/ lunes 9 de enero de 2023

Mapa político en Morelos: una guía para no iniciados

Para ayudar a entender lo que ocurre en el estado es necesario revisar las divisiones entre grupos, sus enconos, alianzas y espacios que dominan

El 2023, año previo a elecciones para renovar los 26 ayuntamientos, 20 diputaciones locales, la gubernatura, cinco o más diputaciones federales y dos senadurías, en conjunto con la elección presidencial, llega al estado que vive una crisis política de mayúsculas proporciones, los enfrentamientos entre grupos y actores políticos han aletargado muchas de las funciones del Estado y cada movimiento parece ser calculado más por sus efectos en el balance de poder que por su beneficio social.

Cada vez es más complicado seguir por lo menos a una decena de actores y grupos políticos con influencia en la toma de decisiones; para ayudar a entender lo que ocurre en Morelos es necesario revisar el mapa político local, las divisiones entre grupos, sus enconos, sus alianzas y los espacios que dominan.

Te recomendamos: La confrontación entre poderes afecta a los ciudadanos: Lucía Meza

En los últimos 25 años Morelos ha tenido gobernadores de cuatro partidos diferentes. La alternancia ha sido implacable con los grupos que pierden el gobierno generando crisis internas constantes en los partidos y una escasa duración de los liderazgos.

La reconfiguración política comenzó el 4 de julio del año 2000 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la gubernatura que había conservado por décadas, en ese entonces se dio el triunfo del panista de centro derecha Sergio Estrada Cajigal, quien ganó con más del 50 por ciento de las preferencias electorales, según cifras del extinto Instituto Estatal Electoral.

En el 2012 vino un segundo reacomodo con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al alzar con la victoria a Graco Ramírez Garrido Abreu, quien obtuvo el 43 por ciento de los votos. Y el tercero fue con la coalición entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), al conseguir el 49 por ciento de la preferencia electoral para su candidato, el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Además, en el estado hay al menos 11 partidos políticos con registro local y uno con registro nacional que buscan influir en la agenda política.

En la búsqueda por el poder, en el estado de Morelos han existido confrontaciones, lo mismo en el Congreso, las fiscalías, el Ejecutivo y otras tantas instituciones.

Los Ulises y los Góber

Cuauhtémoc Blanco no era el candidato de Morena a la gubernatura. Ese espacio correspondía todavía al final de 2017 al entonces senador Rabindranath Salazar Solorio. La coalición con el Partido Encuentro Social (PES) obligó a Morena a ceder la posición al exfutbolista que, a la postre, ganaría la elección y comenzaría a operar con un grupo compacto de cercanos suyos, entre ellos su hermano Ulises, a quien el propio equipo del gobernador reconoce como líder y operador de la transición de cuadros del PES y ciudadanos a las filas de Morena.

El grupo reconocido como Los Ulises, desde que operaron la toma del partido guinda, se ha ido fortaleciendo desde que Ulises Bravo Molina buscó y logró, aunque fuera por unos días, la presidencia del Comité Directivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); su mayor fortaleza es el poder que mantiene desde el gobierno del estado, y se ha afianzado por medio del apoyo brindado a municipios aliados. “Presidente, presidente”, gritaban al unísono alcaldes que lo acompañaron el 27 de septiembre de 2022 a la asamblea informativa sobre la Reforma Electoral celebrada en el municipio de Xochitepec, cuya fecha fue muy cercana al golpe que le asestó el juzgado federal al dejar sin efecto su designación como presidente de Morena Morelos.

Sigue leyendo: Tres partidos denuncian actos anticipados de campaña de morenistas

En ese entonces lució acompañado por los ediles de Mazatepec y Amacuzac, Jorge Toledo Bustamante y Jesús Iturbe Aranda, respectivamente, entre otros, los cuales se fortalecieron y decidieron formar un grupo más amplio de alcaldes que el pasado 23 de noviembre salieron en defensa del Paquete Económico 2023 impulsado por el Gobierno del estado.

