Regreso a mi casa en cuanto comienza a oscurecer, yo no puedo salir de mi casa sola, sin decir a dónde voy y cómo voy; tenemos miedo porque esa gente no se detiene ante nada.
Con estas palabras relata la señora Guadalupe como ha tenido que hacer cambios en los horarios para realizar actividades fuera de su hogar ante el temor de sufrir algún ataque por parte de las autoridades del municipio de Huitzilac o de los comuneros tanto de este municipio, que asegura, se han aliado con los comuneros de San Juan Atzingo, en el Estado de México para quitarles el servicio del agua potable.
Tres meses han transcurrido desde que el presidente municipal de Huitzilac, Ulises Pardo Bastida, giró instrucciones para suspenderles el suministro de agua a los habitantes de los fraccionamientos de esta localidad, quienes aseguran, son propietarios de la red que abastece este vital líquido.
Para regresarles el servicio, añade Guadalupe, quien es una persona ya adulta, les exigen el pago de 3 millones de pesos a Bienes Comunales de San Juan Atzingo, además de entregarles la concesión y la tubería al municipio de Huitzilac.
Nos dicen paguen los 3 millones de pesos y después nos arreglamos por el derecho de paso con el de Bienes Comunales de Huitzilac; la gente no va a poder pagar porque serían como 10 mil pesos por cada uno y regalar nuestra red de agua, la tubería; además quieren que paguemos una brigada de incendios.
El pago de 10 mil pesos por familia haría casi "imposible" el acceder al servicio de agua ya que en total son 500 hogares, de los cuales "200 son gente de parajes y barrios", en su gran mayoría de escasos recursos.
Ellos como otras administraciones voraces piensan que la gente paga miles de pesos, la realidad es que quienes vivimos en los fraccionamientos pagamos 150 pesos al mes y el pueblo paga 80 pesos al mes.
El temor incrementa cuando por la zona "merodea" gente armada, muchos identificados por los mismos pobladores como "con antecedentes penales serios como homicidios, asalto a mano armada; ellos se dedican a romper tuberías para que no nos llegue el agua y les cobran a la gente pero no les entregan recibos, incluso la misma gente del pueblo los conoce pero no hablan por miedo".
La señora Guadalupe, dijo que en ocasiones han solicitado la intervención de patrullas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), pero "nunca llegan".
Agrega que tan solo de su fraccionamiento que consta de 119 lotes, únicamente 9 están ocupados de manera legal, el resto ha llegado a invadir.
La gente se ha tenido que ir por causa de estos abusos, han abandonado sus casas y cuando menos piensas llegan 2 o 3 camiones sacan las cosas y se establecen ahí hasta que lleguen otros a tomar posesión del inmueble, y si te tocó estar ahí en ese momento ya estuvo que te fue mal; han vendido terrenos que legalmente no les pertenece.
Otra de las situaciones que han orillado a los habitantes a abandonar sus casas es la inseguridad, comparte.
Han ocurrido asaltos en la carretera federal, en los fraccionamientos, invasiones de casas, robos, violaciones, asesinatos, de verdad la seguridad en la zona ha llegado a cifras que no dicen las autoridades.
Preocupa que las autoridades del gobierno del estado no atiendan el tema que pueda causar la muerte de algunos de los habitantes que defienden su derecho al agua, fustigó.
El Secretario de Gobierno no ha tenido la gentileza de asistir a ninguna junta; hemos tenido reuniones con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Agua y el tema no se ha resuelto; el mismo jurídico de la Ceagua le ha dicho que el cobro no tiene ningún fundamento legal.
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