/ martes 24 de agosto de 2021

Anaya y su pánico a la justicia

Durante este fin de semana nos pudimos enterar de la graciosa huida de Ricardo Anaya fuera del país, motivo por el que canceló las giras por la provincia mexicana a las que nos tenía acostumbrados, las cuales ya habían recibido abundantes memes y se habían convertido en parte del paisaje y del costumbrismo nacional.

¿El motivo? Anaya dio a conocer que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentarse a declarar ante un juez federal en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, y que los delitos que le imputan acumulan penas “solo hasta por 30 años”, por lo que ha decidido exiliarse ya que “en tiempos de autócratas como AMLO” es la única medida procedente para seguir luchando. Añadió con sarcasmo que, con eso, “López Obrador demuestra que no tiene deseos de venganza”

Previamente, el político panista había señalado que la intención del presidente de la República es meterlo a la cárcel, y por tanto alejarlo de la competencia política ya que él “es un estorbo para los planes de sucesión de AMLO” y por lo mismo no le quiere permitir que sea de nuevo candidato a la presidencia de la República en el 2024.

La acusación contra Anaya obra en el expediente con las declaraciones de Emilio Lozoya ante la justicia federal, con relación a lo votos que Anaya emitió en 2014, en el momento de aprobarse las leyes que integran la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Antes de eso, hubo una denuncia más, presentada por Ernesto Cordero –exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón y exlíder del Senado—ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en junio de 2018, donde se acusa a Ricardo Anaya de tráfico de influencias y lavado de dinero.

Previamente, el panista Javier Lozano lo había acusado de realizar maniobras turbias con la venta de un terreno industrial en Querétaro, a una empresa que después sería catalogada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Anaya nunca respondió a tales acusaciones.

En lugar de presentarse ante la justicia y defender con pruebas su inocencia, el excandidato panista prefirió poner tierra de por medio, lo que no le resultó difícil ya que tiene una casa en Atlanta, Georgia, USA, donde reside su familia y que él ha utilizado en diversas ocasiones de acuerdo con sus necesidades políticas.

El presidente de la República declaró al respecto que él no ha emprendido ninguna acción política contra el excandidato panista; que en México no hay presos políticos sino, en todo caso “políticos presos” pero no por hacer política, sino por los delitos que hubiesen cometido. También expresó que cuando un dirigente es acusado, debe presentarse y declarar ante las autoridades lo que convenga a su defensa.

En México se recuerda que el propio López Obrador fue perseguido por el gobierno del panista Vicente Fox, pero no huyó y sí se presentó ante los jueces, fue desaforado por el Congreso federal y más tarde sus derechos le fueron restituidos. Incluso la fianza que le fijó el juez fue cubierta por algunos funcionarios panistas, de modo que AMLO nunca dio la espalda a su responsabilidad.

En esa época, multitudes de ciudadanos salieron a las calles a protestar ante la injusticia que se estaba cometiendo. Bajo el pretexto de que AMLO abrió una calle para dar acceso a un hospital en desacato a una orden judicial, el gobierno foxista echó a caminar una campaña legal de estado, que fue duramente respondida por manifestaciones de calle, y por la firme actitud del acusado, jefe entonces de Gobierno del DF y precandidato de la izquierda a presidente en las elecciones federales del 2006.

El resultado fue que AMLO resultó absuelto, continuó ejerciendo el cargo y finalmente pudo presentarse como candidato en dicha elección, con los conocidos resultados de fraude electoral que llevó a Felipe Calderón al poder y convirtió al país en un escenario de guerra, del cual hoy aún padecemos las consecuencias.

El testimonio de Emilio Lozoya establece con claridad que a Ricardo Anaya le fueron entregados 6.8 millones de pesos para que votara en favor de la propuesta de Peña Nieto sobre la Reforma Energética, la cual de hecho entregaba las empresas energéticas del gobierno al capital privado, tal como posteriormente sucedió.

Por esa misma causa, hay varios políticos imputados, entre ellos Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez—actual gobernador de Querétaro—José Luis Lavalle Maury y Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien posteriormente fue desaforado por el Congreso federal y su juicio se ventila actualmente en los tribunales.

Los contratos otorgados por Pemex posteriormente a Odebrecht –empresa que aportó los fondos para entregar dichos sobornos-- ascendieron a la cantidad de 3 mil millones de pesos para la realización de diversas obras en la Refinería de Tula, Hidalgo. Odebrecht, como se ha establecido legalmente en otros países, es una empresa brasileña acostumbrada a aportar ciertos recursos económicos a campañas políticas para después, una vez en el gobierno, obtener contratos multimillonarios.

Ricardo Anaya era en el año de 2014 presidente de la Cámara de Diputados. Emilio Lozoya declaró que el político panista le manifestó que aspiraba a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a Francisco Domínguez por corrupto. El propio Lozoya expresó que la actitud de los diputados panistas con él “fue brutal” y más que negociar, lo extorsionaban para obtener los recursos.

Los 6.8 millones de pesos fueron entregados a Anaya a través de un ayudante. La entrega se realizó en el estacionamiento del Congreso federal, en bolsas transparentes para que se pudiera ver la denominación de los billetes y no hubiera necesidad de contarlos.

Los delitos de los que se acusa a Anaya son, entre otros, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, El excandidato presidencial panista no lo pensó más y decidió abandonar el país, durante un periodo que consideró podría ser breve.

