A la crisis forense que padece el país y Morelos se suma la incapacidad de autoridades en las investigaciones, pues son las familias de los desaparecidos quienes investigan y exigen constantemente resultados.
La reactivación de excavaciones y exhumaciones en el panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, reabrió heridas y alimentó la esperanza de los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
Y es que con el paso de los años las cifras aumentan y en Morelos esta cantidad rebasa los dos mil desaparecidos, de acuerdo con la Brigada Nacional de Búsqueda que apoya en los trabajos.
De los 212 hallazgos de fragmentos humanos exhumados en las fosas irregulares en los panteones de Tetelcingo (117) y Jojutla (85), a la fecha solo se han identificado y entregado a familias de las víctimas los restos de 15.
Para Alejandro Cornejo Ramos, fiscal especializado en la Desaparición de Personas, de la Fiscalía General de Justica, los procesos de identificación y validación se compartieron en su momento para la colaboración de las fiscalías del país, a fin de seguir usando la información con estos datos genéticos obtenidos de hallazgos y permitir un mejor rastreo.
No obstante, el cierre de esta semana de la búsqueda y exhumación de restos humanos fue de seis evidencias, lo cual para las familias de los colectivos significa que corresponden a 10 personas.
Los cuerpos rescatados de la fosa irregular en Jojutla se encontraron bajo tumbas particulares que fueron removidas y reubicadas a iniciativa del Gobierno de Jojutla, en atención a la demanda de las familias de los desaparecidos y en cuadyuvancia con la FGE, ya que fue la causa por la cual se suspendieron las exhumaciones en 2017.
Pero la situación más delicada fue el rescate de restos humanos bajo la barda perimetral del panteón municipal el pasado 21 de octubre, lo que amenazó con suspender las exhumaciones, toda vez que rescatarlo implicaba derribar una parte de la barda colindante con un particular.
Tras prolongada deliberación y la intervención de la síndica Amada Martínez Morán, Protección Civil y el jurídico del Ayuntamiento para conciliar con los vecinos, se lograron los acuerdos para continuar los trabajos y alertar en caso de que pudiera colapsar la barda.
A su vez, Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales, desaparecida el 12 de agosto de 2012, advirtió que están encontrando solo osamentas a diferencia de los cuerpos hallados en la primera fosa de 2016.
“Se podrían jalar las bolsas y sacarlas enteras. Ahora se tiene que hacer un trabajo más fino”, dijo y agregó que pidieron retirar la retroexcavadora pues se trata de restos inhumados hace más de 10 años.
Según los colectivos, en las exhumaciones realizadas durante la semana del 17 al 21 de octubre los hallazgos corresponden a 10 personas.
El lunes se rescataron los restos de una persona; el martes, una bolsa con fragmentos óseos que, según la antropóloga forense, corresponde a cinco personas diferentes.
El miércoles se trabajó en el rescate de un cráneo y otros fragmentos óseos; el miércoles se exhumaron restos de dos cuerpos y algunas prendas, y el viernes restos humanos de otro cuerpo atrapado bajo la barda que colinda con una propiedad privada.
Edith Hernández, hermana de Israel Hernández, secuestrado en 2012 y quien estuvo desaparecido cuatro años, uno de los 14 localizados en una fosa común de Tetelcingo en 2016, indicó:
“La mayoría (de restos óseos) se encontraron en la misma profundidad bajo el espacio que tenían las tumbas particulares que fueron removidas, solo este último se encontró a menor profundidad y atrapado bajo la barda perimetral del panteón”.
INCAPACIDAD DEL ESTADO
Montserrat Castillo, de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dijo que según la orden del juez los trabajos de exhumación en esta fosa del panteón de Jojutla se harán hasta agotarse y solo se suspenderán el sábado y domingo, de tal forma que puedan retomarse este lunes 24 de octubre.
Consideró que es una verdadera tragedia para las familias que buscan a sus seres queridos que a seis años de las exhumaciones de las fosas de Tetelcingo y cinco años de las fosas de Jojutla los resultados de entrega y reconocimiento se reduzcan a solo 15 personas.
Lo anterior significa que existe, dijo, una necesidad de escalar las investigaciones, cuya labor es exclusiva del Estado, único responsable de hacer las identificaciones y entregar resultados las familias, pero esto no se realiza ni en tiempo ni forma.
Añadió que la desaparición se expresa de manera diferenciada según el contexto de cada estado. En Morelos hay necesidad de terminar los trabajos de exhumaciones de fosas irregulares y clandestinas y abordar la desaparición en términos amplios y legales.
A s vez, Cornejo Ramos confirmó que de los 116 hallazgos de las fosas de Tetelcingo se han identificado y entregado 14 restos y de los 85 de la fosa del panteón Pedro Amaro de Jojutla solo uno. Entre los argumentos que dio está la falta de interés de las familias en reclamar a sus desaparecidos.
“Para poderlos identificar debemos tomar en cuenta las características que arrojan las inhumaciones y no necesariamente es de gente que pueda tener una carpeta de investigación, ya que eso también influye para entorpecer la investigación de los desaparecidos privados de la vida, pues muchos los siguen buscando vivos”, replicó Castillo.
Sin embargo, Cornejo Ramos aseguró que ante la serie de irregularidades descubiertas en las fosas de la FGE se abrieron dos carpetas contra quienes resulten responsables; descartó que estén por vencer los plazos.
Edith Hernández, hermana de Israel Hernández, secuestrado en 2012 y desaparecido cuatro años, fue localizado en una fosa común de Tetelcingo en 2016, reveló que el 10 por ciento de los 85 cuerpos exhumados son de mujeres, el 90% son hombres.
“No sabemos dónde estén las mujeres desaparecidas de Morelos, porque sin vida no estuvieron en la fosa común”, dijo al advertir que sería importante tener el análisis de las edades de los restos exhumados e inhumados en el panteón ministerial de Cuautla.
OMISIONES
Por lo pronto, Amalia Alejandra Hernández Hernández inició una denuncia contra la titular del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas por la omisión en levantar una carpeta de investigación contra los funcionarios responsables de las inhumaciones en las fosas comunes de la FGE.
"Tal parece que hacen del trabajo un mero trámite, solo por cumplir, para decir estamos haciendo la atención de las víctimas, pero no es solo hablar si no llevarlo a los hechos”, expresó.
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