/ viernes 22 de septiembre de 2023

Especialistas ven necesaria una reforma electoral en materia de fiscalización de campañas

México no tiene un sistema de fiscalización que pueda detectar todos los gastos irregulares

Especialistas coincidieron en la necesidad de una reforma electoral en materia de fiscalización de campañas, pues advirtieron que el sistema actual permite el uso discrecional de recursos al establecer topes de gastos estrictos que no son acorde a las dimensiones de los comicios, entre ellos la elección presidencial.

Durante el foro virtual ¿Es necesaria una reforma electoral? organizado por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Javier Martín, investigador asociado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que una campaña presidencial es más costosa de lo que la autoridad electoral determina y el que exceder el tope de gastos de campaña sea una causa para anular la elección se vuelve un incentivo para no reportar gastos.

Te recomendamos: Elecciones 2024: ¿qué cargos se elegirán además de la presidencia?

“Como ahora el rebase del tope es una causa de nulidad, pues hay todos los incentivos para que los actores políticos hagan lo posible y lo imposible para no reportar los gastos de campaña porque si los reportas se suman al tope, si no escondes bien ese tipo de gastos te lo suman al tope y si la elección es cerrada (...) en ese supuesto se revierte la carga de la prueba en el tema de la determinancia y eso te pone un pasito de la nulidad”, dijo.

El especialista aseveró que México no tiene un sistema de fiscalización que pueda detectar todos los gastos irregulares y por ello dijo que el Congreso de la Unión que se conforme en 2024 tendría que abordar la necesidad de una reforma electoral bajo las preguntas ¿queremos que esos recursos sean transparentes? ¿Queremos que esos recursos provengan de fuentes legales?

Jorge Alcocer Villanueva, coordinador general del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, coincidió con la complejidad de fiscalizar los recursos que gastan los partidos políticos en campaña que no provienen de sus prerrogativas y advirtió que una reforma que quite el financiamiento público y lo sustituya por financiamiento privado abrirá la puerta al crimen organizado.

“La fiscalización de los partidos es un fracaso total. El INE es buenísimo en vigilar el dinero legal y los ríos de dinero ilegal nunca los ven o nunca los vemos, esa fiscalización no ha dado resultados, veamos cual es un modelo de fiscalización que de resultados y evite una de las mayores amenazas para quien habla de volver al financiamiento privado, aguas con el crimen organizado porque eso no lo vamos a poder resolver y abrir la puerta al financiamiento privado es abrir la puerta al crimen organizado, no podemos dar ese tipo de cambios si no tenemos resuelto lo principal”, expresó.

En tanto, Eva Barrientos Zepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, coincidió en que es urgente revisar la ley y proponer una reforma electoral que, destacó, tiene que surgir de todos los sectores y no de uno sólo como ocurrió con el Plan B de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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El senador panista Damián Zepeda agregó que una reforma electoral tendría que cambiar el modelo de representación proporcional en el Congreso; implementar una segunda vuelta para la elección del presidente de la República y gobernadores; y acortar el tiempo de la presidencia y de los gobiernos de los estados para dar la posibilidad de una reelección.

Especialistas coincidieron en la necesidad de una reforma electoral en materia de fiscalización de campañas, pues advirtieron que el sistema actual permite el uso discrecional de recursos al establecer topes de gastos estrictos que no son acorde a las dimensiones de los comicios, entre ellos la elección presidencial.

Durante el foro virtual ¿Es necesaria una reforma electoral? organizado por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Javier Martín, investigador asociado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que una campaña presidencial es más costosa de lo que la autoridad electoral determina y el que exceder el tope de gastos de campaña sea una causa para anular la elección se vuelve un incentivo para no reportar gastos.

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“Como ahora el rebase del tope es una causa de nulidad, pues hay todos los incentivos para que los actores políticos hagan lo posible y lo imposible para no reportar los gastos de campaña porque si los reportas se suman al tope, si no escondes bien ese tipo de gastos te lo suman al tope y si la elección es cerrada (...) en ese supuesto se revierte la carga de la prueba en el tema de la determinancia y eso te pone un pasito de la nulidad”, dijo.

El especialista aseveró que México no tiene un sistema de fiscalización que pueda detectar todos los gastos irregulares y por ello dijo que el Congreso de la Unión que se conforme en 2024 tendría que abordar la necesidad de una reforma electoral bajo las preguntas ¿queremos que esos recursos sean transparentes? ¿Queremos que esos recursos provengan de fuentes legales?

Jorge Alcocer Villanueva, coordinador general del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, coincidió con la complejidad de fiscalizar los recursos que gastan los partidos políticos en campaña que no provienen de sus prerrogativas y advirtió que una reforma que quite el financiamiento público y lo sustituya por financiamiento privado abrirá la puerta al crimen organizado.

“La fiscalización de los partidos es un fracaso total. El INE es buenísimo en vigilar el dinero legal y los ríos de dinero ilegal nunca los ven o nunca los vemos, esa fiscalización no ha dado resultados, veamos cual es un modelo de fiscalización que de resultados y evite una de las mayores amenazas para quien habla de volver al financiamiento privado, aguas con el crimen organizado porque eso no lo vamos a poder resolver y abrir la puerta al financiamiento privado es abrir la puerta al crimen organizado, no podemos dar ese tipo de cambios si no tenemos resuelto lo principal”, expresó.

En tanto, Eva Barrientos Zepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, coincidió en que es urgente revisar la ley y proponer una reforma electoral que, destacó, tiene que surgir de todos los sectores y no de uno sólo como ocurrió con el Plan B de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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El senador panista Damián Zepeda agregó que una reforma electoral tendría que cambiar el modelo de representación proporcional en el Congreso; implementar una segunda vuelta para la elección del presidente de la República y gobernadores; y acortar el tiempo de la presidencia y de los gobiernos de los estados para dar la posibilidad de una reelección.

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