Denise Dresser, destacada comentarista, académica y politóloga de la derecha mexicana, fue sancionada por la sala especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con diversas medidas, por considerarla responsable de ejercer violencia política de Género (VPG) contra la diputada federal morenista Andrea Chávez.
La sanción fue impuesta durante la sesión del 16 de noviembre pasado, e incluye diversas medidas como el pago de una multa de 20 mil 748 pesos, además de pedir una disculpa pública a la diputada Chávez y publicar en sus redes el texto de la sanción. Además, su nombre será inscrito durante un año y medio en la lista de personas sancionadas en materia de violencia política de género. Esta lista figura en los archivos del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, la académica deberá tomar un curso sobre derechos humanos e igualdad de género, pagada por ella misma, con el fin de que modifique su conducta en relación con las mujeres.
El razonamiento central que condujo a los magistrados del TEPJF a imponer la sanción, consistió en que la violencia patriarcal es una conducta social muy arraigada en la conciencia pública, muy internalizada, que se ejerce no sólo por varones, sino también por mujeres, aunque estas se digan feministas, como lo demuestra el caso de Denise Dresser.
La violencia política de género impide a las mujeres, en distintas formas y por diversos medios, el libre ejercicio de su derecho a participar libremente en la política. Es una forma tradicional de impedir a las mujeres que vivan y ejerzan sus derechos en un ambiente de igualdad y libertad, entre ellos el derecho de ocupar cargos de elección popular.
Denise Dresser comentó el 15 de agosto pasado, en un programa de Latinus --la plataforma digital dirigida por Carlos Loret de Mola-- que la carrera política de Andrea Chávez ha sido impulsada por el presidente López Obrador, y que en la última campaña electoral recibió favores de un “excandidato presidencial” (refiriéndose a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación) con quien supuestamente Andrea Chávez tenía una relación de “noviazgo”.
La diputada morenista demandó a la politóloga Dresser ante la sala especializada del TEPJF, con el resultado que se menciona. Ella misma dio a conocer el resolutivo de esa sala en sus redes sociales. Y comentó que la también académica Dresser había atentado con esos comentarios contra su prestigio personal, su carrera política, su familia y contra su pareja, y que la violencia que ejerció Dresser consistió en sugerir, de la manera más tradicional, que “las mujeres jóvenes no pueden participar en política si no tienen un novio o amante que las apoye”, lo cual significa el uso de un lenguaje simbólico lleno de violencia.
Por su parte, Denise Dresser a través de sus redes se disculpó en público ante Andrea Chávez, pero criticó y cuestionó el Tribunal, arguyendo que ese organismo había ejercido “acoso legal” en contra suya, entre otras cosas porque había dejado muchos asuntos pendientes en otros temas, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien fue finalmente exonerado por el pleno del mismo Tribunal, en el tratamiento de un caso similar. Salinas Pliego fue inicialmente sancionado en la primera instancia por la violencia verbal que ejerció contra Citlalli Hernández, senadora y secretaria general de Morena, a quien insultó de manera soez.
La académica Dresser expresó también que “los seres humanos a veces nos equivocamos, y usamos palabras o expresiones que en ciertos lugares se pueden tomar como violencia política de género”. El aspecto de la sanción que más molesta a la maestra de la Ibero es que se haya resuelto su inscripción en la lista de personas que usan la violencia de género, lo cual considera “es desproporcionado”.
Agregó que este tipo de resoluciones constituyen un “antecedente peligroso” porque pueden ser usadas por el gobierno o su partido para acallar la crítica de mujeres o varones que disienten del poder. Por tal razón, después de pedir una disculpa pública a la diputada Chávez, adelantó que apelará las sanciones por considerar que no favorecen la libertad de expresión ciudadana.
Es posible que a Denise Dresser, al apelar ante el pleno del Tribunal –o sea, en una segunda instancia—reciba un trato parecido al que recibió el dueño de TV Azteca. La legislación mexicana en materia de protección a las mujeres aún no se ha desarrollado, y por tal razón no les otorga protección completa contra la violencia de género. La ideología machista y patriarcal sigue siendo muy fuerte. Y a las mujeres les falta organización y fuerza política para contrarrestar esa mentalidad social, tanto en la vida privada como en la pública.
Por otro lado, los argumentos del TEPJF en favor de Ricardo Salinas Pliego para no sancionarlo, son una muestra palpable del poco desarrollo de las medidas de protección a las mujeres contra la violencia de género. Al exonerar al dueño de TV Azteca por su conducta agresiva y patriarcal –concretada en la violencia verbal que ejerció contra Citlalli Hernández— el TEPJF usó argumentos pueriles, llegando a afirmar que Salinas Pliego no participa en asuntos políticos, y por lo tanto no ejerció esa violencia.
Este argumento hace a un lado el hecho de que la violencia política se ejerce no solo entre funcionarios y legisladores de ambos géneros, en el ejercicio de la política, sino en el ámbito de la conciencia social. En el caso de la violencia ejercida contra Citlalli Hernández, Salinas Pliego difundió sus ataques a través de sus redes sociales y agredió a la senadora morenista.
En el caso de Salinas Pliego, el asunto es que el agresor es dueño de una empresa televisora, la cual constituye un medio poderoso para difundir y perpetuar la ideología patriarcal en el seno de la sociedad. En el momento que Salinas Pliego fue exonerado, la lucha contra la violencia de género sufrió una fuerte derrota. Es claro entonces que la legislación mexicana actual en esta materia presenta grandes vacíos, lo cual favorece y es aprovechado por los agresores para cumplir su cometido, sin ninguna consecuencia.