Como sea, estamos en presencia de varios sainetes con los personajes de la trama Odebrecht: Cabeza de Vaca peleando legalmente en tribunales para no ser encarcelado, mientras el Estado de Tamaulipas se hunde en la violencia, y Ricardo Anaya saliendo despavorido del país para no enfrentar las consecuencias de sus actos. Ambos con el sello de la casa…

Durante este fin de semana nos pudimos enterar de la graciosa huida de Ricardo Anaya fuera del país, motivo por el que canceló las giras por la provincia mexicana a las que nos tenía acostumbrados, las cuales ya habían recibido abundantes memes y se habían convertido en parte del paisaje y del costumbrismo nacional.

¿El motivo? Anaya dio a conocer que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentarse a declarar ante un juez federal en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, y que los delitos que le imputan acumulan penas “solo hasta por 30 años”, por lo que ha decidido exiliarse ya que “en tiempos de autócratas como AMLO” es la única medida procedente para seguir luchando. Añadió con sarcasmo que, con eso, “López Obrador demuestra que no tiene deseos de venganza”

Previamente, el político panista había señalado que la intención del presidente de la República es meterlo a la cárcel, y por tanto alejarlo de la competencia política ya que él “es un estorbo para los planes de sucesión de AMLO” y por lo mismo no le quiere permitir que sea de nuevo candidato a la presidencia de la República en el 2024.

La acusación contra Anaya obra en el expediente con las declaraciones de Emilio Lozoya ante la justicia federal, con relación a lo votos que Anaya emitió en 2014, en el momento de aprobarse las leyes que integran la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Antes de eso, hubo una denuncia más, presentada por Ernesto Cordero –exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón y exlíder del Senado—ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en junio de 2018, donde se acusa a Ricardo Anaya de tráfico de influencias y lavado de dinero.

Previamente, el panista Javier Lozano lo había acusado de realizar maniobras turbias con la venta de un terreno industrial en Querétaro, a una empresa que después sería catalogada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Anaya nunca respondió a tales acusaciones.

En lugar de presentarse ante la justicia y defender con pruebas su inocencia, el excandidato panista prefirió poner tierra de por medio, lo que no le resultó difícil ya que tiene una casa en Atlanta, Georgia, USA, donde reside su familia y que él ha utilizado en diversas ocasiones de acuerdo con sus necesidades políticas.

El presidente de la República declaró al respecto que él no ha emprendido ninguna acción política contra el excandidato panista; que en México no hay presos políticos sino, en todo caso “políticos presos” pero no por hacer política, sino por los delitos que hubiesen cometido. También expresó que cuando un dirigente es acusado, debe presentarse y declarar ante las autoridades lo que convenga a su defensa.

En México se recuerda que el propio López Obrador fue perseguido por el gobierno del panista Vicente Fox, pero no huyó y sí se presentó ante los jueces, fue desaforado por el Congreso federal y más tarde sus derechos le fueron restituidos. Incluso la fianza que le fijó el juez fue cubierta por algunos funcionarios panistas, de modo que AMLO nunca dio la espalda a su responsabilidad.

En esa época, multitudes de ciudadanos salieron a las calles a protestar ante la injusticia que se estaba cometiendo. Bajo el pretexto de que AMLO abrió una calle para dar acceso a un hospital en desacato a una orden judicial, el gobierno foxista echó a caminar una campaña legal de estado, que fue duramente respondida por manifestaciones de calle, y por la firme actitud del acusado, jefe entonces de Gobierno del DF y precandidato de la izquierda a presidente en las elecciones federales del 2006.

El resultado fue que AMLO resultó absuelto, continuó ejerciendo el cargo y finalmente pudo presentarse como candidato en dicha elección, con los conocidos resultados de fraude electoral que llevó a Felipe Calderón al poder y convirtió al país en un escenario de guerra, del cual hoy aún padecemos las consecuencias.

El testimonio de Emilio Lozoya establece con claridad que a Ricardo Anaya le fueron entregados 6.8 millones de pesos para que votara en favor de la propuesta de Peña Nieto sobre la Reforma Energética, la cual de hecho entregaba las empresas energéticas del gobierno al capital privado, tal como posteriormente sucedió.

Por esa misma causa, hay varios políticos imputados, entre ellos Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez—actual gobernador de Querétaro—José Luis Lavalle Maury y Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien posteriormente fue desaforado por el Congreso federal y su juicio se ventila actualmente en los tribunales.

Los contratos otorgados por Pemex posteriormente a Odebrecht –empresa que aportó los fondos para entregar dichos sobornos-- ascendieron a la cantidad de 3 mil millones de pesos para la realización de diversas obras en la Refinería de Tula, Hidalgo. Odebrecht, como se ha establecido legalmente en otros países, es una empresa brasileña acostumbrada a aportar ciertos recursos económicos a campañas políticas para después, una vez en el gobierno, obtener contratos multimillonarios.

Ricardo Anaya era en el año de 2014 presidente de la Cámara de Diputados. Emilio Lozoya declaró que el político panista le manifestó que aspiraba a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a Francisco Domínguez por corrupto. El propio Lozoya expresó que la actitud de los diputados panistas con él “fue brutal” y más que negociar, lo extorsionaban para obtener los recursos.

Los 6.8 millones de pesos fueron entregados a Anaya a través de un ayudante. La entrega se realizó en el estacionamiento del Congreso federal, en bolsas transparentes para que se pudiera ver la denominación de los billetes y no hubiera necesidad de contarlos.

Los delitos de los que se acusa a Anaya son, entre otros, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, El excandidato presidencial panista no lo pensó más y decidió abandonar el país, durante un periodo que consideró podría ser breve.

Como sea, estamos en presencia de varios sainetes con los personajes de la trama Odebrecht: Cabeza de Vaca peleando legalmente en tribunales para no ser encarcelado, mientras el Estado de Tamaulipas se hunde en la violencia, y Ricardo Anaya saliendo despavorido del país para no enfrentar las consecuencias de sus actos. Ambos con el sello de la casa…

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