Comenzamos la semana con la inesperada suspensión de las conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud. Estas conferencias fueron una respuesta del Gobierno Federal ante la necesidad de comunicar de manera más efectiva la situación de la pandemia con datos oficiales.
La primera conferencia fue el 29 de febrero de 2020. Ese día se reportó que existía evidencia de cuatro casos diagnosticados de COVID-19 en el país, todos a partir de la infección de una persona que había realizado un viaje de trabajo a Bérgamo, Italia, en ese momento el epicentro mundial de la pandemia. Desde ese día se definieron una serie de principios que permanecerían constantes hasta la fecha a pesar de la acumulación de nueva información.
Algunos de estos principios como, por ejemplo, catalogar COVID-19 como una enfermedad "apenas indistiguible de un catarro" que se transmite a partir del contacto con enfermos con síntomas o a través de superficies, han sido frecuentemente cuestionados, lo mismo que la negativa sistemática a implantar el uso obligatorio de cubrebocas. Quizá lo más grave fue suavizar el mensaje sobre la situación al compararla de manera directa con el brote de influenza H1N1 del 2009 indicando que como México no era el origen del brote, la detección de casos de COVID-19 "no cumple con condiciones para ser emergencia".
A partir de ese primer diagnóstico se implantaron una serie de directivas, todas ellas dirigidas a la población y enfatizando el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, el aislamiento en caso de presentación de síntomas. En el peor de los escenarios presentado ese día con miles de casos (en realidad fueron millones) las medidas que se esperaba aplicar se reducían a no saludar de beso ni abrazo, a la suspensión de eventos en espacios públicos cerrados y abiertos, así como de clases y actividades en centros laborales, todo eso restringido a la identificación previa de brotes activos en las comunidades.
Sobra decir que las medidas se quedaron cortas. Que al no hacer obligatorio el uso de cubrebocas se perdió la mejor oportunidad de implantar una conducta productiva en la sociedad ante la transmisión del contagio. Que al negarse a hacer pruebas diagnósticas de manera masiva se perdió la oportunidad de identificar con toda oportunidad casos asintomáticos y llevarlos al aislamiento antes de que el contagio se saliera de control. Que al catalogar COVID-19 como una enfermedad respiratoria tipo influenza en lugar de una enfermedad inflamatoria se desviaron recursos vitales, tanto físicos como humanos, a tratamientos que nos llevaron a tener la tasa de letalidad más alta del mundo por esta enfermedad.
Reconozco que un principio en el que acertaron fue que por sus dimensiones la pandemia en México no sería una sola sino la suma de diferentes pandemias simultáneas, cada una de ellas con su propia dinámica y alcances. El Boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19 en su número 10, publicado por el gobierno federal el 15 de febrero de este año, nos permite explorar con mayor detalle el comportamiento de la pandemia a nivel de entidad federativa con el único dato duro que tenemos, el exceso de muertes.
Allí se puede ver que la primera ola de la pandemia se comportó precisamente así, como una ola, comenzando la segunda semana de abril del 2020 y barriendo el territorio nacional a partir de tres puntos: Baja California, la Ciudad de México y Quintana Roo. De manera entendible por su alta conectividad, el Estado de México y Morelos se comportan como la Ciudad de México. Esta primera oleada pierde fuerza para mediados de octubre.
Una segunda ola de muertes en exceso ocurrió de manera focalizada en Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Durango y Chihuahua a partir de principios de octubre y se mantuvo activa hasta fin de año. De allí se transmitió a Colima, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Sonora y Nuevo León.
Para finales de noviembre, en Baja California y la Ciudad de México, que fueron dos de los tres puntos desde conde comenzó la oleada de abril, vuelven a repuntar las muertes en exceso a niveles de emergencia. Esta tercera oleada fue la más devastadora, llevándo el excesos de muertes en febrero del 2021 al máximo histórico a nivel nacional.
Entendiendo que las diferentes entidades y dentro de ellas las diferentes localidades tienen sus propias dinámicas con base en su densidad poblacional y conectividad, hubiera hecho mucho sentido que la estrategia de vacunación se hubiera concentrado en apagar los fuegos de manera estratégica en sitios clave en lugar de distribuir las vacunas de manera difusa en todo el territorio nacional con el resultado que, a la fecha, ninguno de los núcleos urbanos en nuestro país ha cubierto el mínimo indispensable de 70% de población vacunada.
Después de la oleada de febrero disminuyeron los casos de COVID-19 así como el exceso de muertes, sin embargo, en las últimas semanas se ha visto que esta disminución pudiera haber tocado fondo y que inclusive pudiera revertirse ante un incremento de 5% en el número de casos en los últimos 10 días. Una vez más, este dato es nacional y debiera analizarse con detalle para saber en qué entidades ocurre.
La lección del 2020 está allí, ya aprendimos sobre el virus, sobre el mecanismo de contagio, sobre la enfermedad y también sobre la historia natural de la pandemia. Podemos volver a cometer los mismos errores de hace un año o hacerlo diferente. La conferencia vespertina pudiera haber sido el ápice de una estrategia racional, basada en evidencia científica, apolítica y adogmática desde donde la población obtuviera no solo información sino claridad en los fundamentos subyacentes a la aplicación de medidas preventivas.
La abrupta desaparición de este instrumento de comunicación en un momento que podría marcar el inicio de una nueva oleada de la pandemia nos genera enorme incertidumbre sobre cómo se tendrá acceso a la información indispensable para garantizar la salud y la vida de los mexicanos durante la prueba más dura que nos ha tocado pasar desde la Revolución Mexicana.
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