Se acerca la Navidad y, como cada fin de año, la comunidad académica programa sus rituales habituales. Nada que ver con maletas vacías o calzones rojos, nosotros decoramos laboratorios, calificamos exámenes finales, hacemos intercambios, participamos en comités tutoriales, organizamos reuniones académicas, nos congregamos en brindis de grupo, presentamos informes anuales.

Conacyt, por su lado, también ha implementado estos últimos años sus propias costumbres de fin de año: convocar al Consejo General de Ciencia y Tecnología, emitir postales de dudosa veracidad sobre sus logros anuales, y amagar con enviar al Congreso la iniciativa oficial de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Esta bonita costumbre no deja de generar escozor en la comunidad pues, de enviarse ahora sí el texto de la Ley que ya conocemos, entraríamos en una situación de pronóstico reservado.

Morena posee mayoría en la Cámara de Diputados pero no en el Senado. Es por eso que las iniciativas del gobierno que entran por esa Cámara son aprobadas en minutos sin conocer su texto o, aunque lo conozcan, se aprueban sin cambiarles ni una coma. No importa que el texto no sea el que elaboró la oficina de la presidencia, tal como sucedió con el denominado Plan B de la reforma electoral, ocasionándoles un jalón de orejas público.

Volvamos a la iniciativa oficial de Ley General de CTI. Lo que propone este documento es desaparecer todas las instancias de comunicación, colaboración y concertación entre sectores, debilitando la gobernanza del sistema nacional de CTI. También verticaliza la toma de decisiones eliminando del Consejo General a todos quienes actualmente no responden jerárquicamente al presidente de la República, quien lo preside.

Otra expresión de la verticalidad de la iniciativa es no reconocer la soberanía de las entidades estatales y municipales subyugándolas a las decisiones del Consejo General.

También dota al Conacyt de facultades para intervenir el desarrollo de la ciencia nacional al darle control absoluto del financiamiento, el cual no solo será decidido de forma discrecional y unipersonal, tal como sucede ahora con el programa favorito, los PRONACES, sino que desaparece el mandato de asignar el equivalente del 1% del PIB nacional al sector, directiva vigente desde 2002.

Perpetúa la precariedad al no restablecer los fondos para investigación, así como tampoco da una alternativa a la desaparición de los fideicomisos. De manera muy importante, en sus principios orientadores elimina cualquier mención a criterios de calidad, productividad o competitividad en las evaluaciones de proyectos o expediente individuales, sustituyéndolos por otros cómo soberanía y autosuficiencia.

Fiel a la ideología imperante, reaviva la confusión entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral al utilizarlos de forma indistinta, dando un peso desproporcionado al potencial de las investigaciones para romper paradigmas.

Pero no todo está perdido, en los últimos tres años se han ingresado el mismo número de textos alternativos provenientes de la comunidad académica organizada, las entidades estatales encargadas de los temas de CTI y de un grupo plural de diputados federales. Estos textos tendrán que sumarse al oficial para su análisis en la Comisión intercamaral de CTI.

El tiempo corre a nuestro favor, si este año tampoco se presenta la iniciativa oficial, habremos superado la crisis del sexenio para el sistema nacional de CTI y estaremos en mejores condiciones para reconstruirlo en la siguiente administración.

Si las condiciones resultan ser adversas y se aprueba la iniciativa oficial sin cambiarle una coma, el camino para las próximas generaciones de investigadores e investigadoras en México será difícil y tortuoso, echando por la borda el trabajo de 50 años.

No quiero terminar este texto sin recordar al Lic. Ángel Ventura Valle, funcionario, político y académico Morelense, rector de la UTSEM, quien falleció esta semana. Conversar con él siempre fue enriquecedor y vamos a resentir su ausencia. Mis condolencias a sus amigos y familiares.