Mucha gente quiere conocer los avances y resultados de las investigaciones de las fiscalías General del Estado y Anticorrupción, respecto de los delitos y presuntos delitos que se cometen en Morelos. No se trata sólo de una curiosidad morbosa, sino un anhelo de conocimiento que resulta útil para tomar decisiones personales y sociales en todos los ámbitos.
El problema es que existen leyes, normas y protocolos que prohíben a los procuradores y administradores de justicia ofrecer información completa de los asuntos penales hasta que resulten totalmente juzgados. Es decir, la secrecía que los fiscales General y Anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, y las decenas de jueces penales en el estado mantienen en torno a los casos que persiguen resulta justificada no sólo como estrategia, también como una obligación jurídica. No pueden dar muchos datos sobre las investigaciones porque: 1) comprometerían el resultado de las mismas; 2) violarían el derecho de los presuntos implicados a la presunción de inocencia; 3) faltarían a la protección de datos personales; y 4), incurrirían en responsabilidad jurídica que llevaría no sólo a sanciones contra ellos mismos, sino a la nulidad de los casos sobre los que se cometieran indiscreciones.
Otro motivo del silencio en algunas partes de las investigaciones deriva de lo lentos que pueden ser algunos procesos, algunos por las características científicas de las pruebas y otros por cuestiones eminentemente burocráticas. La identificación de restos óseos suele tardar varios días. Las audiencias de vinculación a proceso no se programan para las 24 horas siguientes a que son solicitadas. Y así,
Por supuesto que a los periodistas puede resultarnos bastante engorroso el silencio de las autoridades en cada uno de esos casos, pero lo entendemos. Los espacios de noticias reconstruyen los hechos a partir de la información disponible y la función crítica debe fundarse en esa información más que en las apreciaciones. El problema de la lentitud en la impartición y administración de justicia es real y podría mejorarse con más recursos materiales y humanos, pero difícilmente tendrá la agilidad que las víctimas y la sociedad exigen.
El ambiente de polarización que padece Morelos añade un componente negativo al escenario: el silencio de los fiscales suele interpretarse como el afán de ocultar algo, proteger a alguien o hacer menos evidente su ineptitud. Y así, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, acostumbrado a aprovechar cualquier oportunidad para darle sus recargones al Fiscal Carmona, aprovecha la molestia de algunos reporteros por el sigilo de los fiscales y lo acusa de “guardarse” la información. Hecho que en los periodistas y funcionarios del Poder Ejecutivo puede verse como un gran pecado, pero en el caso de los fiscales parece devenir en virtud.
El gobernador acusó nuevamente a Uriel Carmona de esconder información que, por la naturaleza de la misma es reservada. Por supuesto que hay una expectativa ciudadana de conocer los pormenores de los casos de alto impacto que maneja la fiscalía, como la desaparición de tres personas del Estado de México o el homicidio de la diputada Gabriela Marín, ambos señalados por el gobernador en sus declaraciones de ayer; pero también lo es que, por las etapas que vive cada una de las investigaciones, la primera en fase de comprobación de si los tres cadáveres encontrados en la zona sur corresponden a los desaparecidos; y la segunda en etapa de encontrar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio, la información sobre ambos no puede ser mayor a la que la Fiscalía ha ofrecido.
Claro que para un público acostumbrado a ver casos criminales en La ley y el orden, donde cada 42 minutos efectivos de proyección encuentran y sentencian a algún culpable; o a lo sumo, como en serie de Netflix, en ocho capítulos se encuentra y castiga al delincuente; los tiempos de la Fiscalía son excesivos. Pero mejor que hagan bien su trabajo. De otra forma, los casos se les caen mucho más rápido de lo que ellos los arman y los niveles de impunidad permanecen como casi absolutos.
En todo caso, convendría pedir al Fiscal toda la celeridad posible y apoyarlo con los recursos necesarios para que la efectividad de su oficina se eleve a los niveles que todos deseamos.
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