Hace dieciocho años, en México se impulsó las políticas de transparencia y acceso a la información que dieron origen a la Ley Federal de Transparencia de 2002; logrando sembrar una semilla que ha permitido reconocer al ejercicio de esta ley como un derecho humano en beneficio de los mexicanos.
Este impulso, si bien fue capitalizado por el Gobierno que promulgó y estructuró las leyes, tuvo como origen en la irrupción de un grupo de investigadores, periodistas, organizaciones civiles y expertos en el Derecho, quienes pusieron sobre la mesa, en una época de alternancia política, la importancia de vincular a la democracia no solo con el emitir sufragios, sino también con preguntar y exigir las decisiones documentadas de las instituciones públicas.
Los bautizados como Grupo Oaxaca, por la periodista Thompson del New York Times, alzaron la voz e impulsaron a los legisladores para que, en su momento, implementaran acciones con la visión de dejar un legado de mecanismos por y para una sociedad más informada y participativa.
Reflexiono acerca de la pluralidad que caracterizó a este grupo, que a través del consenso y haciendo uso de la libertad de expresión, posicionó en el ámbito nacional el debate sobre la necesidad de regular el acceso a la información pública, para adquirir el conocimiento que permite vigilar la actuación de los gobiernos y prevenir actos de corrupción.
El activismo social y la construcción de puentes entre la academia y las políticas públicas, juegan un papel clave para garantizar plenamente el acceso a la información que demuestra lo que se hace y lo que no, con los recursos públicos y en beneficio de la sociedad, con fundamento ético del ejercicio del poder; es de esta forma como las bases de la Declaratoria de los Principios del Grupo Oaxaca han permeado al interior de las instituciones públicas, aunque aún falta mucho por hacer.
En Morelos han sido casi diecisiete años desde la creación constitucional del órgano garante, tiempo en el que Consejeros (en su inicio), ahora Comisionados (por la última reforma a la ley), han enfrentado la opinión crítica de diversos sectores de la sociedad, del ámbito académico, de los expertos en la materia y de los que apenas conocen los alcances de la ley, en una ardua lucha por la consolidación y tutela de este derecho humano.
Para quien pudiera considerar o pensar que los Órganos Garantes de Acceso a la Información resultan en algunos casos instituciones que únicamente acatan, revisan, analizan y gestionan el cumplimiento de la información, hacen uso de un criterio limitado, pues son estas instituciones autónomas quienes también promueven entre todos los actores involucrados, el desarrollo de la transparencia como cultura, como forma de vida pública e incluso privada, en completa concordancia con el espíritu de los ideales del Grupo Oaxaca.
Pocos esperaban el éxito y la evolución del Derecho de Acceso a la Información Pública y de los diseños institucionales responsables de garantizarlo.
Hoy por hoy la sociedad demanda mayor atención, cuestiona y señala no solo los actos de corrupción, sino las acciones que no se concretan en beneficio de la comunidad y para lograr estar informados, el acceso a la información es el instrumento jurídico que permite una postura responsable y que concuerda con la realidad social que se vive en México, construyendo políticas participativas y reconceptualizando la transparencia.
En la actualidad, en pleno siglo XXI, es una realidad contar con el derecho que ha permitido conocer desde los datos más estrafalarios hasta la información histórica que marcó una época social o política, pero la lucha del Grupo Oaxaca repercutió en el actuar de los ciudadanos al motivar una ley que permite cuestionar y acceder a la información que alguna vez fue privilegiada y manejada con discrecionalidad.
Sirva este espacio para reconocer el trabajo del Grupo Oaxaca y su importante labor a favor de la transparencia y el gobierno proactivo.