“Vamos primero a hacer el llamado a que el Congreso rectifique y que el recurso del Fondo de Infraestructura Regional se distribuya de manera equitativa a los 36 municipios, de lo contrario respaldamos la controversia que el Ejecutivo presente”, fueron parte de las palabras de los alcaldes encabezados por Brenda Guerra Valaguez, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Ahí el grupo se amplió a más de 20 ya con otros como: Huitzilac, Cuautla, Coatetelco, Tetecala, Xochitepec, Ayala, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Hueyapan, Coatlán del Río, Tepalcingo, Atlatlahucan.

Los Bravo se agrupan ahí mismo junto a sus funcionarios públicos que mayormente lo acompañan, como Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Económico; Sandra Anaya Villegas, de Administración; Víctor Mercado Salgado, de Movilidad y Transporte; Jaime Juárez, de la Comisión Estatal del Agua, y otros de acuerdo con archivos periodísticos de El Sol de Cuernavaca.

Jorge Messeguer Guillén, del Frente Cívico Nacional, manifestó que este séquito de “corcholatas” que Blanco Bravo ha decidido que lo “sucederán”, conforman un grupo que se puede fusionar con el impulsado por su hermano.

Congreso

En contrapeso está el Congreso del Estado, en donde la diversidad política no ha impedido la conformación de un grupo mayoritario que ha sido capaz de aprobar lo que se propongan; se conforma tanto por personajes de izquierda, derecha, centro y progresistas, con posibilidades de alcanzar una alianza electoral en 2024.

El llamado G-15 se integra por el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala (PAN) que logró quedarse por segundo año consecutivo al frente de las finanzas; de su mismo grupo parlamentario la diputada Andrea Gordillo Vega, Ángel Adame Jiménez y Óscar Cano Mondragón.

De Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado y Julio César Solís Serrano; de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez y Verónica Anrubio Kempis; de Morena, Paola Cruz Mendoza, Macrina Vallejo Bello y Alberto Sánchez Ortega. Los diputados únicos del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz; del PR,I Eliasib Polanco Saldívar; y de Morelos Progresa, Marguis del Rayo Salcedo.

Te interesa: Voy contra 15 diputados, he podido contra más: Cuauhtémoc Blanco

La construcción de esa mayoría no fue sencilla, durante la primera etapa de la Legislatura, y hasta la elección interna de Morena, en que el grupo de Los Ulises se apoderó del partido, los diputados de Morena junto a Tania Valentina se alineaban con el gobernador y aparecían en actos públicos del Ejecutivo.

La ruptura se dio justo después de la ocurrida en el partido: “Trabajamos todos los diputados en construir acuerdos entre nosotros, y fue muy fácil porque de aquél lado (en el Ejecutivo) no cumplen los compromisos ni con los diputados de Morena, ni con la gente”, explicó a El Sol de Cuernavaca la diputada Andrea Gordillo unos días antes de rendir su primer informe de actividades.

La construcción de esa nueva mayoría logró desatorar las cosas por un tiempo en el Congreso, sin embargo, para cerrar el 2022 el Tribunal Electoral de Morelos desconoció la incorporación de Alberto Sánchez Ortega a la fracción parlamentaria de Morena y falló a favor del diputado Arturo Pérez Flores, y le devolvió la Junta Política y de Gobierno de la que había sido depuesto para colocar a Macrina Vallejo. Con ello, el órgano de gobierno del Congreso regresará este mes a manos de un aliado del gobernador. A pesar de ello, el grupo de 15 legisladores de oposición al Ejecutivo que forman mayoría en el Legislativo sigue intacto.

La tercia de ases

En palabras del gobernador Cuauhtémoc Blanco, desde la salida de Graco Ramírez del Ejecutivo se conformó la tercia de ases: el fiscal general de Justicia del Estado, Uriel Carmona Gándara; de Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Israel Hernández Cruz.

Los tres funcionarios fueron designados antes de la toma de protesta del gobernador, quien ha buscado la destitución de Carmona Gándara y de Hernández Cruz por diversas vías jurídicas sin tener éxito. Por el contrario, la ofensiva local contra el fiscal Carmona y su réplica en el Congreso de la Unión, lograron que la Suprema Corte de Justicia reconociera que los titulares de fiscalías autónomas cuentan con fuero constitucional, por lo que no puede ser removido a pesar de que su nombramiento se dio sin contar con exámenes de control de confianza.

