El empleo informal en Morelos alcanza el 65 por ciento de la planta laboral en el estado y en términos generales, la economía informal representa el 60 por ciento de la actividad productiva en el estado. Estas cifras son de espanto aún en México, donde se calcula que la mitad de la planta productiva se emplea en la informalidad lo que significa muy baja recaudación, pésima calidad del empleo y enormes riesgos en materia social y económica.
El diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo en Morelos parece correcto, frente a la informalidad prevalente en la economía local, resulta indispensable generar los estímulos suficientes para atraer a empresarios y trabajadores a programas de regularización que potencien el crecimiento personal, el desarrollo del estado, y palien, por lo menos, la muy cuestionable calidad de vida. Bienvenidos entonces los estímulos siempre y cuando tengan que ver también con la disciplina gubernamental para no ceder a presiones políticas que permitan el crecimiento de la economía subterránea. Bastante frecuente es, por ejemplo, encontrar que proveedores del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, no cumplen con los requisitos elementales que debieran solicitarse, como una planta laboral debidamente enterada a las autoridades, declaraciones fiscales, y otros medios garantes de formalidad en materia productiva. Si el gobierno del estado, y los de los municipios, además de dar preferencia a la proveeduría local lo hacen bajo las normas elementales de disciplina fiscal y económica, podría estimularse la incorporación de más patrones y trabajadores a la formalidad.
El capítulo complicado, en todo caso, estaría en el comercio informal, actividad a la que aparentemente se dedica la mayor parte de ese 65 por ciento de trabajadores informales. La protección aparente que organizaciones gremiales que presumen el aporte de miles de votos o que extorsionan mediante movilizaciones sin sentido a las autoridades municipales y estatales, es uno de los retos a vencer. Los comerciantes semifijos y ambulantes podrían ceder a la incorporación a padrones de formalidad bajo esquemas impositivos mucho más sencillos, y siempre que sus líderes dejen de esgrimir el argumento de que “los gobiernos no trabajan, entonces no debemos pagar impuestos”.
La informalidad genera condiciones de competencia desleal contra el comercio establecido, inhibe el desarrollo de fuentes de empleo formal y de calidad, lesiona el orden social, y trasgrede el estado de derecho. Esta realidad debiera ser más dura que los argumentos humanitarios del tipo “¿y qué va a comer esa gente?”, siempre que el andamiaje para legalizar un negocio, sea mucho más sencillo en términos reales. Corresponde a los gobiernos, estatal y municipales construir medios que inhiban la informalidad al mismo tiempo que se facilita y estimula la apertura legal de empresas y fuentes de empleo. La fórmula actual, la que relaja las condiciones de apertura y funcionamiento, pero se hace de la vista gorda cuando hay que enfrentar a la informalidad, no ha generado resultados positivos, por el contrario, se ha traducido en el aumento de la informalidad más grande del que se tenga registro en la historia de Morelos cuyas autoridades permitieron y hasta fomentaron que en sólo un año, el trabajo informal haya pasado del 62 al 65 por ciento de la planta productiva.
La urgencia de atender el problema se percibe todos los días, conforme muchos de los negocios establecidos legalmente tienen que cerrar, mientras la mancha de la economía ilegal, incluido el crimen, sigue creciendo.
