Arrancamos el 2023 con uno de los presupuestos más altos de la historia para la CONAGUA y con la responsabilidad del Congreso de la Unión de promulgar la Ley General de Aguas, esa que debe reglamentar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Ambos procesos deben desarrollarse en un año de efervescencia política ante la inminente definición de las candidaturas presidenciales ¿sería posible que las decisiones en ambos casos se vean influidas por estrategias políticas? ¿por acuerdos clientelares? ¿por arreglos de las cúpulas partidistas?
No tengo duda de ello, pero al mismo tiempo que me parece un riesgo (altísimo) también es una gran oportunidad, porque las decisiones que se tomen pueden cambiar, para bien (o para peor), las condiciones, las reglas para la provisión de los servicios de agua y saneamiento, y con ello se puede beneficiar (o perjudicar) a millones de mexicanos.
Hay un actor clave en estos procesos, el Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, el Lic. Rubén Muñoz Álvarez de MORENA. Sin duda, su gestión ha sido fundamental para que este año se duplicara el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y es el hombre clave para lograr acuerdos en la nueva Ley General de Aguas, no será fácil pero ya ha demostrado tener el carácter, el conocimiento y la habilidad política para sortear las presiones de algunos grupos altamente ideologizados.
Vamos por partes, este año se duplicó el presupuesto de la CONAGUA, pasó de 33 mil millones de pesos en 2022 a 68 mil millones en 2023, es un incremento espectacular. Aunque en su gran mayoría esté orientado a grandes obras de infraestructura ya se ve (por fin) que el Presidente voltea a ver al sector agua y lo considera una prioridad. El hombre que ha logrado esto ha sido el Ing. Germán Martínez Santoyo, el Director General de la CONAGUA, quien no ha tenido para nada un camino sencillo, a pesar de su cercanía con el presidente, ha tenido que trabajar con un grupo de personas con las que no coincide en ideas, en proyectos, en orientaciones, pero poco a poco se ha ido abriendo camino en este tortuoso proceso, recibiendo la confianza y el apoyo del presidente.
La crisis que se vivió en Monterrey puede volver a repetirse, y puede presentarse en otras grandes ciudades del país, eso considero ha sido determinante para que en el paquete presupuestal están contempladas la Presa de la Libertad y el Cuchillo para llevar agua a Nuevo León, el proyecto de agua saludable en La Laguna; el mantenimiento del sistema Cutzmala, cuya falla representaría un enorme impacto para millones de personas en la CDMX. Son los casos mas visibles por su tamaño pero la urgencia es nacional, en la mitad de los estados del país hay problemas cotidianos relacionados con los servicios de agua y saneamiento, dos terceras partes de la población mexicana habitan en lugares con alto estrés hídrico, donde el abasto del agua no está garantizado en el mediano plazo. En Querétaro se requiere el Acueducto III, en Jalisco la presa El Zapotillo, en Baja California, Guanajuato y Chihuahua también es urgente más inversión en agua. En Morelos ni se diga.
Pero lo que sigue haciendo falta, es que se tomen medidas ante la también inminente alteración climática, el aumento global de las temperaturas y la alteración de los patrones de precipitación trae cada vez mayores riesgos e incertidumbre en la disponibilidad de agua para satisfacer las demandas, y no se ve que alguien esté preocupado y ocupado en rediseñar la política hídrica y los programas para adaptarnos a las nuevas condiciones. Ante la creciente demanda y la menor disponibilidad local, seguimos respondiendo con grandes obras de infraestructura para llevar más y más agua, seguimos “resolviendo” el déficit con mas oferta y no se pone la misma atención en la gestión de la demanda. Este enfoque es útil para resolver por un tiempo el problema, pero no es sostenible a largo plazo.
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