de la economía local durante tres años consecutivos. En el 2018, el valor total de los bienes y servicios producidos por Morelos, cayó en 0.6%; para el 2019 la baja fue de 3.9%; y en el 2020 se registró el decrecimiento más fuerte, 7.5%. Es decir, con una caída acumulada superior al 12% y una tasa de crecimiento poblacional de 1.6% anual, los morelenses somos casi 20% más pobres hoy que cuando inició la administración de Cuauhtémoc Blanco, hecho que reconoce ya la Secretaría de Desarrollo Social, aunque con una aproximación bastante menos certera a los datos.
Frente a este panorama, el repunte de 5.5% en la economía local podría ser una buena noticia, pero sólo si empezara a reflejarse en otros indicadores económicos. Cierto que las cifras del producto interno bruto suelen ser las más utilizadas para el análisis en tanto consideran valores absolutos de la producción local, sin embargo, el PIB reporta datos integrados de todos los sectores económicos, sin considerar (y eso es fundamental en un estado con diversas actividades productivas como es Morelos), a cada uno de los sectores. En Morelos le ha ido mejor el turismo en el último año, pero las cifras en el campo y la industria no necesariamente son tan buenas.
Otro detalle, el crecimiento económico se mide con referencia al año anterior, es decir, después de tres años de caídas cada vez más pronunciadas, la recuperación que no alcanza para superar el tropiezo del año anterior puede considerarse más un rebote que un dato de crecimiento real. Y más cuando ese dato no se refleja en indicadores económicos relativos, como el empleo formal, la recaudación, la pobreza laboral y la productividad. En la mayoría de esos rubros el estado pinta profundamente mal. Más de la mitad de los trabajadores no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral; la productividad en el estado ha caído casi un 10%; 65 de cada 100 trabajadores son informales; y la recaudación, en consecuencia, no llega ni al 35 por ciento de lo que podría.
Frente a esos datos adicionales, la alegría que podría representar la recuperación de 5.5% en el PIB estatal languidece y la esperanza de que el indicador positivo (Morelos fue uno de los pocos estados que reportó crecimiento en el 2021) se convierta en una constante es más un rezo que muestra de confianza.
Aún frente a los indicadores negativos, en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco se tiene un gran aprecio por la secretaria de Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, a quien parece bastarle el rebote reciente en el PIB para conservar el empleo durante lo que resta del sexenio, a pesar de la evidente ausencia de un programa real de fomento a la economía y el empleo locales.
Por supuesto que el desarrollo económico es una responsabilidad que trasciende al gobierno estatal. Primordialmente, lo que ocurra en la economía local es una tarea de los empresarios, pero también es innegable que corresponde a los gobiernos municipales, estatal y federal, la generación de condiciones para fomentar el crecimiento de la economía (especialmente en situaciones de crisis), mediante los sistemas de apertura rápida, estímulos a la inversión productiva, y mecanismos de generación y aprovechamiento de las ventajas competitivas, tarea que en Morelos se hace a medias, primero porque no todos los municipios tienen políticas que favorezcan la inversión, pero sobre todo porque el Estado no ofrece resultados frente a los problemas de inseguridad, la casi absoluta impunidad, la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.
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