En el caso del presidente de la CDHM, la búsqueda del gobernador fue infructuosa y el Congreso ratificó al ombudsperson de Morelos en junio, con lo que permanecerá en el cargo hasta 2025.

Te recomendamos: ¿Qué pasaría en la Fiscalía si se va Uriel Carmona?

Los tres órganos autónomos han mostrado independencia del Ejecutivo, sobre el que han iniciado investigaciones por diversas causas. En el caso de la Fiscalía General hay por lo menos una carpetas de investigación sobre posibles vínculos del gobernador con grupos delictivos; la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres juicios de procedencia para poder fincar al gobernador responsabilidad penal por al menos seis delitos; mientras que la Comisión de Derechos Humanos ha sido puntual en los señalamientos sobre el mal estado de los penales y los albergues del DIF en el estado.

Los tres funcionarios son asiduos visitantes al Congreso del Estado al que acuden para actos públicos diversos, desde comparecencias hasta entregas de premios y reconocimientos.

Los AMLOvers

Hay otros actores políticos que presumen entenderse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacen alianzas sólo coyunturales con otros grupos políticos. Los tres trabajan buscando la nominación de Morena a la gubernatura del estado. Si bien todos ellos tienen posiciones en cabildos y oficinas de instituciones públicas, difícilmente operan en la política interna.

Lucía Meza Guzmán, Rabindranath Salazar Solorio y Margarita González Saravia, en ése orden, tienen también influencia en algunos de los asuntos públicos de Morelos. La primera básicamente ejerce en la zona oriente del estado; el segundo en la zona de Jiutepec, y González Saravia tiene una mayor fuerza en Cuernavaca.

La actividad de Rabindranath Salazar y la de Margarita González se reforzó desde mediados del año pasado, pero sólo con actividades orientadas a obtener la nominación de su partido.

“Morena no tiene capital político, no tiene una estructura, su estructura se basa en los beneficiarios de programas sociales”, mencionó el excandidato a gobernador bajo las siglas del PRI, Jorge Meade Ocarranza. Y los tres funcionarios cuyo mayor valor en común es la lealtad con el presidente López Obrador, conocen a miles de esos beneficiarios.

Los alcaldes aspirantes

Con un capital político propio y alejados del gobernador, pero tampoco cercanos al Congreso, hay en Morelos tres alcaldes que podrían ser postulados a la gubernatura, dos de ellos trabajan abiertamente para ello en Morena, que arrancó muy temprano las precampañas.

Juan Ángel Flores Bustamante, de Jojutla, y Rafael Reyes Reyes, de Jiutepec, se mantienen como personajes independientes a otros grupos dentro de su partido y especialmente alejados del grupo del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Junto con José Luis Urióstegui, de Cuernavaca, que para el círculo rojo es el más fuerte aspirante a la gubernatura de un eventual bloque opositor, los alcaldes representan un peso político específico en sus regiones que incluyen a los dos municipios más poblados del estado.

ESAF

La auditora de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, fue designada por la LIV Legislatura. En reiteradas ocasiones el Congreso del Estado la ha acusado de trabajar de la mano del Ejecutivo y, en respuesta, ésta se defiende diciendo que los diputados han iniciado actos de violencia política contra ella para evitar que expliquen las cuentas públicas en sus municipios en los que han gobernado.

La disputa por el control de la auditoría estatal ha sido sólo uno de los frentes de batalla en tanto controla los tiempos y la ejecución de la verificación a las finanzas del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos y municipios. Las constantes acusaciones de corrupción en el manejo de los recursos públicos han sido parte de la batalla entre los grupos, y el conflicto de poder en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, mantiene detenidos trabajos de revisión, algunos desde 2015, pero la mayoría entre 2018 y 2021.

