/ miércoles 29 de septiembre de 2021

A 7 años de la noche de Iguala

Hace 7 años, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, la ciudad de Iguala fue escenario de la mayor explosión de violencia represiva, producto de la coalición de intereses entre policías municipales, estatales, judiciales, el crimen organizado y militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en la capital del estado de Guerrero.

A pesar de los enormes esfuerzos realizados a partir del 2018, la investigación de tan graves hechos no ha podido avanzar. Si bien ya se ha desvirtuado la llamada Verdad Histórica de Peña Nieto mediante las nuevas pruebas obtenidas, aún no ha podido establecerse con claridad y certeza la verdad de los hechos, y sobre todo la justicia aún no ha caído sobre la cabeza de todos los responsables.

Solo se han podido identificar los restos de 3 estudiantes de Ayotzinapa: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhoshivani Guerrero de la Cruz, todos ellos localizados fuera del basurero de Cocula, y por lo tanto han contribuido a desvirtuar la mentira de EPN. Pero hay 40 estudiantes que siguen desaparecidos, su destino se desconoce y por lo mismo la mayor parte del trabajo queda pendiente.

AMLO pudo crear una Unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y una Comisión de la Verdad que opera a partir del 15 de enero de 2019. Asimismo, los expertos del GIEI han encontrado de nuevo un campo de investigación, ahora libre de ataduras. Pero no se ha avanzado mucho.

Tomás Zerón de Lucio, responsable de “reconstruir la verdad” a gusto del antiguo régimen, cuenta con una orden de aprehensión, pero ha podido sustraerse a la acción de la justicia y se encuentra en Israel, país con el que México no tiene tratado de Extradición.

Se han hecho algunos trámites diplomáticos, pero Zerón conserva su impunidad.

Hay un hecho central: la Verdad Histórica fue un intento del gobierno peñista por desnaturalizar los hechos y por lo mismo impedir que se conociera la realidad. Fue una investigación pensada para borrar las huellas de los criminales. Además, fue un intento de construir una verdad alterna a base de torturas. Por tal razón, de los detenidos anteriormente por las investigaciones, muchos han sido liberados por haber sufrido las torturas de Zerón.

Por otra parte, desde la ejecución en 2014 de los hechos represivos, 21 personas relacionadas con los mismos han muerto; unos por causas naturales y otros por haber sido ejecutados, silenciados, por las gentes a quienes no conviene que la trama real de la represión se conozca.

De las 180 órdenes de aprehensión que se han librado, 40 no se han podido ejercitar; de ellas, 30 son contra autores de los hechos sangrientos, y 10 por los actos irregulares cometidos para alterar la secuencia de tales hechos. Aún en este terreno, falta mucho por hacer. Mientras, el tiempo corre y algunos vestigios de las víctimas ya no se podrán usar por el desgaste natural del tiempo.

Los familiares de los 43 desaparecidos han comenzado a morir, o se encuentran enfermos, sobre todo porque con la edad se han acentuado sus enfermedades crónico\u0002degenerativas, o bien han sufrido fracturas que les impiden acudir a las numerosas actividades que se relacionan con la lucha por exigir justicia.

El testigo protegido “Juan”, por su lado, ha señalado que 25 estudiantes normalistas fueron conducidos en 2014 a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, donde fueron interrogados, algunos sometidos a tortura y varios de ellos asesinados por los militares.

Esta línea de investigación no se ha continuado.

En realidad, el gobierno de AMLO se encuentra frente a dos grandes obstáculos para culminar la investigación y aplicar la justicia: Uno de ellos es la cerrazón del ejército para declarar abiertamente acerca de los hechos, básicamente sobre la participación de algunos militares pertenecientes a la mencionada agrupación.

El otro obstáculo –quizás el más dañino—es la férrea resistencia de algunos funcionarios de la antigua Procuraduría (PGR) que se han enquistado en la nueva estructura de la Fiscalía (FGR) que dirige Alejandro Gertz Manero. Esos funcionarios participaron activamente en la construcción de la Verdad Histórica – a todas luces de manera ilegal—y por lo mismo es de su máximo interés preservar la investigación tal como está, e impedir que avance y logre llegar a las conclusiones pertinentes.

No se han mencionado en público los nombres de tales funcionarios, pero el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, señala que se trata de funcionarios a nivel de subprocuraduría, dirección de SEIDO (Especializada en investigación de delincuencia organizada) y coordinación de asesores. Gertz Manero está rodeado.

De este grupo formaba parte Tomás Zerón. Por eso en su momento pudieron arreglar las cosas para que éste se fugara y no fuera obligado legalmente a declarar sobre el intento de torcer las investigaciones e impedir la acción de la justicia. Hoy solo pueden mantener sus privilegios y su influencia política bajo el resguardo de la “autonomía” de la FGR, donde no pueden penetrar las órdenes de las autoridades máximas del gobierno mexicano.

En síntesis: el Estado mexicano participó en la represión de septiembre del 2014, a través de varias instancias, desde las policías municipales hasta el ejército federal; más adelante trató de borrar los hechos para cubrirse las espaldas; pero cuando cambió el gobierno federal en 2018, los antiguos funcionarios implicados en los actos delictivos han tratado hoy a toda costa de hacer un control de daños, en un intento por salvar el pellejo.

Mientras tanto, corre el tiempo. La exigencia popular de justicia se mantiene. Cada día es más evidente que una parte del gobierno está entrampada en sus propios conflictos. Los intereses malignos ahí enquistados tratan de preservar su impunidad. La cuerda se ha tensado al máximo, y se puede romper en cualquier momento.

