En tiempos de Covid-19, el Estado tiene muchas encomiendas, algunas externas a temas de salud, como subvertir la legitimidad de los carteles del narcotráfico y lograr recuperar los espacios que, desde hace tiempo, ha estado perdiendo ante los mismos. Esto, sin duda, requiere cooperación, no solo del Ejecutivo Federal y sus instituciones de seguridad, sino también, de gobiernos locales y municipales, que coadyuven a frenar y desmantelar la plaga social que ha provocado más muertes en nuestro país.
Este 5 de marzo de 2021 dieron arranque las campañas a gubernaturas en cinco estados de la República: Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima y Sonora. Desde el 07 de septiembre de 2020, inicio del proceso electoral 2020-2021, hasta el 05 de marzo de 2021, el Indicador de Violencia Política de Etellekt, una consultoría especializada dedicada al diseño de estrategias de comunicación, análisis de riesgos y políticas públicas, registró al menos 205 agresiones contra personas políticas en 29 de las 32 entidades federativas, dejando un saldo de 55 víctimas de homicidio doloso, de las cuales 14 de ellas eran aspirantes a puestos de elección, 12 militantes de partidos políticos, 7 ex candidatos, 7 ex regidores y ex síndicos, 6 ex alcaldes, 4 dirigentes partidistas, 3 alcaldes y 2 regidores y síndicos. Este escenario deja claro que la inseguridad golpea a todos, incluso a aquellos que “buscan” combatirla.
La inseguridad es el problema que más nos preocupa a los mexicanos, sin embargo, abordar temas de seguridad pública, pero sobre todo plantear estrategias claras y cursos de acción para obtener escenarios favorables, no ha sido ni es el tema favorito de los gobiernos o de los que pretenden llegar a los espacios públicos –candidatos-. Quizá para muchos ha sido un tema incomodo, uno que puede llegar a trascender para mal su espacio o estatus en el poder público. Sus propuestas se han vuelto simplistas y generales, o en el caso de los gobiernos en turno, su respuesta ante la pregunta de cómo es el panorama en temas de seguridad pública, se torna positiva, maquillando escenarios repletos de homicidios y delincuencia.
Hablar y plantear estrategias en temas de seguridad pública debe ser uno de los puntos claves y primordiales en este proceso electoral, sobre todo para aquellos candidatos que pretenden ocupar los puestos públicos más cercanos a un ciudadano, es decir, en el gobierno municipal. Pero no solo proponer estrategias de seguridad pública es lo más importante, sino también evitar el afianzamiento de grupos del narcotráfico en las campañas políticas, con el objetivo de obtener influencia y control político, ya sea para obligar a renunciar a los candidatos a sus aspiraciones políticas o para limitar su autonomía cuando estos lleguen al poder, infiltrando personas que están involucradas directamente con actividades delincuenciales, o en el peor de los casos y anticipadamente, que los propios candidatos sean propuestos por el crimen organizado.
Nos queda claro que garantizar la seguridad de los aspirantes en esta elección es un reto urgente, pero más aún evitar la vinculación de estos con el crimen organizado.