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La oposición

También con miras al 2024 se ha comenzado a intensificar el protagonismo de la oposición integrada por el PAN, Dalila Morales; el PRD, Sergio Prado Alemán; y el PRI, Jonathan Márquez. Quienes incluso ya han anunciado con dos años de anticipación que van en alianza para ganar en las urnas: “Vemos una oposición apagada, vemos uno que otro en el Congreso, pero creo que hacen falta liderazgos, no se ve esa sucesión para la gubernatura, sí hay perfiles, pero no están en esta dinámica como lo está el grupo de Cuauhtémoc Blanco y de los oficiales”, anota Messeguer.

Ese bloque tiene sus cartas a las que ya echó a andar con trabajo y operación política en el estado. Jonathan Márquez (PRI) incluso ha mostrado ya su baraja de aspirantes, todos ellos con alguna influencia en la política local: el senador Ángel García Yáñez; el diputado local Eliasib Polanco Saldívar; la exdiputada y ex senadora Rosalina Mazari Espín, y hasta la actual secretaria general del partido en Morelos, Laura Ocampo.

Frentes cívicos en Morelos

La iniciativa nacional de conformar una oferta única de oposición bajo una plataforma, principios y candidaturas únicas, fue tomada en Morelos en por lo menos tres escalas. Primero la más cercana a la ciudadanía operada por algunos exfuncionarios de gobierno, empresarios y activistas sociales, que se ubica en el Frente Cívico Nacional capítulo Morelos en que aparece cotidianamente el exactivista ciudadano y experredista, Jorge Messeguer Guillén, pero también la científica Brenda Valderrama, exalcaldes, académicos, empresarios, en fin.

Otro frente es el que parece más cercano al exgobernador Graco Ramírez, quien trabaja directamente con Guadalupe Acosta Naranjo en la construcción de candidaturas únicas en el plano federal, ellos ya tienen incluso una operación política por secciones electorales. Uno más, desde la CDMX, es promovido por Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, quien convoca más a gente de la sociedad civil. Los tres frentes comparten la intención de ganarle el estado a Morena en las próximas elecciones.

¿Por qué están peleados?

Jorge Messeguer, excandidato al gobierno de Cuernavaca por el PRD, opinó que en la democracia de Morelos siempre han existido grupos políticos que no necesariamente son la causa de una polarización, sino más bien es la falta de responsabilidad de quienes deberían ponderar el diálogo y el consenso. “Cuando el titular carece de toda capacidad para generar acuerdos y más bien es proclive a generar conflictos, pelear, a establecer pleitos, diferencias con el Congreso, alcaldes, el Poder Judicial, y toda aquella persona que no piense como él”.



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El 2023, año previo a elecciones para renovar los 26 ayuntamientos, 20 diputaciones locales, la gubernatura, cinco o más diputaciones federales y dos senadurías, en conjunto con la elección presidencial, llega al estado que vive una crisis política de mayúsculas proporciones, los enfrentamientos entre grupos y actores políticos han aletargado muchas de las funciones del Estado y cada movimiento parece ser calculado más por sus efectos en el balance de poder que por su beneficio social.

Cada vez es más complicado seguir por lo menos a una decena de actores y grupos políticos con influencia en la toma de decisiones; para ayudar a entender lo que ocurre en Morelos es necesario revisar el mapa político local, las divisiones entre grupos, sus enconos, sus alianzas y los espacios que dominan.

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En los últimos 25 años Morelos ha tenido gobernadores de cuatro partidos diferentes. La alternancia ha sido implacable con los grupos que pierden el gobierno generando crisis internas constantes en los partidos y una escasa duración de los liderazgos.

La reconfiguración política comenzó el 4 de julio del año 2000 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la gubernatura que había conservado por décadas, en ese entonces se dio el triunfo del panista de centro derecha Sergio Estrada Cajigal, quien ganó con más del 50 por ciento de las preferencias electorales, según cifras del extinto Instituto Estatal Electoral.

En el 2012 vino un segundo reacomodo con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al alzar con la victoria a Graco Ramírez Garrido Abreu, quien obtuvo el 43 por ciento de los votos. Y el tercero fue con la coalición entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), al conseguir el 49 por ciento de la preferencia electoral para su candidato, el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Además, en el estado hay al menos 11 partidos políticos con registro local y uno con registro nacional que buscan influir en la agenda política.

