Por tercera ocasión, el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, recurrió a la justicia federal para que no se ejerza acción penal en su contra o sea destituido de su cargo.
Esta vez, lo hizo para que los jueces federales de Cuernavaca, en Morelos, Altiplano y Nezahualcóyotl, en Estado de México, Acapulco, en Guerrero, y de Puebla, no ejerzan acción penal en su contra.
El documento al que se le asignó el número de expediente 1678/2021 se encuentra expedido con fecha del 8 de diciembre del 2021, en el que se le concede la suspensión del acto reclamado.
“Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables restantes, el termino de 48 horas contadas a partir del momento de la notificación del auto”, menciona parte del expediente.
La primera vez que Uriel Carmona recurrió a la justicia federal siendo Fiscal de Morelos fue en octubre del 2021, cuando solicitó la protección de esa figura para no ser destituido por el Congreso del estado.
Esa ocasión se le asignó el expediente 1599/2018, pero no se le otorgó la suspensión del acto reclamado, es decir, que mientras la solicitud estaba siendo analizada por un juez federal los legisladores podían cesarlo.
Así que promovió un recurso de revisión y fue entonces que obtuvo la suspensión bajo el documento 674/2018 durante diciembre de ese mismo año.
Recientemente, en septiembre pasado solicitó un nuevo amparo que la justicia federal le asignó el número 1203/2021, luego de que fuera acusado de lavado de dinero y ejercicio indebido de funciones.
En esa ocasión, el tema de su separación llegó hasta la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes determinaron no desaforarlo y entonces consiguió mantenerse en el cargo.
Ahora, este nuevo amparo se suma a la lista de las acciones que Uriel Carmona ha emprendido para mantenerse en el puesto de fiscal, y es que no dejará de serlo al menos hasta que concluya su periodo de gestión de nueve años.
Es decir que luego de haber sido nombrado Fiscal de Morelos en 2018, Uriel tiene hasta el 2027 para seguir en funciones, pues la Legislatura que le tomó protesta (LIII), modificó la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para extender su tiempo en la titularidad de esa institución.
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