La SCJN y sus ingresos principescos

Diversos medios de circulación nacional dieron a conocer en fecha reciente, la lista de privilegios y prebendas que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los cuales están muy por encima de otros funcionarios públicos del más alto nivel, inclusive del presidente de la República.

Los ciudadanos mexicanos vivían impactados antes por los sueldos y prestaciones de los consejeros del INE (por fortuna ya en desuso) pero a partir de hoy se ven obligados a reactualizar sus conceptos. El nivel de las percepciones de los ministros de la SCJN es en verdad principesco. El órgano responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución General de la República, no se aplica a sí mismo los conceptos republicanos de austeridad.

El artículo 127 de la Constitución General de la República establece que ningún servidor público de cualquier categoría puede percibir ingresos mayores a los del Presidente de la República. La SCJN se otorgó amparo a sí misma para violar ese precepto. En su conjunto, los privilegios de sus ministros solo se comparan con los que tenían los príncipes italianos del Renacimiento, o con los actuales de la Casa de Windsor, reinante en Gran Bretaña.

Además de un salario de unos 300 mil pesos mensuales, cada ministro(a) obtiene primas vacacionales muy sustanciosas; un seguro médico personalizado por 30 millones de pesos; apoyo para comer en restaurante por unos 723 mil pesos anuales. O sea, poco más de 2 mil pesos diarios para comer, incluyendo sábados, domingos y días festivos. Además, existe un servicio de comedor especial en la propia Corte donde los ministros pueden ordenar se les preparen toda clase de alimentos y bebidas alcohólicas.

Si un ministro se jubila, va a percibir un salario muy parecido al que tiene en la actualidad; además, tiene derecho a que dos personas lo apoyen en sus actividades, y puede llevarse para uso personal las dos camionetas blindadas que hubieren estado asignadas a su servicio durante su encargo. Los gastos de estos vehículos en gasolina y lubricantes se garantizan a través de vales por más de 20 mil pesos mensuales.

Durante el ejercicio de sus funciones, los ministros disponen de 5 millones de pesos mensuales para contratación de personal especializado a su servicio. Cuentan con protección federal; servicios de apoyo en el aeropuerto para viajar al extranjero; viáticos suficientes para toda clase de viajes; peaje libre en todas las carreteras federales cuando viajen dentro del país.

Cuentan además con tres equipos de cómputo e impresión a su servicio, así como el apoyo técnico necesario; 6 teléfonos celulares de alta gama para uso de ellos y sus familiares; dos Ipads para uso personal de cada quien. Se puede decir que todos los pasos de un ministro dentro y fuera del país están rigurosamente cubiertos por el erario público, y tanto su salud como su seguridad personal corren a cargo del estado mexicano.

En total, en 2022 la SCJN manejó un presupuesto de más de 73 mil millones de pesos en beneficio de 11 ministros y sus familiares. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tuvo un costo total de unos 74 mil millones de pesos, que se invirtieron en materiales y en sueldos, salarios y prestaciones de miles de trabajadores, nos damos cuenta del enorme costo del viejo y pesado aparato burocrático del poder judicial, donde se han refugiado los últimos vestigios del antiguo régimen.

La SCJN forma parte de un entramado de abogados, jueces, litigantes y gestores legales de empresas e individuos relacionados con el antiguo régimen neoliberal. En total los 11 ministros duran 15 años en su encargo. El último gran litigio se presentó en torno a la candidatura de la ministra Yasmín Esquivel, a quien le inventaron un supuesto plagio cometido presuntamente hace unos 30 años, con objeto de frenarla en sus aspiraciones de convertirse en presidenta de la SCJN.

La controversia fue zanjada por una candidatura de compromiso, lo que facilitó a la ministra Norma Piña convertirse en presidenta del organismo. A partir de ese momento, la Corte ha emitido decenas de amparos en favor de varios delincuentes: por ejemplo, otorgó la libertad a Rosario Robles, responsable de la Estafa Maestra.

Uno de los actos más significativos en la época de la nueva presidenta es que un Tribunal desbloqueó las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, exactamente el mismo día en que éste fue considerado culpable de favorecer al narcotráfico por un jurado de la Corte federal de Brooklyn, Nueva York.

En este contexto, el proceso político de cambios que se inició con la victoria electoral de López Obrador en julio de 2018 ha venido radicalizando las posiciones políticas de los contendientes, a favor y en contra del proceso. El nuevo régimen controla el aparato del poder ejecutivo y la mayoría simple del poder legislativo. El grupo más refractario al cambio se ha enquistado en el poder judicial. En los hechos, la SCJN se ha convertido no solo en caja de resonancia de los grupos de derecha y del antiguo régimen, sino en el brazo protector que ejerce en favor de ellos su concepto de “justicia”, siempre a favor de los individuos y grupos más retardatarios de la sociedad y de la política.

Cada día se hace más evidente la necesidad de introducir cambios de fondo en el poder judicial. Ernesto Zedillo borró de un plumazo la antigua SCJN y la remplazó por 11 ministros, y esa composición aún subsiste. En aquella época no hubo mayor escándalo, porque la devaluación del peso y la crisis derivada del “error de diciembre” capturaron la atención pública.

En el momento actual, por el contrario, las acciones de la SCJN se encuentran en el ojo del huracán, porque se han convertido en el vértice de los grupos de oposición de derecha. El solo hecho de la quema en la plaza pública el pasado 18 de marzo de un muñeco de la ministra Piña produjo en los medios tradicionales un escándalo de proporciones mayores.

Ante el fracaso de sus planes A y B, el presidente AMLO ha lanzado el “Plan C”, que consiste esencialmente en que los partidos de la coalición de izquierda (Morena-PT-PVEM) consigan la mayoría calificada en el próximo congreso federal que se elegirá en 2024 (o sea, obtener 334 diputados de 500 y 95 senadores de 128) de tal manera que el nuevo congreso tenga capacidad jurídica de aprobar las reformas constitucionales que se requieran, inclusive desaparecer esta Corte y nombrar una nueva.