En la búsqueda por el poder, en el estado de Morelos han existido confrontaciones, lo mismo en el Congreso, las fiscalías, el Ejecutivo y otras tantas instituciones.

Los Ulises y los Góber

Cuauhtémoc Blanco no era el candidato de Morena a la gubernatura. Ese espacio correspondía todavía al final de 2017 al entonces senador Rabindranath Salazar Solorio. La coalición con el Partido Encuentro Social (PES) obligó a Morena a ceder la posición al exfutbolista que, a la postre, ganaría la elección y comenzaría a operar con un grupo compacto de cercanos suyos, entre ellos su hermano Ulises, a quien el propio equipo del gobernador reconoce como líder y operador de la transición de cuadros del PES y ciudadanos a las filas de Morena.

El grupo reconocido como Los Ulises, desde que operaron la toma del partido guinda, se ha ido fortaleciendo desde que Ulises Bravo Molina buscó y logró, aunque fuera por unos días, la presidencia del Comité Directivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); su mayor fortaleza es el poder que mantiene desde el gobierno del estado, y se ha afianzado por medio del apoyo brindado a municipios aliados. “Presidente, presidente”, gritaban al unísono alcaldes que lo acompañaron el 27 de septiembre de 2022 a la asamblea informativa sobre la Reforma Electoral celebrada en el municipio de Xochitepec, cuya fecha fue muy cercana al golpe que le asestó el juzgado federal al dejar sin efecto su designación como presidente de Morena Morelos.

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En ese entonces lució acompañado por los ediles de Mazatepec y Amacuzac, Jorge Toledo Bustamante y Jesús Iturbe Aranda, respectivamente, entre otros, los cuales se fortalecieron y decidieron formar un grupo más amplio de alcaldes que el pasado 23 de noviembre salieron en defensa del Paquete Económico 2023 impulsado por el Gobierno del estado.

“Vamos primero a hacer el llamado a que el Congreso rectifique y que el recurso del Fondo de Infraestructura Regional se distribuya de manera equitativa a los 36 municipios, de lo contrario respaldamos la controversia que el Ejecutivo presente”, fueron parte de las palabras de los alcaldes encabezados por Brenda Guerra Valaguez, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Ahí el grupo se amplió a más de 20 ya con otros como: Huitzilac, Cuautla, Coatetelco, Tetecala, Xochitepec, Ayala, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Hueyapan, Coatlán del Río, Tepalcingo, Atlatlahucan.

Los Bravo se agrupan ahí mismo junto a sus funcionarios públicos que mayormente lo acompañan, como Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Económico; Sandra Anaya Villegas, de Administración; Víctor Mercado Salgado, de Movilidad y Transporte; Jaime Juárez, de la Comisión Estatal del Agua, y otros de acuerdo con archivos periodísticos de El Sol de Cuernavaca.

Jorge Messeguer Guillén, del Frente Cívico Nacional, manifestó que este séquito de “corcholatas” que Blanco Bravo ha decidido que lo “sucederán”, conforman un grupo que se puede fusionar con el impulsado por su hermano.

Congreso

En contrapeso está el Congreso del Estado, en donde la diversidad política no ha impedido la conformación de un grupo mayoritario que ha sido capaz de aprobar lo que se propongan; se conforma tanto por personajes de izquierda, derecha, centro y progresistas, con posibilidades de alcanzar una alianza electoral en 2024.

El llamado G-15 se integra por el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala (PAN) que logró quedarse por segundo año consecutivo al frente de las finanzas; de su mismo grupo parlamentario la diputada Andrea Gordillo Vega, Ángel Adame Jiménez y Óscar Cano Mondragón.

De Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado y Julio César Solís Serrano; de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez y Verónica Anrubio Kempis; de Morena, Paola Cruz Mendoza, Macrina Vallejo Bello y Alberto Sánchez Ortega. Los diputados únicos del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz; del PR,I Eliasib Polanco Saldívar; y de Morelos Progresa, Marguis del Rayo Salcedo.

