La Asociación de Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada de Morelos presentó al Poder Ejecutivo y Legislativo una nueva Ley de Seguridad Privada que exigirá a las empresas cumplir con los requisitos legales, así como comprobar que sus trabajadores están capacitados y no tienen antecedentes penales.
El apoderado legal de la asociación, Enrique Paredes Sotelo, indicó que la necesidad de crear esta legislación fue ante la pretensión de la actual administración estatal a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) para implementar modificaciones al Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el estado de Morelos, mismo que al analizar encontraron varias inconsistencias que no eran acordes al servicio que se presta en la entidad, lo que puede afectar a las 25 empresas integrantes de la A.C.
A razón de esto, le han solicitado al comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros reuniones para poder construir un nuevo reglamento acorde a las necesidades; sin embargo, informó que han estado trabajando junto con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Partido del Trabajo (PT).
Por ello, el 18 de febrero de 2019, la legisladora exhortó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a que en el ámbito de su competencia postergue la publicación del reglamento antes mencionado hasta que se haya definido una estrategia clara de seguridad pública, así como la realización de una consulta pública de acuerdo con el diseño de políticas públicas respetando los derechos humanos.
El Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el Estado busca aplicar exámenes de control y confianza a todos los elementos de seguridad pública, lo cual representa un gasto de aproximadamente tres mil 500 por elemento, que anteriormente no se exigía. Además desea incrementar las fianzas por cumplimiento hasta en un 100 por ciento.
También pretende que las empresas de seguridad privada les den a conocer al CES los nombres de las personas físicas y morales que contratan el servicio, lo que viola el acceso a la identidad de las personas de acuerdo con la Ley de Información Pública, mientras que pretende que los cinco mil guardias que tienen en nómina cuenten con teléfonos para llevar a cabo los reportes y que los números sean otorgados al CES.
El abogado indicó que presentaron también los lineamientos para que la Asociación de Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada de Morelos, en coordinación con los asesores de Rodríguez Ruiz, pudieran trabajar sobre la Ley de Empresas de Seguridad Privada, la cual fue entregada la semana pasada a todos los diputados de la LIV Legislatura.
