En el corazón de la Ciudad de México, un dilema jurídico y ético resuena con la fuerza de un clarín taurino: la continuidad de las corridas de toros en la emblemática Plaza México. Este debate, más que una cuestión de tradición o cultura, se ancla en los principios más fundamentales de la justicia y la constitucionalidad, enfrentando el legado de una práctica ancestral contra la creciente conciencia por el bienestar animal.
La decisión del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del pasado 13 de febrero, que negó la suspensión definitiva solicitada por la Asociación Civil "Todas y Todos por Amor a los Toros", representa el último episodio de una batalla legal que se libra en los Tribunales y en la opinión pública. La resolución inicial de conceder una suspensión provisional, revocada posteriormente por un Tribunal Colegiado, pone de manifiesto la complejidad y la polarización del tema.
La intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al proponer prohibir el maltrato animal, añade una nueva dimensión a la disyuntiva. Su iniciativa busca modificar la Constitución para proteger a los animales, e integrar este cuidado en la educación, marcando un posible punto de inflexión en la manera en que la sociedad mexicana se relaciona con sus tradiciones y con el mundo natural.
Sugiere una adición al artículo 4º, en el siguiente sentido: "Queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas".
De aprobarse el texto constitucional, con su respectivo proceso legislativo, plantea interrogantes sustanciales: ¿Podrían las corridas de toros coexistir con un mandato constitucional que prohíbe el maltrato animal?, ¿Es posible justificar el dolor de los toros como una expresión cultural en un marco jurídico que se compromete a proteger a los animales?
La controversia nos invita a reflexionar sobre si los derechos deben extenderse para englobar responsabilidades hacia otras especies, especialmente en escenarios donde el sufrimiento animal es un componente integral del espectáculo. Adicionalmente, su defensa como manifestación cultural arraigada, enfrenta el desafío de los imperativos éticos contemporáneos, que abogan por una relación más empática y respetuosa hacia todos los seres vivos.
Este conflicto de valores demanda una ponderación cuidadosa sobre cómo la sociedad mexicana puede armonizar la preservación de sus costumbres con el progreso de sus convicciones morales. En el contexto de la globalización, la presión internacional hacia la abolición de las corridas de toros se contrapone al deseo de salvaguardar el patrimonio cultural único, cuestionando sobre cómo puede ser posible mantener su identidad singular, al tiempo que se adhieren a estándares éticos universales que promueven la protección animal.
En última instancia, esta polémica evidencia la importancia crítica del diálogo y la búsqueda de consenso dentro de una democracia. La capacidad de discutir abiertamente y llegar a acuerdos sobre temas que polarizan a la sociedad, refleja la madurez de un sistema legal y la disposición de una comunidad para conciliar diferencias y avanzar hacia soluciones que encapsulen los valores colectivos.
Estamos en una constante evolución de los valores que se reflejan en los cambios culturales. En el caso concreto, su análisis se tensa entre la preservación de un patrimonio y la protección de los derechos de los animales. De quienes promueven las prácticas milenarias; a quienes consideran que el maltrato animal es innecesario. Este conflicto subraya la complejidad del tema y la dificultad de armonizar la protección de la herencia cultural con el cuidado de los animales en el marco legal mexicano.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