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La ruptura se dio justo después de la ocurrida en el partido: “Trabajamos todos los diputados en construir acuerdos entre nosotros, y fue muy fácil porque de aquél lado (en el Ejecutivo) no cumplen los compromisos ni con los diputados de Morena, ni con la gente”, explicó a El Sol de Cuernavaca la diputada Andrea Gordillo unos días antes de rendir su primer informe de actividades.

La construcción de esa nueva mayoría logró desatorar las cosas por un tiempo en el Congreso, sin embargo, para cerrar el 2022 el Tribunal Electoral de Morelos desconoció la incorporación de Alberto Sánchez Ortega a la fracción parlamentaria de Morena y falló a favor del diputado Arturo Pérez Flores, y le devolvió la Junta Política y de Gobierno de la que había sido depuesto para colocar a Macrina Vallejo. Con ello, el órgano de gobierno del Congreso regresará este mes a manos de un aliado del gobernador. A pesar de ello, el grupo de 15 legisladores de oposición al Ejecutivo que forman mayoría en el Legislativo sigue intacto.

La tercia de ases

En palabras del gobernador Cuauhtémoc Blanco, desde la salida de Graco Ramírez del Ejecutivo se conformó la tercia de ases: el fiscal general de Justicia del Estado, Uriel Carmona Gándara; de Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Israel Hernández Cruz.

Los tres funcionarios fueron designados antes de la toma de protesta del gobernador, quien ha buscado la destitución de Carmona Gándara y de Hernández Cruz por diversas vías jurídicas sin tener éxito. Por el contrario, la ofensiva local contra el fiscal Carmona y su réplica en el Congreso de la Unión, lograron que la Suprema Corte de Justicia reconociera que los titulares de fiscalías autónomas cuentan con fuero constitucional, por lo que no puede ser removido a pesar de que su nombramiento se dio sin contar con exámenes de control de confianza.

En el caso del presidente de la CDHM, la búsqueda del gobernador fue infructuosa y el Congreso ratificó al ombudsperson de Morelos en junio, con lo que permanecerá en el cargo hasta 2025.

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Los tres órganos autónomos han mostrado independencia del Ejecutivo, sobre el que han iniciado investigaciones por diversas causas. En el caso de la Fiscalía General hay por lo menos una carpetas de investigación sobre posibles vínculos del gobernador con grupos delictivos; la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres juicios de procedencia para poder fincar al gobernador responsabilidad penal por al menos seis delitos; mientras que la Comisión de Derechos Humanos ha sido puntual en los señalamientos sobre el mal estado de los penales y los albergues del DIF en el estado.

Los tres funcionarios son asiduos visitantes al Congreso del Estado al que acuden para actos públicos diversos, desde comparecencias hasta entregas de premios y reconocimientos.

Los AMLOvers

Hay otros actores políticos que presumen entenderse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacen alianzas sólo coyunturales con otros grupos políticos. Los tres trabajan buscando la nominación de Morena a la gubernatura del estado. Si bien todos ellos tienen posiciones en cabildos y oficinas de instituciones públicas, difícilmente operan en la política interna.

Lucía Meza Guzmán, Rabindranath Salazar Solorio y Margarita González Saravia, en ése orden, tienen también influencia en algunos de los asuntos públicos de Morelos. La primera básicamente ejerce en la zona oriente del estado; el segundo en la zona de Jiutepec, y González Saravia tiene una mayor fuerza en Cuernavaca.

La actividad de Rabindranath Salazar y la de Margarita González se reforzó desde mediados del año pasado, pero sólo con actividades orientadas a obtener la nominación de su partido.

“Morena no tiene capital político, no tiene una estructura, su estructura se basa en los beneficiarios de programas sociales”, mencionó el excandidato a gobernador bajo las siglas del PRI, Jorge Meade Ocarranza. Y los tres funcionarios cuyo mayor valor en común es la lealtad con el presidente López Obrador, conocen a miles de esos beneficiarios.