Toca a los ciudadanos exigir con mayor energía que los hechos no queden impunes. Son actos que repugnan a la conciencia del mundo actual. México debe derrotar a la barbarie enquistada en sus propias instituciones

Hace 7 años, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, la ciudad de Iguala fue escenario de la mayor explosión de violencia represiva, producto de la coalición de intereses entre policías municipales, estatales, judiciales, el crimen organizado y militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en la capital del estado de Guerrero.

A pesar de los enormes esfuerzos realizados a partir del 2018, la investigación de tan graves hechos no ha podido avanzar. Si bien ya se ha desvirtuado la llamada Verdad Histórica de Peña Nieto mediante las nuevas pruebas obtenidas, aún no ha podido establecerse con claridad y certeza la verdad de los hechos, y sobre todo la justicia aún no ha caído sobre la cabeza de todos los responsables.

Solo se han podido identificar los restos de 3 estudiantes de Ayotzinapa: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhoshivani Guerrero de la Cruz, todos ellos localizados fuera del basurero de Cocula, y por lo tanto han contribuido a desvirtuar la mentira de EPN. Pero hay 40 estudiantes que siguen desaparecidos, su destino se desconoce y por lo mismo la mayor parte del trabajo queda pendiente.

AMLO pudo crear una Unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y una Comisión de la Verdad que opera a partir del 15 de enero de 2019. Asimismo, los expertos del GIEI han encontrado de nuevo un campo de investigación, ahora libre de ataduras. Pero no se ha avanzado mucho.

Tomás Zerón de Lucio, responsable de “reconstruir la verdad” a gusto del antiguo régimen, cuenta con una orden de aprehensión, pero ha podido sustraerse a la acción de la justicia y se encuentra en Israel, país con el que México no tiene tratado de Extradición.

Se han hecho algunos trámites diplomáticos, pero Zerón conserva su impunidad.

Hay un hecho central: la Verdad Histórica fue un intento del gobierno peñista por desnaturalizar los hechos y por lo mismo impedir que se conociera la realidad. Fue una investigación pensada para borrar las huellas de los criminales. Además, fue un intento de construir una verdad alterna a base de torturas. Por tal razón, de los detenidos anteriormente por las investigaciones, muchos han sido liberados por haber sufrido las torturas de Zerón.

Por otra parte, desde la ejecución en 2014 de los hechos represivos, 21 personas relacionadas con los mismos han muerto; unos por causas naturales y otros por haber sido ejecutados, silenciados, por las gentes a quienes no conviene que la trama real de la represión se conozca.

De las 180 órdenes de aprehensión que se han librado, 40 no se han podido ejercitar; de ellas, 30 son contra autores de los hechos sangrientos, y 10 por los actos irregulares cometidos para alterar la secuencia de tales hechos. Aún en este terreno, falta mucho por hacer. Mientras, el tiempo corre y algunos vestigios de las víctimas ya no se podrán usar por el desgaste natural del tiempo.

Los familiares de los 43 desaparecidos han comenzado a morir, o se encuentran enfermos, sobre todo porque con la edad se han acentuado sus enfermedades crónico\u0002degenerativas, o bien han sufrido fracturas que les impiden acudir a las numerosas actividades que se relacionan con la lucha por exigir justicia.

El testigo protegido “Juan”, por su lado, ha señalado que 25 estudiantes normalistas fueron conducidos en 2014 a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, donde fueron interrogados, algunos sometidos a tortura y varios de ellos asesinados por los militares.

Esta línea de investigación no se ha continuado.

En realidad, el gobierno de AMLO se encuentra frente a dos grandes obstáculos para culminar la investigación y aplicar la justicia: Uno de ellos es la cerrazón del ejército para declarar abiertamente acerca de los hechos, básicamente sobre la participación de algunos militares pertenecientes a la mencionada agrupación.

El otro obstáculo –quizás el más dañino—es la férrea resistencia de algunos funcionarios de la antigua Procuraduría (PGR) que se han enquistado en la nueva estructura de la Fiscalía (FGR) que dirige Alejandro Gertz Manero. Esos funcionarios participaron activamente en la construcción de la Verdad Histórica – a todas luces de manera ilegal—y por lo mismo es de su máximo interés preservar la investigación tal como está, e impedir que avance y logre llegar a las conclusiones pertinentes.

No se han mencionado en público los nombres de tales funcionarios, pero el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, señala que se trata de funcionarios a nivel de subprocuraduría, dirección de SEIDO (Especializada en investigación de delincuencia organizada) y coordinación de asesores. Gertz Manero está rodeado.

De este grupo formaba parte Tomás Zerón. Por eso en su momento pudieron arreglar las cosas para que éste se fugara y no fuera obligado legalmente a declarar sobre el intento de torcer las investigaciones e impedir la acción de la justicia. Hoy solo pueden mantener sus privilegios y su influencia política bajo el resguardo de la “autonomía” de la FGR, donde no pueden penetrar las órdenes de las autoridades máximas del gobierno mexicano.

En síntesis: el Estado mexicano participó en la represión de septiembre del 2014, a través de varias instancias, desde las policías municipales hasta el ejército federal; más adelante trató de borrar los hechos para cubrirse las espaldas; pero cuando cambió el gobierno federal en 2018, los antiguos funcionarios implicados en los actos delictivos han tratado hoy a toda costa de hacer un control de daños, en un intento por salvar el pellejo.

Mientras tanto, corre el tiempo. La exigencia popular de justicia se mantiene. Cada día es más evidente que una parte del gobierno está entrampada en sus propios conflictos. Los intereses malignos ahí enquistados tratan de preservar su impunidad. La cuerda se ha tensado al máximo, y se puede romper en cualquier momento.

Toca a los ciudadanos exigir con mayor energía que los hechos no queden impunes. Son actos que repugnan a la conciencia del mundo actual. México debe derrotar a la barbarie enquistada en sus propias instituciones

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