Es una realidad que hoy en día, Morelos carece de infraestructura hidráulica para regular los flujos naturales irregulares y para proteger ciertas áreas contra inundaciones extremas, quedando a la zaga de entidades de la región.
Por ello, resulta de la mayor urgencia diseñar y evaluar políticas públicas, claramente orientadas a los siguientes ejes temáticos:
Garantizar el satisfacer el aumento de las necesidades de agua relacionadas con el desarrollo socioeconómico, generando nuevas necesidades; proteger los recursos hídricos y mitigar los impactos negativos de inundaciones y sequías mediante la construcción de infraestructura hidráulica, particularmente presas de almacenamiento y diques de protección.
Asegurar la sostenibilidad de esa infraestructura a través de operación, mantenimiento adecuado y gestión racional y sustentable de equipos e instalaciones.
En materia de grandes represas, deben ser construidas después de sólidos y detallados análisis de factibilidad, que abarquen los aspectos técnicos, económicos, financieros, sociales y ambientales de su construcción, operación y gestión, en respuesta al crecimiento actual y futuro de las necesidades de agua y protección contra inundaciones, y considerando las limitaciones de los recursos financieros y humanos del país y de nuestro Estado.
Paralelamente a las grandes represas, se debe implementar un programa de pequeñas y medianas represas en toda nuestra geografía. Las pequeñas presas servirán para el abastecimiento de agua, el desarrollo de pequeños riegos, para minihidráulica, puntos de agua para el ganado y deberán responder a necesidades de agua bien definidas.
Se debe optar por la construcción de represas de tamaño mediano para abastecer de agua a algunas ciudades.
El diseño y construcción de presas y otras infraestructuras hidráulicas cumplirán los estándares internacionales y buenas prácticas establecidas.
Se garantizará su correcto funcionamiento y mantenimiento, así como el seguimiento de la seguridad estructural. Se elaborarán planes de contingencia para grandes presas considerando la posibilidad de su falla. Se acompañaría este esfuerzo con el desarrollo del reglamento de seguridad de presas.
En las ciudades y pueblos afectados por las inundaciones se deben construir o reforzar presas de protección. Los diques estarían sujetos a inspecciones periódicas y mantenimiento por parte de sus propietarios, siendo el seguimiento realizado por las administraciones autonómicas del agua, ya que pueden desarrollarse tramos debilitados que serán puntos de ruptura durante las crecidas.
Se debe crear y mantener actualizado un registro de las obras hidráulicas del Estado: presas, diques, bordos de contención, regulación de ríos, tomas de agua, riego, abastecimiento de agua y redes de saneamiento.
Es claro que todo ello requiere un uso eficiente de los recursos presupuestales y financieros de la entidad. Por ello la propuesta es mejorar la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y la gestión integrada de los recursos hídricos fomentando el concepto del agua como bien económico.
Debemos impulsar la promoción de nuevas inversiones y la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas e instituciones de gestión del agua a través de la recuperación total de los costos de operación, mantenimiento, gestión e inversión.
Para este objetivo, debemos considerar una política tarifaria del agua orientada por los principios de una cultura de pago, quien contamina paga, la sostenibilidad, la equidad, el uso eficiente del agua, la conservación del medio ambiente, la descentralización y la gestión participativa, deben ser referentes obligados de una política tarifaria.
Se sugieren criterios para la definición de tarifas de agua cruda, agua tratada para diferentes tipos de usos en áreas urbanas, agua en áreas rurales, saneamiento, riego, energía hidroeléctrica y descarga de efluentes.
La política tarifaria del agua se implementaría en todo Morelos, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la tarifa a niveles aceptables en relación a los diferentes tipos de usuarios, capacidad financiera y perspectiva de evolución de cada subsector, como el riego con pequeños campesinos.
Las tarifas de abastecimiento urbano de agua deben ser diferenciadas para cada sistema. La tarifa de uso doméstico deberá cubrir al menos los costos de operación, mantenimiento y gestión. Otros usuarios de agua en áreas urbanas deben pagar una tarifa que cubra el costo total del agua.
Las tarifas en las zonas rurales y la forma de cobro deben ajustarse y ser adecuadas y adaptadas a las condiciones locales.
Los municipios, con el apoyo de las instituciones de gestión del agua, deben generar las condiciones para la introducción de tarifas y tarifas de saneamiento. Estas tarifas y cánones de los sistemas de saneamiento convencionales (para drenaje de aguas residuales y pluviales) deben cubrir los costos de operación, mantenimiento y gestión.
Los criterios para definir las tarifas por vertidos de efluentes y multas por incumplimiento serán elaborados e implementados por las administraciones regionales del agua, previa decisión de la Comisión Nacional y Estatal del Agua, así como de los sectores de agua y medio ambiente.
Las inversiones en cualquier área se deben apegar a la realización desde una perspectiva rigurosa de sostenibilidad financiera y técnica, con la debida atención a sus impactos sociales y ambientales.
El Gobierno en todo ello guarda un rol de promover la inversión y la gestión privadas en todas las áreas pertinentes del sector del agua, en particular la energía hidroeléctrica, el riego y la infraestructura hidráulica. Para las áreas de riego que cuenten con infraestructura pero no estén en operación, se considerarán contratos de concesión y administración, con el objeto de que estas áreas estén en operación lo más pronto posible.