Los alcaldes aspirantes

Con un capital político propio y alejados del gobernador, pero tampoco cercanos al Congreso, hay en Morelos tres alcaldes que podrían ser postulados a la gubernatura, dos de ellos trabajan abiertamente para ello en Morena, que arrancó muy temprano las precampañas.

Juan Ángel Flores Bustamante, de Jojutla, y Rafael Reyes Reyes, de Jiutepec, se mantienen como personajes independientes a otros grupos dentro de su partido y especialmente alejados del grupo del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Junto con José Luis Urióstegui, de Cuernavaca, que para el círculo rojo es el más fuerte aspirante a la gubernatura de un eventual bloque opositor, los alcaldes representan un peso político específico en sus regiones que incluyen a los dos municipios más poblados del estado.

ESAF

La auditora de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, fue designada por la LIV Legislatura. En reiteradas ocasiones el Congreso del Estado la ha acusado de trabajar de la mano del Ejecutivo y, en respuesta, ésta se defiende diciendo que los diputados han iniciado actos de violencia política contra ella para evitar que expliquen las cuentas públicas en sus municipios en los que han gobernado.

La disputa por el control de la auditoría estatal ha sido sólo uno de los frentes de batalla en tanto controla los tiempos y la ejecución de la verificación a las finanzas del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos y municipios. Las constantes acusaciones de corrupción en el manejo de los recursos públicos han sido parte de la batalla entre los grupos, y el conflicto de poder en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, mantiene detenidos trabajos de revisión, algunos desde 2015, pero la mayoría entre 2018 y 2021.

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La oposición

También con miras al 2024 se ha comenzado a intensificar el protagonismo de la oposición integrada por el PAN, Dalila Morales; el PRD, Sergio Prado Alemán; y el PRI, Jonathan Márquez. Quienes incluso ya han anunciado con dos años de anticipación que van en alianza para ganar en las urnas: “Vemos una oposición apagada, vemos uno que otro en el Congreso, pero creo que hacen falta liderazgos, no se ve esa sucesión para la gubernatura, sí hay perfiles, pero no están en esta dinámica como lo está el grupo de Cuauhtémoc Blanco y de los oficiales”, anota Messeguer.

Ese bloque tiene sus cartas a las que ya echó a andar con trabajo y operación política en el estado. Jonathan Márquez (PRI) incluso ha mostrado ya su baraja de aspirantes, todos ellos con alguna influencia en la política local: el senador Ángel García Yáñez; el diputado local Eliasib Polanco Saldívar; la exdiputada y ex senadora Rosalina Mazari Espín, y hasta la actual secretaria general del partido en Morelos, Laura Ocampo.

Frentes cívicos en Morelos

La iniciativa nacional de conformar una oferta única de oposición bajo una plataforma, principios y candidaturas únicas, fue tomada en Morelos en por lo menos tres escalas. Primero la más cercana a la ciudadanía operada por algunos exfuncionarios de gobierno, empresarios y activistas sociales, que se ubica en el Frente Cívico Nacional capítulo Morelos en que aparece cotidianamente el exactivista ciudadano y experredista, Jorge Messeguer Guillén, pero también la científica Brenda Valderrama, exalcaldes, académicos, empresarios, en fin.

Otro frente es el que parece más cercano al exgobernador Graco Ramírez, quien trabaja directamente con Guadalupe Acosta Naranjo en la construcción de candidaturas únicas en el plano federal, ellos ya tienen incluso una operación política por secciones electorales. Uno más, desde la CDMX, es promovido por Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, quien convoca más a gente de la sociedad civil. Los tres frentes comparten la intención de ganarle el estado a Morena en las próximas elecciones.

¿Por qué están peleados?

Jorge Messeguer, excandidato al gobierno de Cuernavaca por el PRD, opinó que en la democracia de Morelos siempre han existido grupos políticos que no necesariamente son la causa de una polarización, sino más bien es la falta de responsabilidad de quienes deberían ponderar el diálogo y el consenso. “Cuando el titular carece de toda capacidad para generar acuerdos y más bien es proclive a generar conflictos, pelear, a establecer pleitos, diferencias con el Congreso, alcaldes, el Poder Judicial, y toda aquella persona que no piense como él”.



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