Pedro Martínez Bello, abogado del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, inició una denuncia en contra de 29 diputados de la actual Legislatura, con excepción de Jesús Escamilla, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y colusión de servidores públicos, al aprobar una serie de jubilaciones y reformas, con el objetivo de beneficiarse.
Personal cercano al próximo mandatario estatal mencionó que el abogado presentó la denuncia en contra de los legisladores, en la cual se acusa de las diferentes reformas, además de designar al fiscal especializado anticorrupción a pesar de que se trata de una Fiscalía especializada e independiente.
El abogado señaló que los legisladores crearon dos plazas de comisionados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) de forma innecesaria, lo que significa mayor carga presupuestal para Morelos, nombrado además a personas con un claro conflicto de intereses, al tratarse de familiares de diputados. La iniciativa fue presentada por Mario Chávez Ortega, y su esposa es una de las nominadas en el nombramiento, el cual ampliaron por siete años más.
Los diputados de la LIII legislatura, acusó, ampliaron las facultades del fiscal de Justicia del Estado, porque ahora tendrá bajo su responsabilidad el C3, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, que, por tratarse de programas de prevención, competen al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, dieron salarios vitalicios a los fiscales, al titular y a los fiscales especiales. “Cabe mencionar que el incremento de 330 millones a 710 millones de pesos anuales no se justifica por carecer de un proyecto alguno que así lo indique”, agregó. Con esto se otorga autorización para desviar recursos públicos destinados a la promoción y desarrollo de la economía del estado, obtenidos de la Secretaria de Economía y Turismo, llamados Fidecom y Fitur.
Adicionalmente, los diputados autorizaron las pensiones a funcionarios del Gobierno que no tienen el derecho adquirido, admitiendo presuntamente documentación falsa sin investigar su veracidad, entre secretarios de despacho y esposas de los mismos, incluso de las mujeres de los diputados y trabajadores de confianza del Congreso.
El también representante del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, comentó que son muchas las agravantes que han realizado los diputados en contra de los ciudadanos, ahora corresponderá ver si en verdad el fiscal del estado es autónomo o si obedece a la línea del gobernador y fue puesto para dar un manto de protección a los diputados o si hay un compromiso real en la procuración de justicia.
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