El principio de representación y la legitimidad son pilares del diseño institucional del Estado mexicano y del sistema democrático. No obstante, una y otra acusan la crisis resultante de la perversión y desvalorización de amplias esferas del poder público.
Hoy es difícil negar que, por doquier, el Poder Legislativo, teóricamente el poder más representativo, refleja un déficit crónico de representatividad, aunado a una dominante percepción de que algunos legisladores y/o grupos al interior de los Congresos, abdican a ejercer su principal competencia, que es la de legislar.
Ese abandono de la función legislativa, para desplegar un intenso activismo de injerencia y control del Ejecutivo, crea un vacío institucional en la producción de Derecho, que es casi siempre, llenado por el Ejecutivo mismo y el propio Poder Judicial.
Es claro entonces que, al descuidar la actividad legislativa, el Congreso de facto renuncia en la práctica a su papel primordial, de empatar las demandas de la sociedad a través del debate parlamentario y la producción legislativa.
Hablamos entonces, de un distanciamiento creciente entre representantes y representados. En este contexto, pocos votantes identifican programas bien definidos o asociados a ideologías partidistas, o con consistencia y significado político-programático.
Esto socava el carácter cualitativo de la representación parlamentaria, especialmente la representación proporcional, o los llamados representantes plurinominales, que teóricamente deberían ser resultado de la capacidad de elección de los votantes, de entre los diferentes programas de los partidos.
Los teóricos plantean que la solución a esta problemática, no puede excluir la implementación de reformas que incluyan al Poder Legislativo y restablezcan un equilibrio más saludable entre los Poderes.
Es inaplazable y necesario que la producción legislativa se base en consideraciones técnicas y políticas, sujetas a un diálogo amplio y eficaz con la sociedad, a fin de que las decisiones reflejen la más fiel expresión del interés público.
También es necesario garantizar que los ciudadanos y los grupos que representan intereses legítimos participen activamente, tengan voz e influyan realmente en el proceso de toma de decisiones, dado que las soluciones a estos problemas aparentemente no pueden ir más allá de los partidos y las comisiones, así como de la regulación de las actividades de cabildeo.
En el debate presupuestal entre el Ejecutivo y el Legislativo, es importante que encontremos un modelo de gestión que clarifique el real alcance de la función de control y seguimiento del presupuesto por parte del Congreso, y contenga la invasión de funciones y el amago legislativo.
Considero de la mayor importancia, que el debate en torno al presupuesto se institucionalice, dando mayor peso relativo a las bases programáticas, que a los intereses específicos de grupos o individuos.
Desde luego estoy a favor de que las coaliciones tengan incidencia en la toma de decisiones, pero a condición de preservar un mínimo de rigor técnico y cohesión en la formulación y ejecución de las políticas públicas. En otras palabras, exigir mayores criterios que la mera conveniencia del momento, a cambio del apoyo parlamentario.
Y en este contexto me parece que la agenda política gubernamental, está relacionada con la organización del sistema de partidos y los factores que condicionan su accionar, ya que, en la realidad, son percibidos por gran parte del electorado como entes controlados por agentes en busca de ganancias privadas, en detrimento del bien común. Esto constituye el mayor desafío del sistema de partidos.
La democratización de la vida partidaria parece imponerse en este escenario. La cuestión o lo que parece plantearse, es si los partidos impulsarán voluntariamente este cambio o si dejarán que el descontento político de los ciudadanos se acumule a tal punto que la democratización de los partidos deba ser impuesta.
El fortalecimiento de la cultura democrática es el factor que más puede contribuir al mejoramiento sustantivo, y no sólo formal, de nuestra democracia. En este sentido, es fundamental impulsar ampliamente la educación para la cultura política participativa, requisito indispensable para cualificar y revitalizar el proceso democrático. Sin esto, corremos el riesgo de relegar a los ciudadanos a un papel secundario en el régimen democrático.
En resumen, se plantea el rescate del orden constitucional, como solución de problemas económicos y sociales, además de la revitalización del sistema representativo, incluido el sistema de partidos y de las instituciones del gobierno, y estos últimos elementos pueden considerarse partes esenciales de una reforma política profunda y eficaz. Una reforma política que va mucho más allá de sus aspectos estrictamente electorales.
En el debate de esa reforma política, la realización de transformaciones económicas, políticas y sociales que atenúen y administren los antagonismos en la sociedad; favorezcan el aprovechamiento de los aspectos positivos de nuestra diversidad; promuevan la convivencia pacífica y pluralista y revitalicen al sistema representativo y normativo, serán los ejes de referencia de una transformación que reconozca al ciudadano como principio y fin de esta consolidación democrática y de regeneración nacional.
