En el Senado de la República se aprobaron recientemente reformas a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de evitar que el Instituto Nacional Electoral (INE) ponga obstáculos en las intenciones de los partidos políticos de regresar a la federación parte de sus recursos que obtiene por concepto de financiamiento público.
A partir de estas reformas y adiciones a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partido Políticos y al artículo 19 ter de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los partidos políticos tendrán la facilidad de regresar parte de su financiamiento público al gobierno federal, con el objetivo de que estos sean destinados, principalmente, a la atención de las familias que resulten damnificados por eventos o fenómenos naturales que generen una catástrofe.
Antes de estas reformas, los partidos políticos se enfrentaban a una seria de problemáticas y burocratismos para poder regresar a la federación parte de su financiamiento público. Por un lado, el INE, encargado de la ministración mensual del financiamiento Público notificaba a los partidos políticos la imposibilidad de regresar determinadas cantidades de sus prerrogativas al gobierno.
Por otro lado, la propia Secretaría de Hacienda no tenía mecanismos para poder recibir la devolución de recursos por parte de los partidos políticos y en algunos casos se perdía el objetivo del reintegro del financiamiento público de los partidos políticos.
Un ejemplo claro de ello, sucedió durante el sismo del mes de septiembre del 2017, donde la mayoría de los partidos políticos renunciaron a recibir parte de su financiamiento público para donarlo a la ayuda de las familias damnificadas. Por las trabas del INE y de Hacienda, el reintegro de esos recursos se logró efectuar hasta mediados del 2018.
En varios casos, cuando un partido político anuncia públicamente renunciar a sus prerrogativas financieras para ser donadas a ayudas humanitarias, lo hacen con una estrategia político electoral, porque en muchos casos sólo se queda en el anuncio, pero nunca se ejecuta la donación de los recursos, por las trabajas legales y de procedimiento que existían.
A partir de estas reformas, aquellos partidos políticos que renuncien o pretendan reintegrar parte de su financiamiento público al gobierno federal para ayudas humanitarias frente a desastres naturales, podrán hacerlo con total agilidad. Prácticamente será inmediato el proceso en el que los partidos devuelvan parte de sus recursos públicos. En consecuencia, la Secretaría de Hacienda estará obligada a destinarlo de manera pronta a propósitos humanitarios.
Con ello, también, se logra evitar las pretensiones de muchos partidos políticos que, frente a los desastres naturales y sus consecuentes daños a la población, utilizan sus recursos públicos para lucrar con el dolor de las personas, al utilizar parte de su financiamiento con fines inminentemente clientelares y electoreros.
Lucy Meza, senadora por Morelos
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